La Corte Nacional de Justicia concedió el habeas corpus a Paúl Granda, expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), procesado por presunto delito de delincuencia organizada para entregar ilegalmente contratos para insumos en hospitales de la institución en Guayaquil junto con otras figuras políticas.

Así lo confirmó su abogado, Juan Carlos Salazar, quien señaló que con ello queda sin efecto el arresto domiciliario que tenía Granda. El exfuncionario deberá cumplir con dos medidas: presentarse periódicamente ante un fiscal, en Quito, y la prohibición de salida del país.

Paúl Granda, exdirectivo del IESS: Si se dice que me reuní con Dalo Bucaram y a él ya lo sobreseyeron, ¿por qué a mí me llaman a juicio?

“El habeas corpus nos va a permitir que Paúl Granda se defienda en libertad (…), tiene una oportunidad de oro de presentarse a la audiencia (de juzgamiento) físicamente y pelear por su libertad”, refirió el jurista.

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Salazar mencionó que dentro del procedimiento ordinario principal por delincuencia organizada la audiencia de juicio recién pudo instalarse el martes pasado.

En la Policía Judicial se revisaron pruebas en caso de delincuencia organizada en hospitales del IESS

“No tenemos fecha para continuación aún. Tiene que agotarse la audiencia de juzgamiento, en la audiencia de juzgamiento Fiscalía presentará todos sus órganos de prueba, la defensa presentará sus órganos de prueba también, y el juez tendrá que resolver”, comentó el abogado de Granda.

Esta audiencia debía instalarse en julio pasado, pero aquello no se ha dado. Deberán comparecer más de cien testigos en general, por lo que se prevé que la diligencia se realice al menos en unas 20 sesiones.

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Dentro del proceso, la Fiscalía aducía que desde su alto cargo, Granda “habría favorecido” la suscripción de convenios de pago (formas de contratación) a proveedores en el IESS. Pero el exfuncionario afirmó que la institución no tenía pruebas de ello, y que así iba a demostrar en la audiencia de juzgamiento.

Una de las pruebas presentadas por la Fiscalía fue una bitácora de visitas a un hotel de Guayaquil que daba supuesta cuenta de una reunión entre Granda y Dalo Bucaram, además de algunos de los procesados, para hablar de los contratos otorgados supuestamente con sobreprecios.

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A lo largo de este caso, Juan Carlos Salazar, abogado de Granda, explicó que el proceso es “injusto”. Y lo sustenta en que los convenios de pago se habrían suscrito entre el 2016 y septiembre del 2018, y Granda llegó al IESS como delegado del expresidente Lenín Moreno en diciembre de ese año.

Segundo, que el Consejo Directivo del IESS no tiene entre sus atribuciones la firma de contratos. El artículo 115 de la Ley de Seguridad Social señala que los hospitales son autónomos administrativa y financieramente.

En el caso, aparte de Granda, están procesadas otras personas: Jacobo Bucaram Pulley, Daniel Salcedo, Noé Salcedo, Luis Jairala, Jorge San Lucas, Karina Cadena, Pablo Mendoza, Jorge Henriques, Federico Zenck, Susana Mera y Javier Jordán.

Además de Abdalá Bucaram Pulley fueron sobreseídos, en mayo pasado, su esposa Gabriela Pazmiño y su hermano Michel; y Stéfano Adum. La Fiscalía presentó una apelación que fue negada por el juez Guerrero por considerarla extemporánea, pero luego planteó un recurso de hecho para insistir en su pedido, que aún no tiene respuesta.

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La familia de Granda ha llevado adelante una campaña para exigir justicia. El pasado 15 de junio realizaron un plantón en Cuenca; en julio, en Quito; y hubo otros plantones en diferentes ciudades del país. (I)