Consejo de la Judicatura suspende e investiga a los dos jueces que conocieron acciones constitucionales presentadas por Jorge Yunda

Presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado, iniciar procesos disciplinarios de tipo administrativo y suspender provisionalmente a cuatro funcionarios judiciales y dos jueces es la decisión que adoptó el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), la mañana de este jueves, en relación a las denuncias y alertas ciudadanas sobre la existencia de irregularidades en el proceso de sorteo de las dos acciones de protección que presentó Jorge Yunda para evitar que se confirme su cesación como alcalde de Quito.

La presidenta del organismo, María del Carmen Maldonado, señaló que ante la Fiscalía —el órgano jurisdiccional— presentarán una denuncia para que se investigue el delito de interceptación ilegal de datos y otros posibles delitos.

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Mientras tanto, explicó que en el ámbito administrativo, en el cual el CJ es el órgano de gobierno de la Función Judicial, procede el inicio inmediato de procesos administrativos disciplinarios y la suspensión provisional sin remuneración de los jueces Belén Domínguez y Carlos Soto; además, del ayudante judicial y la secretaria de la Unidad Judicial Especializada Quinta de Violencia contra la Mujer del Complejo Sur, en Quitumbe (sur de la capital), y la oficinista auxiliar y el secretario de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Veintimilla (norte de Quito).

Maldonado aclaró que las medidas de suspensión corren desde la mañana de este jueves y podrán durar hasta por 90 días. La funcionaria explicó que de ninguna forma se hace con esta acción un juzgamiento o prejuzgamiento de ningún tipo, sino que se está preservando la presunción de inocencia.

La presidenta Maldonado señaló que de las primeras investigaciones se revela que una acción de protección fue ingresada como materia de violencia, con lo que el universo de juzgadores se redujo a cuatro o cinco; mientras que en el segundo caso, también relacionado a acciones presentadas por Jorge Yunda, se evidenció algo “sumamente grave”: no se registra un sorteo en los sistemas del CJ, lo que significaría que se dio una designación directa y sin sorteo.

“El CJ tiene un sistema fuerte con las debidas seguridades. Aquí no se trata de un posible defecto del sistema, de lo que se trata aquí son ciertas acciones de carácter inusual, presumiblemente irregular de los servidores, para jugar con ciertas partes del sistema. No es defecto, ni debilidad, ni vulnerabilidad de sistema”, apuntó la presidenta del CJ, al tiempo que informó que cuando llegaron a la institución en enero de 2019 los integrantes del organismo se percataron de que no estaba configurado el sistema de sorteos para detectar ciertas vulneraciones o accesos no autorizados.

Un vocal del CJ, Juan José Morillo, dio más detalles de las posibles irregularidades encontradas en los dos procesos relacionados a acciones de protección presentadas por el cesado alcalde Yunda. Según él, se han detectado varias irregularidades en el momento de receptar estos procesos en las unidades judiciales de Quitumbe y de la Veintimilla.

Por ejemplo, dijo, la causa presentada en Quitumbe fue ingresada por un tema de violencia y el encargado de ventanilla debía llenar algunas celdas para identificar al agresor, pero esto no se dio, pues lo que ingresó realmente fue una acción de protección constitucional. “Se vulnera el procedimiento en el momento de registrar la causa y, peor aún, atarla a una causa del 2020 para que la asignación sea directa a la jueza (Belén) Domínguez”.

En el segundo proceso relacionado a Yunda, sostiene Morillo, se realiza la misma acción irregular, es decir, el caso no ingresa como una causa constitucional, sino que se ingresa como una causa civil. Así, afirma el vocal del CJ, se reduce el número de juzgadores que podrían conocer el caso que planteaba Yunda.

“Para que se tenga una idea, son 215 juzgadores en el cantón Quito que debieron ser sorteados para que les lleguen estas causas. Pero ¿qué es lo que han hecho? De estos 215 juzgadores, en el caso de Quitumbe se redujeron a cuatro juzgadores; y en el caso de ayer, en que se presentó una medida cautelar en la Veintimilla, se han reducido de 215 a 37 juzgadores. Desde ahí empiezan las irregularidades en el proceso y eso es lo que nosotros como CJ vamos a investigar y llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

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Morillo al ser consultado sobre una serie de llamadas entre él y Jorge Yunda, las cuales fueron encontradas mediante pericias en el teléfono del cesado como alcalde, no solo reconoció que conoce desde hace más de 20 años a Yunda, sino también que el ahora exalcalde lo llamó insistentemente para hablar, pero que su respuesta habría sido “tajante”: que él es un vocal del CJ y que no tiene que hablar de ningún tema jurisdiccional.

Pese a las decisiones adoptadas por el pleno del CJ, la presidenta del organismo señaló que todo esto está en el plano administrativo y que no tiene nada que ver con las decisiones jurisdiccionales adoptadas por los jueces Domínguez y Soto. Para desentrampar esas decisiones judiciales, aclaró, existen otros “remedios procesales” que las partes que crean necesario deberían usar.

Frente a las decisiones adoptadas por el CJ contra los dos jueces y los cuatro funcionarios judiciales, Jorge Yunda dijo que él mantiene respeto a la independencia de funciones en el país y que investiguen todo lo que tengan que investigar, pero que también se evidencia la violación de derechos en el proceso de remoción que vivió.

“Cada quien responderá a sus actos. Nosotros como ciudadanos lo que hacemos es utilizar todos los recursos a que nos asiste la Constitución y la ley”, refirió el removido alcalde Yunda.

Respecto a una sanción a los abogados de Jorge Yunda debido a una supuesta participación en las irregularidades detectadas por el CJ, Maldonado señaló que el Código Orgánico de la Función Judicial prevé la posibilidad y la competencia del Consejo de la Judicatura para sancionar a abogados quienes se encuentren inmersos en presuntas irregularidades como abuso del derecho, mala fe procesal, entre otras.

Para Maldonado, estos hechos también serán considerados en el análisis global del caso. (I)