Índices de inseguridad, reportes de delitos, fueron entre otros, los aspectos que se tomó en cuenta para que el Ministerio de Educación haya priorizado a más de 200 instituciones educativas a nivel nacional.

María Brown, ministra de Educación, en una entrevista con este Diario, se refiere a cómo esa cartera de Estado aborda la inseguridad vinculada al tema educativo.

¿Cómo están manejando estos escenarios de riesgos que actualmente vive el país?

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Ecuador es uno de los países que ha suscrito una declaración de Escuelas Seguras. Mi Escuela Segura tiene dos pilares: riesgos de origen natural como desastres naturales, inundaciones...y de origen humano con dos grandes grupos: el uno que aborda los temas de seguridad física como robos, tráfico, microtráfico, narcotráfico.

Ahí es que tenemos el plan articulado con el Ministerio del Interior y con la Policía Nacional, y se ha desarrollado el plan nacional de Escuelas Seguras que forma parte de mi Escuela Segura.

Y por otro lado, abordamos los temas de violencia sexual, acoso, trabajo infantil, uso y consumo de drogas.

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Sobre la inseguridad, ¿qué están haciendo, cuántas escuelas están?

Lo que se realizó con el Ministerio del Interior y la Policía, un pilotaje de varios meses en instituciones educativas en distintos lugares del país y terminamos con la publicación del plan nacional que tiene cinco ejes.

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Estos son: articulación con unidades de Policía preventiva comunitaria o la Dinapen para que pueda existir una respuesta más inmediata. Lo que busca es que ya exista un protocolo de actuación en donde se determina hasta dónde puede llegar la Policía, cuál es su rol, de la institución educativa, de los padres, de la comunidad, de docentes, directivos, departamentos de consejería estudiantil.

El segundo eje es la acción preventiva. Ahí vemos espacios para construir acuerdos y fomentar la convivencia armónica. Aquí vemos un accionar, por ejemplo, de los comités de padres de familia, en donde se pueden organizar en brigadas de seguridad que puedan apoyar en el monitoreo de las entradas, de las salidas, pero no pueden sustituir el rol que tiene el órgano rector de la seguridad.

El tercero es la sensibilización, la implementación del plan y la socialización.

La cuarta es la atención y servicio, el accionar cuando se presenta una denuncia. Una de las cosas que dificulta que podamos actuar de manera adecuada y oportuna es que, en muchas ocasiones, no se presentan denuncias sobre posibles casos. Para esto, el fomento del uso del 1800 DELITO.

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Y el quinto, campañas educomunicacionales.

A la hora de entrada y salida de clases habrá presencia policial en 59 planteles de Guayaquil, Durán y Samborondón

¿A los profesores se les ha comenzado a capacitar de cómo reaccionar frente a estos escenarios, por ejemplo, cuando hay un tiroteo?

Sí. Parte del proceso de capacitación y sensibilización en ese tercer eje es el trabajo con docentes. Y luego tenemos estas 220 instituciones educativas priorizadas en donde hay una relación más cercana con la comunidad educativa y ya la Policía está desplegada con mayor énfasis.

¿Qué es lo que tendrían que hacer los profesores si eso pasa?

Depende el delito.

¿Si hay un tiroteo?

Si es afuera de una escuela estar dentro de la institución educativa es una medida de prevención.

Si es que existe un delito que se esté cometiendo en las inmediaciones de las instituciones educativas el salvaguardar la integridad de los estudiantes dentro del predio.

Qué sucede cuando nosotros tenemos una persona que ingresa a la institución educativa con un arma, ahí tenemos que alertar a la Policía. ¿Qué procede entonces?, ir sacando a los estudiantes del espacio y ponerlos en un espacio seguro, hacer el llamado a la Policía.

Me decía que había 220 instituciones priorizadas.

Es otro componente. Se seleccionaron a través de un estudio que realizó la Policía sobre la evaluación de la vulnerabilidad de la ubicación dónde están y se construye un indicador sobre índices de inseguridad, reportes de delitos, etc., y ahí se identificaron 9 en Cañar, 59 en Guayaquil, 18 en El Oro, 8 en Esmeraldas, 27 en Guayas, 3 en Los Ríos, 13 en Santo Domingo, 5 en Sucumbíos, 46 en Quito y 24 en Manabí.

¿Y en estos casos se aplica algo diferente?

En estos casos lo que tenemos es la asignación directa de 2.000 efectivos de la Policía que están asignados que hacen un patrullaje constante. En muchas ocasiones la ciudadanía nos pregunta, pero yo no veo uniformados fuera de las puertas. No. Tampoco va a ser así porque este patrullaje y muchas veces están vestidos de civiles.

Lo que busca es salvaguardar la seguridad de la comunidad.

Secuestros, ataques violentos y venta de droga, entre delitos que se busca combatir con plan Mi Escuela Segura

¿En Guayaquil se trabaja de manera diferente a las otras ciudades?

En Guayaquil, en Esmeraldas y en Santo Domingo al estar en estado de excepción, la diferencia es que existe un accionar conjunto con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas en tanto a las alertas, pero en cuanto a los protocolos se aplican de la misma manera. Guayas -en general- es la provincia con un mayor número de instituciones educativas priorizadas.

¿Yo le preguntaba porque en Guayaquil pasó el tema de explosiones, atentados que hubo?

El de la Policía sí por el estado de excepción, pero no dentro de las instituciones educativas. Hasta ahora las instituciones educativas no han sido blanco de violencia. No ha habido ataques.

Tenemos que estar conscientes de que cuando hablamos de riesgos psico sociales -ya hace un año y pico cuando comenzamos a regresar a la presencialidad alertábamos- cuando los estudiantes no están yendo a clases son víctimas de reclutamiento también y algunos de los jóvenes que están en edad de estudiar se han visto inmersos en bandas narcodelictivas, en pandillas, han sido reclutados para microtráfico, entre otras cosas.

Esto tampoco es que ha sucedido estos dos últimos años, es algo que hemos visto, que se ha ido incrementando a lo largo de los años.

Parte de la respuesta tiene que ser esta otra cara de la moneda, el trabajo sobre los riesgos psicosociales, además de, en la medida de lo posible, ampliar la posibilidad de los estudiantes de tener acceso a otras actividades de buen uso del tiempo libre. Allí calzan iniciativas como son teatro del barrio, hincha de mi barrio.

En el caso de Esmeraldas donde un jefe policial habló de que Los Tiguerones, esta banda de delincuentes, estaba incursionando en los planteles. ¿Quizá un trabajo diferenciado?

Es lo que sucede en los lugares de mayor vulnerabilidad y por eso existe una priorización porque hay una mayor presencia de grupos delictivos. No es específico Esmeraldas, en donde existe una mayor presencia de bandas delictivas, también hay mayor reclutamiento de jóvenes y ahí es donde tenemos que hacer un mayor énfasis en que la educación continúe, se amplíe en el horario, que tengamos mayores oportunidades porque esto es una realidad.

Vimos, por ejemplo, el caso de un estudiante que fue abatido por un sicariato en Esmeraldas, de 17 años, que lamentablemente encabezaba una banda.

Tenemos el caso de este intento de homicidio que hubo en el hospital contra el líder también de una banda que se trataba de un menor de edad.

Este es el reflejo de que esa descomposición del tejido social que no se da de un día para el otro, tiene que ser abordada y atendida ciertamente.

Buscar también mayor presencia del Estado en lugares en donde a lo mejor no las hay, el desafío de llegar a lugares alejados en donde a lo mejor se cerraron instituciones educativas, la reapertura de escuelas, llegar con instituciones educativas a nuevos asentamientos poblacionales en ciudades que han ido creciendo, de manera muy vertiginosa, como el caso de Monte Sinaí en Guayaquil.

Esto es parte también de una respuesta articulada, completa, conjunta del Ejecutivo y de los gobiernos autónomos descentralizados que deben llegar con servicios.

Cuando tenemos una comunidad en donde no hay agua, donde no hay luz, donde no hay educación, donde no hay salud, pues también ahí prolifera la delincuencia.

Tener presencia de salud, educación, pero también agua, luz, saneamiento, todo esto mejora las condiciones de vida, mejora las oportunidades de la población y es una forma también de prevenir que nuevas generaciones se sigan involucrando en estos actos delincuenciales.

Otro elemento en el que estamos trabajando es ayudar a jóvenes que han estado inmersos en actos delictivos a salir de ellos, no solamente jóvenes que están en instituciones educativas sino también jóvenes infractores.

220 instituciones educativas serán parte del plan Escuelas Seguras

¿Se ha pensado en que cuando haya estos hechos de mucha inseguridad se activen clases virtuales o se maneja alguna otra estrategia?

Cada caso se evalúa de manera separada y se toma una decisión; primero, el interés superior de los niños, que es el principio universal que aplicamos siempre: la educación es lo último que debe cerrar y lo primero que debe abrir.

Cuando la institución educativa está cerrada, los padres salen a trabajar los niños y jóvenes quedan sin supervisión, y por lo tanto son presa fácil del reclutamiento, de las bandas, de las pandillas.

Hay ocasiones en donde amerita una suspensión temporal que procuramos que sea por el menor tiempo posible y buscar junto a la Policía y en el marco de este plan retornar a la presencialidad lo antes posible. (I)