Sus sueños de enseñar y de motivar a más generaciones a estudiar quedaron truncados la noche del domingo 7 de noviembre cuando su esposo la mató al asestarle al menos cinco puñaladas en medio de una discusión, en su casa, en la coop. Carlos Castro 2, en el Guasmo, sur de Guayaquil.

Lidia Falcones, de 52 años, era profesora de una escuela del sector y es una de las víctimas recientes de la violencia hacia las mujeres que no para en el país y que llega a su grado más extremo en el momento en que se le arrebata la vida.

En Ecuador existe la figura del femicidio desde el 10 agosto de 2014, día que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que castiga con prisión de 22 a 26 años a quien le quite la vida a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Pero las penas pueden llegar hasta 40 años en el caso de existir agravantes como herir o matar también a otro miembro del núcleo familiar y otros contemplados en la legislatura.

Y aunque a lo largo de estos años se han presentado campañas, programas y planes para tratar de erradicar la violencia hacia la mujer, los casos y las cifras oficiales que se exponen evidencian el aumento de esta problemática, que se aborda también en el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se recuerda cada 25 de noviembre.

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En estos siete años, desde agosto del 2014 al corte del 7 de noviembre de 2021, se han procesado 508 casos solo por femicidios en Ecuador, sin contar las otras formas de muertes violentas de mujeres como asesinatos, violación con muerte, secuestro con muerte, sicariato, homicidio, abandono de persona con muerte y robo con muerte, según las estadísticas que tiene el Consejo de la Judicatura (CJ).

Contando los 755 casos de las otras formas de muertes violentas de mujeres en estos siete años de vigencia del COIP, en Ecuador se han registrado 1.263 víctimas de femicidios y de otros tipos de muertes violentas desde el 10 de agosto de 2014 hasta el corte del 7 de noviembre de 2021, de acuerdo con los datos del CJ.

En el 2019 fueron 149 las mujeres asesinadas, entre femicidios (62 casos procesados) y los otros tipos de muertes violentas (87 procesadas). En el 2020, la cifra subió a 165, de las cuales, 77 fueron solo femicidios y el resto (88), otros tipos de muertes violentas.

Y en lo que va de este 2021, se registran procesos por 196 mujeres que murieron de forma violenta. De estos, 57 son por femicidios y 139 por los otros tipos de muertes violentas, según la Judicatura.

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Para organizaciones y grupos de la sociedad civil que también llevan, por su cuenta, registros de femicidios y muertes violentas de mujeres, la situación es considerada como alarmante porque las cifras no bajan y porque ahora suben también otras formas de muertes violentas.

Ven con angustia el incremento de muertes violentas de mujeres por delincuencia organizada, en donde, dicen, los cuerpos de ellas son utilizados como “botines de guerra” para riñas y conflictos entre pandillas o bandas delictivas que usan armas y, por ende, hay y suben los casos de mujeres asesinadas a tiros.

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Para la Alianza para el mapeo de femicidios en Ecuador van 172 casos de femicidios en este año o muertes violentas de niñas y mujeres por razones de género del 1 de enero hasta el 15 de noviembre, según el registro de este grupo de la sociedad civil que considera a este 2021 como el más violento desde que se tipificó el femicidio en el país.

De estas 172 muertes violentas, la mayoría se concentran en Guayas, con 69 casos; seguido de Manabí y Pichincha, con 16 casos, respectivamente.

“El momento pospandémico lo que evidencia es que la violencia contra las mujeres es una problemática latente y que es necesaria una acción estatal coherente, concreta y con asignación presupuestaria suficiente y eficiente. No se puede pensar en un plan de igualdad de oportunidades sino se piensa en cómo mitigar y prevenir la violencia contra las mujeres en Ecuador”, dice Geraldina Guerra, de la Alianza para el Mapeo de Femicidios en Ecuador.

Ella agrega que el Estado tiene una deuda con las víctimas de violencia, incluyendo a las niñas y adolescentes, y que el Gobierno necesita invertir presupuestos suficientes y a tiempo para superar problemas y limitantes como el tener una sola trabajadora social para cubrir tres cantones en el noroccidente de Pichincha, como ejemplo.

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Para los grupos defensores de los derechos de la mujer es urgente el llamado de alerta roja para las autoridades estatales que tienen competencia en la ruta de atención a las víctimas de violencia para lograr una acción efectiva en todos los territorios, tanto urbanos como rurales.

Esto porque las mujeres acuden a pedir ayuda, pero no serían atendidas eficientemente, asegura, y pone de ejemplo al sector rural, donde sostiene que hay tenientes políticos y funcionarios de Fiscalía que no atenderían con celeridad los casos, ni para emitir boletas de auxilio en zonas rurales como las de los cantones de Pichincha.

Piden más funcionarios públicos capacitados y especializados, que estén desde el momento en que ocurren los hechos, como en los casos de femicidios, donde se requiere de un equipo del sistema de justicia y de seguridad para levantar todos los indicios necesarios y hacer la investigación “desde una perspectiva de género y especialización para el abordaje de víctima”, dicen mujeres de estos grupos de la sociedad civil.

También solicitan que instituciones públicas como la Policía nacional cuenten con sistemas informáticos actualizados y modernos que le permitan conocer a la autoridad o al funcionario en el momento del acto si aquella víctima tenía una boleta de auxilio, una denuncia puesta, entre otros detalles, adicional a la coordinación de la investigación entre las partes, agrega Geraldina Guerra.

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María Josefa Coronel, directora del Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayas, dice que la violencia contra la mujer es un tema complejo, puesto que ha sido y es normalizada incluso por mujeres, y esto impide que muchas reconozcan que son agredidas, que pongan las respectivas denuncias y continúen con los procesos.

Coincide también con Guerra en que hay limitantes en esta ruta de atención porque se necesitan equipos especializados y capacitados que puedan determinar y diferenciar la violencia contra la mujer (física, psicológica...) en todos los niveles y espacios, desde Policía, equipos técnicos, funcionarios de Fiscalía y también de Judicatura.

Cuenta que como el fiscal es el dueño de la investigación, este debe llevar al juez todos los elementos probatorios del delito de violencia contra la mujer.

Para Coronel, incluso ni los jueces están sensibilizados y capacitados lo suficiente en estos casos, y los que están completamente capacitados para esto no se abastecen para atender la alta demanda de casos de violencia contra la mujer.

Pone de ejemplo los ingresos en el mes de octubre en Guayas, en la Judicatura. Solo en las unidades de Guayaquil ingresaron 1.058 causas por violencia hacia la mujer. De estas, 777 causas ingresaron como denuncias de primera acogida o por abogados. Y 291 causas ingresaron como solicitud de medidas de protección por Fiscalía.

A la semana ingresan un promedio de 212 causas por violencia de género en las unidades de la Judicatura solo de Guayaquil. De estas, 155 ingresan por denuncias de primera acogida por acción de abogado particular, y 57 a la semana como solicitud de medidas de protección (que son urgentes o de emergencia para salvar en ese momento la vida de aquella mujer).

Ante estas cifras, Coronel dice que ya han entablado reuniones para ver qué otras medidas pueden adoptarse.

El 27 de septiembre último, el presidente de la República, Guillermo Lasso, activó el llamado Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres, que incluye la puesta en marcha, en el plazo de un año, del denominado Registro Único de Violencia (RUV), que buscaría lograr “cero femicidios en el país”. (I)