Algo más de 30 minutos le tomó, la mañana de este viernes, al exministro de Salud Juan Carlos Zevallos rendir su versión vía telemática dentro de la instrucción fiscal por el delito de peculado que habría ocurrido en la adquisición de 100.000 pruebas para detectar COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.

El ahora exministro acudió a la segunda convocatoria hecha por el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán. Zevallos inicialmente fue llamado a versionar el 22 de febrero pasado, pero él solicitó que se le defina una nueva fecha. Días después, él renunció a su cargo y, al no tener orden judicial que le impida salir del país, viajó a Miami, Estados Unidos.

Fiscalía abre investigación contra el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por presunto tráfico de influencias

Además, Zevallos es parte de una investigación previa abierta por el delito de tráfico de influencias para investigar un posible uso discrecional de las vacunas de inmunización contra COVID-19. Dentro de ese caso, la Fiscalía solicitó la lista de personas que habían recibido hasta el momento la vacuna, ante lo cual el actual ministro de Salud, Rodolfo Farfán, señaló hace poco que esa información ya fue entregada a la Fiscalía y aclaró que no se hará pública de ninguna forma.

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En la investigación previa por tráfico de influencias, como ministro, Juan Carlos Zevallos ya rindió una versión en la Fiscalía.

Ministro de Salud, Rodolfo Farfán, asegura que delegación a municipios para compra de vacunas contra el COVID-19 no se puede hacer por asuntos legales

En la causa por peculado son procesadas catorce personas, entre ellas, el alcalde de Quito, Jorge Yunda; el exsecretario y la actual secretaria de Salud del Municipio de Quito, Lenín Mantilla y Ximena Abarca; la coordinadora técnica de la Secretaría de Salud, Linda Guamán; y Juan Vinelli, relacionado con la empresa con la que contrató el Municipio de Quito para la entrega de los kits.

El abogado de la secretaria Abarca, Nicolás Salas, luego de la versión del exfuncionario de salud señaló que Zevallos resaltó que la práctica de pruebas diagnósticas por parte del Municipio de Quito habría sido “fundamental” para contener la pandemia de Covid-19 que enfrentaba la capital ecuatoriana.

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Desde las 16:00 de este viernes, la defensa de Abarca enfrentará una audiencia de apelación a la prisión preventiva ordenada contra la funcionaria pública en esta causa. En la diligencia los jueces Maritza Romero (ponente), Miguel Narváez y Mónica Bravo no solo analizarán el pedido de apelación presentado por Ximena Abarca, sino también los interpuestos por quien fue la encargada de las compras públicas, Jéssica C.; y el excoordinador jurídico, Marco R., parte de los 14 procesados en esta causa por el delito de peculado. (I)