Con las intervenciones de una perita en contratación pública y otra perita experta en audio, video y afines es como completó la lista de 44 testigos y peritos que el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, presentó en trece días de audiencia de juzgamiento por el delito de peculado ocurrido en la compra de 100.000 pruebas para la detección de COVID-19, realizada por la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, y por el que son procesados el ahora exalcalde de la capital Jorge Yunda y trece personas más.

Inicialmente la Fiscalía anunció que usaría en etapa de juicio cerca de 180 testigos y peritos, luego la lista se redujo a 61 y finalmente solo fueron presentados 44 hasta la noche del lunes 18 de octubre último. Lo que le restaba al fiscal Astudillo es presentar la prueba documental y con ello la parte acusadora habría concluido su participación.

Jorge Yunda ahora dice que fue víctima de un “golpe de Estado”

La penúltima en participar por parte de la Fiscalía fue la perita Viviana de la Torre, especialista en contratación pública que desarrolló un informe sobre el proceso de contratación de emergencia para la adquisición de reactivos para la detección de COVID-19 por medio de PCR polimerasa, suscrito por la Secretaría de Salud y Salumed. El objetivo fue analizar el acta de terminación de mutuo acuerdo del proceso de contratación y el proceso de licitación del servicio de externalización del procesamiento de muestras para la detección de COVID-19, a través de RT Lamp.

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Entre las conclusiones del informe estuvieron que la perita no encontró el Plan de Contingencia ordenado a la Secretaría de Salud ordenado en la resolución A-20, que en el portal de Compras Públicas no se publicaron los informes relevantes del proceso de contratación de emergencia por parte de la Secretaría de Salud, que del análisis al estudio de mercadeo se verificó una recomendación para el establecimiento del presupuesto referencial del contrato, sobre la base de la oferta enviada por Salumed, que los miembros de la Comisión Técnica de la Secretaría de Salud resolvieron que la propuesta de Salumed cumplió con las especificaciones técnicas , sin embargo la empresa solo entregó 100.000 pruebas, cuando en su oferta plasmó 200.000, entre otras.

En cambio, la última en participar como perita de Fiscalía fue la policía Valeria Shuguli. Ella perició conversaciones de WhatsApp encontradas en los teléfonos celulares de varios de los procesados, en las que se hablaría de que las pruebas no son PCR, de la filtración de información relacionada a uno de los informes emitidos por una universidad que determinó que los kits adquiridos no alcanzan la sensibilidad requerida y que los resultados fueron transmitidos al entonces alcalde Jorge Yunda, de la decisión de terminar unilateralmente el contrato por incumplimiento y que finalmente se dio una terminación del contrato por mutuo acuerdo.

La mañana de este martes, el día número 14 de la audiencia de juicio arrancó con la presentación de la prueba documental que mantiene la Fiscalía para acusar a Yunda como autor mediato; al exsecretario de Salud Lenín Mantilla y Juan Alejandro Vinelli, gerente de Salumed S.A., como autores directos de peculado; y a once personas como coautoras, entre ellas, Ximena Abarca, exsecretaria de Salud; y Linda Guamán.

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Para Nicolás Salas, abogado de la exsecretaria Ximena Abarca, la Fiscalía en la audiencia de juzgamiento ha tratado una vez más de cambiar la teoría del caso respecto a su cliente. Según él, la Fiscalía empezó acusando de un supuesto sobreprecio, luego dijo que Abarca tuvo que dar por terminado el contrato de manera unilateral y no de mutuo acuerdo y ahora, explica, desde Fiscalía se dice respecto a la exsecretaria que la contratación de las pruebas PCR generó que luego se tenga que contratar un servicio de procesamiento de pruebas.

“Lo que ha quedado claro en este proceso penal con lo dicho por varios peritos presentados por la misma Fiscalía a quienes yo les he preguntado cosas sencillas como ¿se cumplió el contrato de externalización? Y todos han dicho que sí; y ¿si ese contrato ha generado perjuicio para el Estado? Y han dicho que no. Yo creo que la actividad probatoria de la Fiscalía me ha servido para terminar de confirmar aquello que ya sabíamos: que no existe el delito de peculado, sobre todo en el caso de Ximena Abarca”, apuntó Salas.

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Además, respecto a las pericias de los chats encontrados en los celulares de varios de los procesados y que sirven para la Fiscalía para comprobar el delito que se analiza, Salas asegura que ninguno de los correos analizados revela direccionamiento alguno para contratación, ni ningún tema de corrupción.

Fiscalía lleva doce días presentando la prueba que mantiene para acusar a Jorge Yunda y otras trece personas de peculado

El abogado Salas creía que entre hoy y mañana miércoles la Fiscalía concluirá con la presentación de su extensa prueba documental y el análisis que haga de esa información de cada una de las defensas de los catorce procesados. En cambio, desde Fiscalía se ha indicado que hasta antes del mediodía de este martes se terminará con la exposición de la prueba documental y de ahí se dejará la información para que sea revisada por las defensas de los acusados.

Antes de las 12:00 de este martes terminó la Fiscalía con la presentación de un total de 140 pruebas que mantenía la institución contra los catorce procesados. Para la tarde se espera que sea el turno del Municipio de Quito, como acusadores particulares de varios de los procesados, para mostrar al Tribunal sus argumentos probatorios e inmediatamente lo deberán hacer las defensas de cada uno de los acusados del delito de peculado.

Concluida esta etapa se ingresará en el debate final en el que se presentarán los alegatos de cierre. Salas cree que le queda a la audiencia de juicio por lo menos dos semanas.

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Desde la parte de los acusados no se espera que el Tribunal presidido por el juez provincial Wilson Lema dé a conocer de inmediato la resolución a la que lleguen, sino que se tomen un tiempo prudencial para analizar detenidamente cada una de las piezas presentadas en la audiencia y luego de ello tomar una decisión de declarar culpables o inocentes a uno o varios de los encausados. (I)