Para el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, no existe duda de que María Belén Domínguez, exjueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Familia y Mujer de Quitumbe, tiene participación en el delito de tráfico de influencias que es investigado a partir de que la procesada siendo jueza resolvió una acción de protección presentada por el entonces alcalde de Quito, Jorge Yunda.

La tarde del martes último, Santillán, en una audiencia de formulación de cargos contra Domínguez que duró cuatro horas, presentó más de 20 elementos de convicción de la supuesta interferencia de la exfuncionaria judicial en el sorteo de una acción de protección presentada por Yunda, la cual tenía como fin evitar su remoción del cargo de alcalde de la capital.

Se inicia procesamiento penal de exjueza María Belén Domínguez por hechos relacionados con acción constitucional planteada por Jorge Yunda

Según el fiscal Santillán, en su calidad de jueza María Belén Domínguez habría dispuesto, por medio de otras funcionarias judiciales, el ingreso de la acción constitucional al Complejo Judicial de Quitumbe, en el sur de Quito, “con la consigna de que la causa debía recaer en ella”.

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Para la Fiscalía lo que correspondía en ese caso era que el proceso se lo tramite en la Unidad de Delitos Flagrantes, pues fue ingresado a las 17:03 del 18 de junio de 2021, es decir, fuera del horario laboral.

“Por pedido de la procesada, dicha acción de garantía constitucional llegó a su despacho como un proceso de “violencia contra la mujer y la familia, mediante acto urgente, asistencia judicial recíproca”, logrando de esta forma que el expediente no se sortee entre los 331 jueces del Distrito Metropolitano de Quito, sino que las posibilidades se reduzcan a los cuatro de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia del Complejo Judicial Sur de Quitumbe, a la que pertenecía María Belén D.”, explicó la Fiscalía en un comunicado.

En el relato de los hechos realizado por Santillán para respaldar los elementos de convicción presentados, el fiscal provincial incluyó el dato de que la misma entonces jueza Domínguez habría dispuesto a las exfuncionarias que participaron en el sorteo de la causa que formatearan sus teléfonos celulares para que no quedara rastro de las conversaciones que mantuvieron el día que se ingresó la acción de protección de Yunda en el Complejo Judicial Sur de Quitumbe.

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Judicatura destituyó a jueza que falló a favor de Jorge Yunda en medio de la disputa por la Alcaldía de Quito

Domínguez atendió la acción de protección que interpuso Jorge Yunda en contra de los concejales que integraron la Comisión de Mesa que emitió los informes para la remoción de la alcaldía. El 28 de junio, la magistrada, que a inicios de octubre pasado fue destituida, aceptó parcialmente la acción de protección del recurso planteado por Yunda, en razón de que se vulneró la seguridad jurídica.

Inmediatamente surgieron varias denuncias sobre supuestas inconsistencias en el sorteo de la causa que recayó en Domínguez, así como también en el proceso de otra acción de protección en la que el juez Carlos Soto, de la Unidad Judicial de Iñaquito, también dio la razón a Jorge Yunda y frenó su remoción de la alcaldía.

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Ante estos señalamientos el 8 de julio último la presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, anunció la suspensión de los jueces Domínguez y Soto, y otros funcionarios judiciales. Ese mismo día se iniciaron procesos disciplinarios de tipo administrativo y se presentó la denuncia a la Fiscalía.

Entre los elementos de convicción se incluyeron versiones de dos exfuncionarias del Complejo Judicial de Quitumbe, quienes confirmaron que ejecutaron acciones por orden directa de Domínguez para que el sorteo de la acción constitucional recaiga en su despacho; el informe de sorteo de causas en materia constitucional, una pericia de transcripción de los audios de una conversación que mantuvieron vía WhatsApp la procesada y las dos exfuncionarias judiciales sobre las disposiciones que recibieron de la hoy exjueza, entre otros.

Para Fiscalía, Domínguez sería autora directa del delito de tráfico de influencias al supuestamente “haberse aprovechado de su cargo jerárquico superior de jueza para ejercer influencia e inducir al error a dos subordinadas para cristalizar el sorteo atípico”.

Luego de escuchar a las partes, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya, dio inicio a la instrucción fiscal que durará 90 días y dispuso sobre Domínguez las medidas cautelares de prohibición de salida del país, el uso del grillete de vigilancia electrónica y debe presentarse todos los lunes ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. (I)

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