Desde constitucionalistas hasta alcaldes de frontera han criticado resoluciones del COE nacional sobre la pandemia

El sector productivo, gremios de médicos, abogados constitucionalistas y funcionarios de frontera critican algunas de las decisiones que ha tomado el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional respecto del manejo de la pandemia producida por el COVID-19 en Ecuador.

El ámbito empresarial ha sido uno de los sectores que han cuestionado las resoluciones que ha tomado el COE nacional como fue la de incluir a varios cantones del país en un semáforo epidemiológico en rojo. Para Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), ha generado desconfianza.

Entre las medidas que las empresas creen necesarias para aliviar los impactos de las restricciones y efectos del COVID en la economía están líneas de crédito de emergencia, reducción en pagos de tasas e impuestos, cuidar su liquidez, facilidades de pago a sus obligaciones.

Así lo sostiene una percepción de los socios de la CCQ sobre expectativas empresariales 2022 tras una encuesta aplicada a 380 negocios entre el 19 y el 26 de enero de este año.

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Otro gremio que se ha unido en críticas es el del Colegio de Médicos de Pichincha. Según el presidente del gremio, Víctor Álvarez, hubo “presiones políticas” que se ejercieron para conseguir que el COE nacional dé marcha atrás y permita el ingreso de público para el partido por las eliminatorias entre Ecuador y Brasil que se disputó el 27 de enero de 2022, en Quito.

Para Álvarez, el COE perdió credibilidad. Agregó que ha habido una desautorización tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial a sus resoluciones.

“Esto crea un mal precedente en el cual se podrían utilizar acciones de protección para desarticular o deslegitimar o suspender todas aquellas acciones”, dijo el médico.

Según André Benavides, abogado constitucionalista, el COE nacional se creó a través del reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, por lo que no tiene un origen mediante una ley o decreto presidencial.

“Vemos que las atribuciones y competencias que tiene no están claramente definidas y en la marcha se le hizo creer que tenía competencias para manejar la pandemia y obviamente no es así (...), esas decisiones no tienen ningún tipo de efecto jurídico, no son vinculantes y no son obligatorias”, indicó.

El jurista sostuvo que algunas de las resoluciones del COE han sido dadas de baja por la justicia en referencia, por ejemplo, al partido de fútbol del Emelec, que tras un fallo judicial permitió la asistencia de público, el miércoles 9 de febrero de 2022, en su estadio.

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Otra de las resoluciones del COE que no fue bien recibida fue la reapertura del puente internacional de Rumichaca, límite con Colombia, en una fecha que no había sido establecida.

La reapertura del puente de Rumichaca con esa nación estaba prevista para el 15 de diciembre de manera gradual, pero el 17 de diciembre, el COE dispuso la reapertura inmediata y total.

Para Cristian Benavides, alcalde de Tulcán, fue preocupante la forma en la que se asumió por parte del COE nacional la reapertura del puente de Rumichaca debido a que les habían manifestado que iba a ser progresiva, ordenada y con protocolos de bioseguridad.

Afirmó que nada de eso sucedió, hubo un apresuramiento y ese municipio no fue tomado en cuenta en la decisión, aunque reconoció que no hubo un crecimiento de ingresos hospitalarios.

De acuerdo con el funcionario, la resolución fue aplicada cuando había un proceso de reactivación económica en la víspera de la Navidad, pero con acciones como ferias, conciertos y persuasión de precios bajos el comercio local no resultó afectado.

Juan Zapata, presidente del COE nacional, respondió a las críticas en una entrevista con este Diario. Citó además una encuesta sobre la gestión del organismo.

Según una investigación de la empresa Click Research, que realiza estudios de mercados, de enero del 2022, la calificación a la gestión del COE nacional fue del 42,78 %, superada por la Policía Nacional que fue calificada con 45,56 %, la del presidente Guillermo Lasso con 51,81 % y de Fuerzas Armadas con un 64,22 %.

De acuerdo con la ficha técnica de esa firma encuestadora, se aplicaron 760 encuestas: 380 en Quito y 380 en Guayaquil.

“Pese a que tomamos decisiones para muchos complicadas (...), creo que hay también un gran sector de la ciudadanía que ha entendido que nosotros hemos tomado decisiones adecuadas, responsables, privilegiando la salud, sin presiones de ningún tipo, peor aún tratando de cuidar una imagen...”, adujo Zapata.