Pasadas las 07:00 de este lunes 24 de enero, 19 estudiantes del aula n.º 05 del colegio Mejía, ubicado en el centro norte de Quito, estaban sentados recibiendo su primera materia del día.

Algunos vestían el uniforme de la institución educativa. Las ventanas estaban abiertas para permitir el ingreso de aire. Antes, en los exteriores, se había formado una fila de alumnos. Luego, cada uno tomaba un poco de alcohol en la mano y un termómetro digital medía la temperatura.

Así transcurrieron las primeras horas del retorno a clases presenciales de manera voluntaria tras la decisión tomada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

El Ministerio de Educación estima que a escala nacional, más de un millón de alumnos de los 4,3 millones de estudiantes que hay, de unidades educativas fiscales, municipales, particulares y fiscomisionales, podrían regresar a la presencialidad.

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De lo contrario, las instituciones deben garantizar la educación a distancia, expresó Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa de esa cartera de Estado.

Agregó que hay más de 11.000 planes de continuidad educativa autorizados de las 16.000 instituciones que existen en Ecuador.

Chiriboga sostuvo que han determinado una semaforización conjuntamente con el COE nacional, que implica un cálculo del retorno, que no se hace en función de porcentaje de aforo sino del distanciamiento social, 2,25 metros por estudiante y esto implica -agregó- que cada institución tiene una realidad diferente.

Si se detecta un caso de coronavirus, indicó, se activa una burbuja, es decir, todos los estudiantes que han estado en contacto con ese docente o con ese estudiante, que ha sido víctima de ese contagio, son aislados, se realizan pruebas rápidas y se aísla a ese grupo durante una semana. Luego pueden retornar.

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Chiriboga recalcó que puede haber sanciones a las autoridades, como pecuniarias, tiempo o destituciones, que obliguen a un retorno a las aulas y aunque no precisó cifras afirmó que sí se han presentado ese tipo de hechos.

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En el colegio Mejía, de 5.000 alumnos, unos 1.200 estudiantes tenían carta de autorización de sus padres, entre la mañana y la tarde, para volver a las aulas.

Si bien los padres de familia ven importante la presencialidad, tutores como Fanny Chicaiza pidieron al Gobierno que haya visitas y controles aleatorios a las unidades educativas. Ella sostuvo que como padres de familia no pueden saber qué es lo que pasa en el interior o si hay distanciamiento.

Gabriela Loachamín, de 34 años, con una hija en décimo de bachillerato, estuvo pendiente del ingreso de ella al colegio. Miraba desde los exteriores cómo se desarrollaba el regreso a la institución.

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Contó que una semana lunes, miércoles y viernes va a clases presenciales, la siguiente semana los martes y jueves, de 08:00 a 11:00.

“Ellos están atendiendo a clases (virtuales), pero en una partecita de la pantalla están con sus juegos, con sus películas, mientras que en la escuela solo se dedicaban a clases y tenían de siete (de la mañana) a doce (del día)”, dijo Loachamín.

Los chicos aunque con cierto temor se muestran contentos de regresar físicamente.

Mike, alumno de décimo de bachillerato, tenía una opinión dividida. Le parecía bien volver, pero sostuvo que la pandemia sigue y quizá en el colegio no podría haber mucho distanciamiento. Mostró inquietud por lo que pueda suceder en el recreo; sin embargo, agregó, a veces en virtual no aprenden tanto.

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Para Kevin, ir presencialmente permite aprender más de lo que siguen digitalmente, mientras que para Lady, en clases físicas, aprende de mejor forma y entiende las cosas.

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Los gremios de docentes también dan su criterio sobre el regreso a la presencialidad.

La Red de Maestros consideró que la educación presencial es insustituible, pero mencionó que solicitan que la curva epidemiológica de contagios baje y que las instituciones educativas cumplan con los protocolos de bioseguridad, además que se inspeccionen los planes de continuidad educativa aprobados.

Para Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), las instalaciones no tienen las condiciones adecuadas con aulas de 40 o 50 estudiantes.

Vargas indicó que es imposible cumplir con los 2,5 metros de distancia y las áreas de saneamiento no están acordes con el número de estudiantes y tampoco están en óptimas condiciones.