8 sentenciados por asesinato y 6 por robo, entre las 20 víctimas de la masacre en cárcel de Turi; de seguir disturbios en reclusorios, habrá más traslados a La Roca, insiste el Gobierno

De los 20 privados de la libertad que fueron asesinados en el Centro de Rehabilitación de Turi (Cuenca), el pasado domingo 3 de abril, ocho cumplían condena por asesinato, seis tenían sentencia por robo, uno fue hallado culpable por narcotráfico y otros cinco no reportaban causas penales en sus registros judiciales.

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William Tenorio Chiquito, de 34 años, pasó los últimos once años de su vida en prisión. En 2011 recibió una pena de seis años de reclusión por robo y al salir, en 2017, cometió el mismo delito, pero en esta ocasión su víctima murió al recibir un impacto de bala cuando se resistió al robo de sus pertenencias, en una lavadora de carros. Lo condenaron a 34 años y 8 meses de prisión. Además, en 2018 le impusieron 20 meses más por tenencia de droga.

Por asesinato también habían sido sentenciados Kevin Culcay Reyna, uno de los seis decapitados durante la masacre, a 26 años de reclusión (2019); Carlos Triana Quinto, también 26 años (2020); Rubén Burgos Pinea y Víctor Gualán Quichimbo, 25 años (2015 y 2012); mientras que Wilson Chafla Pérez, Jorge Parra Cedillo y Carlos Portocarrero Jaramillo fueron condenados a 16 años. Todos tenían, además, otros antecedentes delictivos.

De los seis sentenciados por robo, dos estaban a pocos meses de cumplir sus penas. Ledín Lara García fue sentenciado el año pasado a 16 meses de prisión, que se cumpliría en julio próximo. Le faltaban tres meses para recuperar su libertad. Antes ya había cumplido dos condenas por robo, de un año en 2017 y 18 meses en 2012, y otra de tres días de reclusión por una contravención de tránsito.

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En tanto que a Carlos Crespo Morán le quedaban dos meses para dejar el encierro, de acuerdo con los procesos penales en su contra que figuran en la Función Judicial. Él permaneció prisionero 20 meses (entre 2020 y 2021) por robo y dos años y ocho meses por ataque o resistencia, hasta junio próximo.

A Juan Guagua Bolaños, de 46 años, lo declararon culpable de cuatro delitos en los últimos once años, según los registros judiciales. En 2011 le dieron seis años de privación de libertad por robarle a un policía su carro y arma de dotación, pero el mismo año le rebajaron la pena a un año y seis meses.

Luego, en 2012 estuvo preso por asociación ilícita y, al recuperar su libertad, en 2015 fue apresado por robo y obtuvo una sanción de 9 años y cuatro meses. Dos años después, en 2017, lo sentenciaron por tenencia de droga a 18 meses de encarcelamiento luego de encontrar 33,8 gramos de cocaína en un condón que sostenía en la mano.

En 2019, Juan Chimborazo Guachamboza fue declarado culpable por haber participado en el robo a un taxista. En ese proceso se detalla que él y otros sujetos amedrentaron con un pico de botella al conductor (2018), por lo que lo sancionaron a 9 años y cuatro meses de prisión.

A Ronal Heras Astudillo le impusieron siete años por robo en 2019 y cuatro meses adicionales por ingresar droga a la cárcel en 2017; mientras que José Alvarado Monserrate registra un proceso abierto por violación a la propiedad privada en 2021, dos sentencias por el mismo delito en 2019 que sumaban diez meses y por robo en 2014 le dieron un año de prisión.

Víctor Rosado Burgos fue el único de los fallecidos en la masacre que registraba sentencia por tráfico ilícito de drogas. En 2016 dictaminaron su culpabilidad por trasladar siete paquetes de cocaína (3.890 g) y dos de marihuana (1.865 g) en una maleta, mientras viajaba en un bus de transporte público de Loja a Cuenca. Por este delito obtuvo una pena de 17 años, cuatro meses y un día de prisión.

Ya en el reclusorio le encontraron un celular en su celda, delito por el que le dieron cuatro meses más de prisión en 2019.

Winston Calderón Orozco, Jorge Cortez León, Juan Guerrero Rodríguez, Patricio Vargas Vargas y José Tello Pidru son los cinco privados de libertad que no registraban procesos penales en la Función Judicial, con la excepción de dos de ellos que recibieron condenas por contravenciones de tránsito de pocos días.

Tres de ellos, además, habían sido denunciados ante la Fiscalía por presunto robo, tenencia de armas, acuerdo de mediación para pago de pensión alimenticia, entre otros.

Estos veinte masacrados en la cárcel de Turi se suman a los 33 presos que fueron asesinados hace algo más de un año, en febrero de 2021, en un motín simultáneo coordinado por las organizaciones criminales que operan dentro de las prisiones. Hubo en total 80 muertos.

“El Gobierno debe responder ¿quién les mete el armamento?”, expresó el familiar de uno de los reclusos fallecidos, quien al igual que otros deudos responsabilizan al Estado por las muertes dentro de prisión, sitio donde deberían –según coinciden– “salir rehabilitados, no muertos”.

En este reciente caso, la matanza se habría suscitado por una pugna de poderes entre los Lobos y uno de sus coidearios, los llamados R7.

“Hay una organización que quiere tener un poder absoluto en el interior del centro y hay unas células que se han rebelado contra ellos”, sostuvo el ministro del Interior, Patricio Carrillo, luego de estos crímenes.

Una de las medidas para frenar la escalada de violencia fue el traslado de cinco privados de libertad, que serían cabecillas de varias agrupaciones (Lobos, R7, Chone Killer), al reclusorio de máxima seguridad de Guayaquil, La Roca.

Ellos son alias Ariel, Gato Runy, San Andrés, Mojón y Anchundia, los dos últimos constan como sospechosos del asesinato de los 20 reclusos en la denuncia que presentó la Fiscalía el 4 de abril.

Durante esta semana, el Gobierno nacional ha señalado que en caso de mantenerse los hechos violentos en los reclusorios del país, continuarán los traslados de los líderes de las bandas delictivas a La Roca.

En ello insistió este viernes el presidente de la República, Guillermo Lasso, durante el anuncio de varias acciones para contrarrestar la ola delictiva que se vive en el Puerto Principal.

“Está muy clara la orden que se cumplirá en todo el país: los reos que provoquen disturbios o hechos de violencia serán trasladados a La Roca, para que cumplan sus condenas bajo medidas de seguridad que no se han visto en el Ecuador hasta el momento. Respetaremos todos los derechos humanos de los detenidos, pero los que no respeten los derechos humanos de los demás serán llevados a La Roca”, aseveró el mandatario. (I)