CUENCA

El anuncio de la eliminación del examen de ingreso (Transformar) para las universidades públicas generó sorpresa y cuestionamientos por parte de las autoridades de dos instituciones académicas de Azuay y Cañar.

En la Universidad Nacional de Educación (UNAE) se consideró que la tarea será reforzar los procesos emprendidos; mientras que, para la Universidad de Cuenca, la decisión debe estar acompañada de más dinero.

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Aunque el decreto presidencial en el que se dispone la eliminación del examen Transformar, a cargo de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), aún no es conocido formalmente por las autoridades, eso no impidió que opinaran sobre lo que se vendrá.

En la parroquia Javier Loyola, del cantón Azogues, provincia del Cañar, se encuentra la UNAE, que actualmente oferta siete carreras de manera presencial y acoge a algo más de 4.000 estudiantes, 700 nuevos cada inicio de ciclo lectivo.

Su vicerrector académico, Luis Hernández, no mostró mayor sorpresa: “Nuestra universidad, como todas, tiene organizados sus procesos de admisión, que habrá que mejorar y perfeccionar a partir de la nueva responsabilidad”.

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Si esto afectará su presupuesto es un tema que aún no lo tiene claro; pero, al ser un mandato legal, apuntó a reforzar el proceso interno para que ingresen “los más capaces”.

Mientras que, en la Universidad de Cuenca, la lectura de esto es mucho más crítica. Su rectora, María Augusta Hermida, consideró que esto responde a una promesa de campaña de Guillermo Lasso, la cual —según ella— es “muy peligrosa”, porque no considera la problemática real de la universidad pública ecuatoriana.

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Fue enfática al decir que, aunque el examen se elimine, eso no implicará un mayor cupo o libre ingreso de estudiantes nuevos, sino que únicamente la competencia la asumirán las instituciones de educación superior.

Su presupuesto anual es de $ 70 millones, de los cuales $ 46 millones se destinan a tres rubros básicos: pago a docentes, investigación y vinculación con la comunidad, según informó a este Diario el vicerrector académico, Leonardo Espinoza.

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Más del 80 % de sus ingresos provienen del presupuesto general del Estado y el resto se genera de procesos de autogestión. Con esto, la universidad azuaya mantiene un promedio de 16.000 alumnos desde hace seis o siete años para la formación de profesionales en 52 carreras, informó.

Pero con esta nueva responsabilidad, Hermida advirtió que, “con los presupuestos reducidos que se han mantenido desde el 2019, 2020, 2021 y 2022, esto resulta imposible”.

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Con un panorama incierto, la rectora comentó también que se han mantenido algunas conversaciones informales con otras autoridades para buscar formas de asumir el proceso en conjunto, para abaratar costos en lo que concierne a implementar equipos, plataformas y otras necesidades técnicas; pero, si esto no prospera, lo harán por sí mismos, aunque todavía no saben cómo. Advirtió que cualquier decisión debe estar acompañada de recursos. (I)