Que la tarifa total integrada por $ 0,60 para la primera línea del Metro de Quito (PLMQ) no cubre todos los costos operacionales de los dos subsistemas integrados y que el Municipio capitalino deberá incrementar un 30 % de aporte anual, que serían $ 20′000.000, hasta el 2024 para financiar las diferencias no cubiertas, es parte de una de las cuatro conclusiones del examen especial que hizo la Contraloría General del Estado por el Metro de Quito a la gestión realizada en la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) en casi dos años, entre el 24 de mayo de 2019 y el 31 de marzo de 2021.

En los resultados de este examen especial también se expone que el presidente del directorio, que es el mismo alcalde Jorge Yunda, no convocó a las sesiones ordinarias mensuales (durante 16 meses) para tratar cuál sería el modelo de gestión del Metro de Quito, una obra cuestionada porque lleva nueve años y todavía no hay una fecha del inicio de sus operaciones, adicional que ha estado salpicada por casos de corrupción que arrastra de años anteriores. En junio del 2019 incluso se destituyó al entonces gerente luego de que hallaran responsabilidades administrativas y civiles por el aumento del costo de la obra en un examen especial que hizo la Contraloría a la construcción del Metro.

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En este nuevo examen de Contraloría al modelo de gestión se encontraron varias irregularidades como inconsistencias en el informe de costos de alternativas de modelo de gestión que aprobaron, entre otras.

Otro de los cuestionamientos que se deja sentado en el documento de Contraloría es que el gerente general de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito fue nombrado para aquel cargo teniendo “conflictos de intereses”.

Parte de las conclusiones del informe de la Contraloría

“El presidente del directorio (el alcalde, Jorge Yunda) de la EPMMQ no gestionó ni convocó a sesiones ordinarias mensuales, y los integrantes del directorio no supervisaron, controlaron ni requirieron por escrito a la administración de la EP (Empresa Pública) la presentación de la o las alternativas del modelo de gestión, operación y mantenimiento del Metro de Quito...” (sic), dice textualmente una parte de una de las conclusiones del examen especial que hizo la Contraloría General del Estado por el Metro de Quito a la gestión realizada en la EPMMQ en casi dos años, entre el 24 de mayo de 2019 y el 31 de marzo de 2021.

En el informe de la Contraloría, aprobado el 16 de agosto de este 2021, se agrega en esta conclusión que los integrantes del directorio tampoco solicitaron a la presidencia que incluya en el orden del día de una sesión los asuntos específicos relacionados con la determinación del modelo de gestión, operación y mantenimiento del Metro quiteño, ni discutieron dicho tema durante las sesiones celebradas, donde debió haber sido aprobado e incluido, durante 16 meses.

“(Esto o lo anterior) ocasionó que la aprobación del modelo de gestión de la EP se efectúe extemporáneamente y que hasta la fecha del corte del examen la entidad no disponga de las bases administrativas, técnicas, económicas y contractuales que determinen y regulen el procedimiento y los requisitos, requerimientos, términos, condiciones, limitaciones y más aspectos para la selección y adjudicación de quien preste la asistencia técnica especializada internacional, así como para la contratación de bienes y servicios inherentes a la operación y mantenimiento de la PLMQ (primera línea del Metro de Quito)”, reza una de las conclusiones de este examen.

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La Contraloría se encarga de controlar que los recursos estatales hayan sido utilizados de manera correcta tanto en las dependencias públicas como en las privadas que manejan dineros, bienes o recursos del Estado o públicos. Por ende, puede realizar acciones como los exámenes especiales.

En esta ocasión, el examen especial fue a la gestión realizada para determinar el modelo de gestión, operación y mantenimiento del Metro de Quito, así como para establecer la tarifa del servicio, en la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito y en entidades relacionadas.

Y las recomendaciones que da la Contraloría General del Estado deben ser aplicadas de manera inmediata y obligatoria.

En la exposición de los hechos y argumentos se detallan algunas irregularidades.

Una de estas es que los integrantes del directorio de la EPMMQ no verificaron que el gerente general al que nombraron tenía conflictos de intereses porque era socio de una compañía de transportes (Translatinos S. A.) y mantenía en vigencia contratos/convenios celebrados por él o por otra persona interpuesta con la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros. Y en la misma condición, personas que guardan parentesco hacia él (hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

En la conclusión respecto a este apartado se indica que el gerente no se excusó y continuó con sus funciones. Así, él tuvo conocimiento y gestionó los informes de cálculo de tarifas para el Sistema Integrado de Transporte Público y para el Plan de Reestructuración de Rutas del Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito.

En el informe de la Contraloría General, cada una de las cuatro conclusiones tiene sus respectivas recomendaciones. (I)