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Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y cinco personas más enfrentarán en Quito audiencia preparatoria de juicio por delincuencia organizada

Dos de los nueve procesados por delincuencia organizada ya recibieron una sentencia de cinco años de cárcel, luego de acogerse a un procedimiento abreviado.

El expresidente Abdalá Bucaram Ortíz, uno de los siete procesados por el delito de delincuencia organizada, asistió a uno de los días de audiencia que se realizaron en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Foto: Cortesía

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A casi un año de que se formularon cargos por el delito de delincuencia organizada relacionado con la comercialización de pruebas para detectar COVID-19 y mascarillas en medio de la emergencia sanitaria y por segunda ocasión, en Quito, desde las 09:00 de este viernes 10 de septiembre, se realizará la audiencia preparatoria de juicio contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y cinco personas más.

La primera convocatoria a audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se dio el 21 de junio pasado, pero la jueza de Pichincha de ese entonces a cargo del caso, Verónica Medina, resolvió declarar la nulidad de todo lo actuado en la etapa de instrucción fiscal ante supuestas violaciones al derecho a la defensa de los procesados.

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La decisión generó la apelación de la fiscal Lidia Sarabia y el 27 de julio último, jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptaron el recurso de apelación y revocaron el auto de nulidad definida por Medina. Con ello se declaró válido todo lo actuado, quedando el caso para que se desarrolle la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

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Bucaram Ortiz, Bucaram Pulley, Isabel M., el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, Leandro B., Bryan P., Verónica A. y el israelí Sheinman Oren son investigados por la Fiscalía por una delincuencia organizada que supuestamente incluye el haber planificado y ejecutado actividades delictivas, entre marzo y octubre del 2020, dentro de la comercialización de pruebas para detectar COVID-19 y mascarillas en medio de la emergencia sanitaria.

En este caso también se procesó a los también exagentes de la AMT Cléver A. y Samuel S., pero debido a que se sometieron a un procedimiento abreviado y aceptaron los hechos en los que se les relacionó, el 15 de abril pasado la jueza María Elena Lara, quien estuvo a cargo de una parte del proceso, resolvió acoger este procedimiento especial y sentenció a cinco años de cárcel a cada uno.

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Una vez que la jueza Medina fue separada del caso, debido a que luego de la revocatoria del auto de nulidad definido por unanimidad por los jueces provinciales Ricardo Vaca, Miguel Narváez y Anacélida Burbano, el Tribunal declaró la negligencia manifiesta en la que incurrió la jueza, la magistrada que retomará el tramite en la fase preparatoria de juicio, y que fue definida por sorteo, será María Elena Lara.

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En su momento Alfredo Arboleda, abogado del expresidente procesado, explicó que una vez que el Tribunal declaró la validez de todo lo actuado al revocar la nulidad, se entenderían que rechazaron las 22 nulidades planteadas por las defensas y lo que restaría en la audiencia preparatoria de juicio es discutir la acusación fiscal que se presente.

“En la audiencia preparatoria de juicio presentaremos todos los elementos de descargo, a fin de que se considere que las conductas de nuestros defendidos no se adecuan al tipo penal de delincuencia organizada”, apuntó Arboleda.

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La nueva jueza en su providencia aclara que una vez observada la disponibilidad de agendamiento de audiencias y con la finalidad de que no existan dilaciones y no interferir en la defensa de los abogados de los procesados en el patrocinio que tienen por otras causas, se señaló el viernes 10, el sábado 11 y el domingo 12 de septiembre próximos para que se dé la audiencia oral, pública y contradictoria.

Lara advirtió a los sujetos procesales que no se aceptará un diferimiento en la presente causa, en razón de que existen personas privadas de su libertad y además les anunció a los abogados de las diferentes defensas que en el caso de no comparecer a la audiencia, la misma se llevará a efecto con la intervención de un defensor público. (I)

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