Cerca de las 18:00 de este martes, la jueza penal de Pichincha, Ana Lucia Cevallos, dio a conocer que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de delincuencia organizada contra nueve personas, entre ellas, el expresidente Abdalá Bucaram Ortíz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley, se difiere para el próximo15 de abril. La diligencia estaba dispuesta para este miércoles 31 de marzo desde las 09:00 en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

El 31 de marzo próximo se instalará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por delincuencia organizada en el que son procesados Abdalá y Jacobo Bucaram

La decisión notificada por Cevallos tan solo horas antes de la instalación de la audiencia llega debido a que los Bucaram, el lunes último, solicitaron el diferimiento de la diligencia debido a que su abogado Christian Romero tenía señaladas audiencias con anterioridad. A fin de garantizar el derecho a la defensa de los procesados la jueza aceptó el diferimiento y pasó la audiencia para e 15 de abril próximo a las 09:00.

Cevallos en la audiencia no solo analizará los argumentos que mantienen los nueve acusados del delito de delincuencia organizada para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, sino también conocerá la fundamentación de los pedidos del israelí Sheinman Oren y del ecuatoriano Samuel S. para someterse a un procedimiento abreviado y las solicitudes de revisión de la medida cautelar que pesan sobre el expresidente Bucaram Ortíz y su hijo mayor, Jacobo.

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En este caso la Fiscalía acusa a Oren, Bucaram Ortíz, a Jacobo Bucaram Pulley; a los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito Leandro B., Samuel S. y Cléver A.; así como a los ciudadanos Bryan P., Verónica A. e Isabel M. de conformar un “grupo estructurado para planificar actividades delictivas” en Quito y Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.

Fiscalía vinculó a cuatro personas más al caso por delincuencia organizada en el que son procesados Abdalá y Jacobo Bucaram

Una de las actividades ilícitas cometidas por la integrantes de la estructura habría sido, según la teoría fiscal, la obtención de beneficios económicos en el contexto de la comercialización de pruebas para la detección de Covid-19 y de mascarillas, en medio de la emergencia sanitaria. (I)