La Asamblea Nacional, este 4 de enero, aprobó la realización de una consulta prelegislativa sobre diez temas relacionados con minería en el país.

Durante el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Minería, los legisladores aprovecharon sus intervenciones para censurar la minería ilegal que ocasionó el pasado 16 de diciembre un nuevo socavón en el cantón Zaruma, que provocó desalojos de familias y afectaciones al patrimonio de la ciudad.

La consulta prelegislativa, según la resolución del pleno, será sobre los siguientes temas:

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  • Áreas protegidas, en el contexto de minería
  • Concesiones mineras
  • Residuos mineros metalúrgicos
  • Tratamiento de aguas
  • Cierre de operaciones mineras
  • Derecho a la información, participación y consulta
  • Otorgamiento de concesiones mineras
  • Procedimiento especial de consulta a los pueblos
  • Conformación de la veeduría ciudadana
  • Minería ancestral

Según la normativa, la consulta prelegislativa se realiza con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas legislativas propuestas. Permite consultar a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afroecuatoriano y al pueblo montuvio sobre temas específicos incluidos en los proyectos de ley para ser expedidos por la Asamblea Nacional.

Una vez aprobada la consulta prelegislativa, la Comisión de Biodiversidad en un plazo de cinco días entregará a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, los temas sustantivos debidamente fundamentados y que deberán ser aprobados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), a fin de proceder a la inmediata convocatoria a la consulta popular.

El legislador Carlos Zambrano (UNES) comentó que el problema que atraviesa Zaruma tiene relación con el control de la zona de exclusión por parte de los organismos correspondientes como la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que inclusive tiene una agencia, pero que lamentablemente en el gobierno de Lenín Moreno desapareció el ministerio de minas y se fusionó con otra cartera de Estado.

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Lamentó que hoy en el cantón Zaruma solo existan dos técnicos que controlan la actividad minera ilegal, que no se trata de que los militares vigilen la zona de exclusión, sino que el Gobierno actualice el estudio, pues hay 73 kilómetros de túneles en Zaruma, lo cual es crítico.

El régimen lo que debe hacer es proporcionar los recursos suficientes que superan los $ 40 millones para controlar la minería ilegal e intervenir en la parte afectada por los socavones, además de reforzar el control de la minería en las zonas pobladas.

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Dos ministros convocados a la Asamblea Nacional sobre minería ilegal en Zaruma

Washington Varela (BAN), presidente de la comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, advirtió que el problema de la minería ilegal no solo es en Zaruma, sino en varios cantones del país donde los entes de control no hacen cumplir la ley.

Se refirió a que en la reforma a la Ley de Minería es importante insistir en la consulta prelegislativa que contempla la Constitución ante la adopción de una medida legislativa que puede afectar cualquiera de sus derechos colectivos relacionados con actividades de exploración y explotación de recursos no renovables como la minería en sus territorios.

Planteó al pleno el trámite de diez artículos a la Ley de Minería para viabilizar la consulta prelegislativa para concesiones mineras, áreas protegidas, residuos mineros metalúrgicos, tratamiento de aguas, cierre de operaciones mineras y derecho a la información, participación y consulta.

Las reformas promueven la transparencia de la información, el manejo adecuado de las regalías producto de la actividad minera, mayor protección de los derechos de la naturaleza, la adecuada aplicación de la consulta prelegislativa y desarrollo normativo de la consulta previa, libre e informada, además de reformas sobre las atribuciones de la Arcom y las competencias del ministerio sectorial.

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Los cambios también se refieren a la inhabilitación de personas para actividades mineras, actos administrativos previos, sanciones a la actividad minera ilegal, capacitación al personal, trabajo preferente, tratamiento de aguas, cierre de operaciones mineras y la caducidad de una operación minera.

Marlon Cadena de la Izquierda Democrática apuntó que la Asamblea Nacional debería entrar a fiscalizar el accionar del Comité de Remediación de Recuperación y Fomento Productivo del Área Minera de Zaruma y Portovelo, creada por decreto ejecutivo 169 en septiembre del 2017. Se debe determinar lo que se ha hecho para solucionar el problema de la minería ilegal.

Indicó que Zaruma es el presagio de lo que ha significado la minería en el país, que el hecho registrado en diciembre en ese cantón enciende las alertas de lo que puede suceder en otras ciudades y en todo el país, si no se toman los correctivos necesarios.

Que la Asamblea debe ponerse del lado de las familias zarumeñas y vigilar lo que sucederá con ellos para que realmente se cumplan esos planes de reubicación que se han ofrecido y que no quede como algo que alimente la esperanza y no se llegue a ejecutar. (I)