Representantes de gremios y colectivos de Quito anunciaron, la mañana de este viernes 11 de marzo, el inicio de acciones legales en contra de los procesos de amnistía que aprobaron 99 asambleístas a favor de procesados por el paro de octubre 2019. Además, adelantaron que pedirán la revocatoria de los legisladores de Pichincha que votaron a favor.

Luego de la rueda de prensa que se llevó a cabo pasadas las 11:00 en el Hotel Dann Carlton, en el norte de la capital, se produjo una reunión privada de los representantes para analizar más acciones legales y plantones en contra de las decisiones tomadas por los legisladores.

Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio Quito, señaló que durante el paro nacional de octubre de 2019 se perdieron $ 800 millones a nivel nacional y que únicamente Quito sobrepasó los $ 200 millones de pérdidas económicas.

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“No podemos seguir dependiendo de los errores que cometen las autoridades por distintas alianzas políticas, no descartamos pedir la revocatoria del mandato de las personas (asambleístas) que básicamente les dieron impunidad a quienes vinieron a destruir la ciudad, cometieron delitos de secuestro, extorsión, vandalismo (…), en general cometieron actos de terrorismo en contra de la ciudad de Quito”, enfatizó.

Además, dijo que la reunión de hoy servirá para generar acciones de defensa en contra de próximas movilizaciones que se realicen en la ciudad. “Los quiteños nos vamos a defender, la próxima vez que vengan a intentar hacer actos vandálicos les vamos a dar su merecido”, expresó Alarcón.

Otro de los representantes que convocaron a esta rueda de prensa fue Andrés Castillo, quien puntualizó que la decisión tomada por la Asamblea fue inconsistente en los aspectos jurídico y práctico.

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Según el abogado, se concedió de manera “indiscriminada la amnistía a 268 ciudadanos”. Por ello ingresarán la acción de protección de derechos en contra de la resolución de la Asamblea Nacional.

Añadió que su posición no es en contra del proceso de amnistía como recurso aplicable de acuerdo con el ordenamiento jurídico, sino que rechazan que no se haya analizado cada caso de manera independiente. “No es lo mismo juzgar un ciudadano que tumba un árbol a juzgar a aquellos que encabezaron actos de terrorismo, secuestro, extorsión, es decir, actos de lesa humanidad”, agregó.

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El próximo martes ingresarán la acción de protección, según Castillo, quien aseveró que de no ser admitido el recurso, acudirán a cortes provinciales. Además, adelantó que si después de las acciones legales y constitucionales que tomarán no se da paso a sus pedidos, convocarán a marchas ciudadanas por las calles de la capital.

Finalmente, explicaron que el pedido de revocatoria de mandato se procederá en contra de los asambleístas de Pichincha, pues este recurso se puede ingresar únicamente por los votantes de la circunscripción territorial a la que pertenecen, es decir, los asambleístas elegidos en otra provincia estarían en decisión de sus votantes.

“La ley establece que el proceso de revocatoria de mandato procede un año después de su posesión, es decir, el 14 de mayo, está cerquita y tenemos el tiempo suficiente”, añadió Castillo. (I)