La mañana del viernes 15 de octubre los habitantes del sector El Garrochal, al sur de Quito, encontraron dos animales ahorcados, colgando en un puente.

Ante la escena escalofriante, varios vecinos habrían retirado del lugar a los dos perros fallecidos y les enterraron en un terreno.

Jaime Grijalva, coordinador del proyecto de Fauna Urbana de la Secretaría de Salud de Quito señaló que las autoridades conocieron por redes sociales de este hecho, por lo que activaron sus unidades y acudieron al sector.

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Ayer, 18 de octubre los agentes realizaron la exhumación de los cadáveres para hacer un procedimiento forense veterinario.

María Elisa Baldeón, inspectora de Fauna Urbana informó que en la necropsia confirmaron que se trataba de una hembra de tres años a la que le encontraron enatomas producidos por golpes con objetos contundentes y una lesión de 12 centímetros al nivel de la tráquea.

El otro animal era un macho, de dos años de edad, este también presentó los mismos hallazgos. Con esta información los veterinarios concluyeron que antes del ahorcamiento los perros ya fueron víctimas de maltrato.

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Por el momento las autoridades afirmaron que se encuentran en investigaciones para dar con paradero del agresor de los animales. Hasta entonces, ya cuentan con registro fotográfico y entrevistas que exige la investigación del crimen.

En redes sociales, la gente compartió la indignación sobre este hecho. Varios colectivos publicaron una imagen ofreciendo recompensa a quien brinde información sobre el autor del ahorcamiento que conmocionó a los habitantes del sur de la ciudad.

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El artículo 250.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que “La persona que mate a un animal que forma parte de la fauna urbana será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Además, las autoridades municipales informaron que la ley les faculta para imponer una multa, por infracción muy grave, de diez salarios básicos unificados, es decir $ 4.000 por este tipo de hechos. (I)