No solo que no pudieron culminar su carrera, sino que tuvieron que escoger otra o plantear juicios por estafa y a la par ver de qué manera pagaban su crédito educativo.

Jorge Brito, de Guayaquil, contó que en 2015 accedió a un crédito educativo de $ 25.000. Su objetivo: obtener la licencia de piloto comercial. Costaba $ 32.000 y las actividades eran en Salinas.

El desembolso se hizo en un solo cheque, lo que, agregó, no se debía hacer, sino de acuerdo a las etapas de la carrera.

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Inicialmente estudió sin problemas, pero la escuela de pilotos en la que se preparaba tuvo problemas legales, fue vendida y cerró a mediados de 2017. Llegó a piloto privado y estaba en la fase teórica de la etapa de vuelos por instrumentos. El tiempo de estudios era de entre dos y dos años y medio.

En lugar de plantear un juicio a esa institución prefirió estudiar Contabilidad y Auditoría. Tiene 34 años y asesora a personas naturales sobre esa especialidad.

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Desde 2017 pagó su crédito, pues entró a laborar en el sector público hasta 2018 cuando por una decisión de austeridad gubernamental salió, lo que no impidió que siguiese pagando aunque con cierto retraso.

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En 2019 le llegó un requerimiento de pago. Antes de marzo de ese año canceló $ 2.312. Llegó la pandemia y dejó de cancelar los $ 237 por falta de empleo.

Aseguró que el Instituto de Fomento de Talento Humano (IFTH) aumentó su deuda a $ 29.963 con un interés de alrededor de $ 7.000. Además de una etapa previa a la coactiva.

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Su madre es su garante. Fueron a esa institución a buscar un convenio y les respondieron que por el monto de deuda o daban una garantía hipotecaria o un abono de $ 12.000 para que la deuda quede en $ 17.000 con lo que podían acceder a un acuerdo de pago por 24 meses.

Hicieron un préstamo en una entidad financiera. Además, un convenio de pago con dos opciones: cancelar cuotas de unos $ 900 por 24 meses o pagar el interés y aplicar a un crédito educativo social.

Intentó lo último, pero ya no hubo fondos. Por ello, empezó a pagar cuotas desde $ 126 hasta $ 153, pero -agregó- la cuota final a pagar en noviembre es de $ 17.507,56 dado que así se lo aplicó con la tabla de amortización. De julio 2022 pagó $ 138,44 de lo cual $ 117 corresponden a intereses.

“No tenía otra salida, era eso o entrar en coactiva y que mi madre se quede sin empleo (...), es imposible, en mi caso, pagar $ 17.507. Yo no quiero que me regalen la plata, yo solamente quiero unas condiciones más humanas para pagar el crédito...”, dijo.

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Al preguntarle si por incumplimiento de lo ofertado por esa institución no habría la posibilidad de refinanciar la deuda de otra manera, sostuvo que no. Está a la espera de poder refinanciar el crédito.

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La Plaza Grande, en el centro de Quito, fue el escenario de concentración para pedir atención gubernamental. Foto: El Universo

Isaac Gavilánez, de 25 años, no terminó sus estudios de piloto privado comercial, sino que perdió los $ 48.946 que obtuvo con un crédito educativo una vez que esa misma escuela cerró. Ingresó en noviembre de 2015. La carrera duraba dos años. Actualmente labora en una oficina de abogados.

“Ellos se llevaron el dinero. Yo estoy ahorita siguiéndoles juicios y no he podido recuperar el dinero hasta ahora (...); yo notifiqué al (Banco del) Pacífico, notifiqué al IFTH, indicando que estaba demandándoles a la escuela por estafa”, dijo su madre, Valery Ordóñez.

La totalidad del dinero fue depositada en esa entidad, indicó.

Contó que la deuda actual asciende a $ 98.196 debido que hasta el momento no han cancelado ni una sola cuota que corresponde a capital, interés normal, interés de mora, gastos de abogados, gastos administrativos, seguro de desgravamen.

El trámite hecho en Quito fue a parar en Guayaquil.

Mencionó que le han dicho que debe dar un anticipo y una hipoteca. De lo contrario ingresaría a un proceso de coactivas. “Es una zozobra porque no sabemos en qué momento nos van a caer las coactivas”, comentó Ordóñez.

A su criterio, al ser una madre que cuida a un hijo con un 100 % de discapacidad y debido a que su hijo es padre sustituto porque su esposo está fuera del país, el crédito debe ser dado de baja.

Brito y Gavilánez son parte del colectivo ciudadano Afectados Créditos Educativos IECE-IFTH, que ha impulsado acciones de protestas por estos hechos.

Según Carlos Jaramillo, quien dirige el grupo, la cartera vencida sería de alrededor de $ 387 millones de 21.000 operaciones de crédito, de las cuales 14.000 están en mora o en coactiva. La cartera vencida fue vendida al Banco del Pacífico una vez que se cerró el Instituto de Crédito Educativo y Becas (IECE).

La primera semana de septiembre habría una reunión entre delegados gubernamentales y miembros de la agrupación para analizar soluciones. (I)