Wilma Salgado, experta en temas financieros, fue invitada por la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), parte de las organizaciones del sector social que participan en los diálogos de pacificación (luego del paro de 18 días), para asesorarlos sobre pedidos puntuales que tenían que ver con moratoria de las deudas, condonación de deudas e intereses. Ella cuenta cómo se desarrolló el proceso de diálogo y los logros que se alcanzaron pese a que siempre pueden quedar temas pendientes.

¿Cómo evalúa el proceso de diálogo y los logros alcanzados como asesora del sector social?

Yo considero que se atendieron los pedidos de las organizaciones, quedaron otros temas que se iban planteando por fuera. Realmente lo importante fue tener claridad de objetivos. A mí me dieron una instrucción por parte de la Fenocin, que fue la organización que me pidió apoyo técnico a fin de que ayude como técnica: se buscaba la moratoria de un año para deudas vencidas con el sector financiero privado, cooperativas y banca pública, para segmentos de microcrédito, productivo de pequeñas y medianas empresas y educativo que se habían otorgado a personas naturales y organizaciones. Moratoria es lo mismo que periodo de gracia y esto se consiguió. También se buscaba que se eliminen los gastos judiciales y los intereses de mora. Se ha atendido en los gastos judiciales.

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¿Pero el tema de los intereses?

En esto hubo una dificultad, pues se buscaba la condonación de intereses. Se explicó en las mesas que el 71 % del microcrédito entregan las cooperativas y que estas se financian con los ahorros de los depositantes. Ese ahorro es el que se presta en los créditos. En este sentido se explicó que la autoridad no puede ordenar: ‘Condónense los intereses de las deudas’, pues a su vez también se debería dejar de pagar los intereses a los ahorristas. Por esto se explicó que son negociaciones caso por caso tanto para la banca pública como la privada y cooperativas. Muchos delegados de las organizaciones insistían en que la banca privada diga cuánto va a condonar. Los dirigentes dijeron que pedirán una reunión especial con el representante de la banca privada para obtener más compromisos. La banca ha indicado que va a acoger todas las disposiciones de la Junta.

¿Al final quedó una leve sensación de insatisfacción entonces?

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Yo sí me pongo en los zapatos de los otros, son mundos diferentes. Yo estoy familiarizada con la terminología, conozco a las instituciones, he sido gerenta de la AGD y soy investigadora. Pero desde el sector social existe una desconfianza de los delegados en las instituciones, pues les han fallado. Ellos decían que no se les está dando moratoria, y en verdad sí se les otorgó, pues moratoria es igual a periodo de gracia. Pero también hubo ciertos pedidos que ya no estaban dentro de los temas de discusión acordados. Por ejemplo, decían que de una vez se traten temas referentes a las tasas de interés de los créditos. Esto ya salía del ámbito de la mesa que era alivio financiero para las familias con créditos vencidos. Incluso el compañero Leonidas Iza indicó que no se podía salir de la agenda.

¿Qué se consiguió en el tema de la refinanciación o reestructuración de las deudas?

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Uno de los pedidos era que tras la refinanciación, quienes se acojan a este tema sigan siendo sujetos de crédito; de lo contrario, solo se refinancia. Pero si se ha perdido una cosecha o una microempresa, ha perdido su capital, se necesitan más recursos para seguir operando, es decir, se necesita oxígeno, recursos frescos. Al momento se consiguió que con la solicitud de renegociación que presente el deudor ante el acreedor se le elimine el historial crediticio de deudor moroso y obtenga una calificación de riesgo A1. Entonces el deudor puede pedir más recursos en la misma institución o en otra. También se dejó sentado en las mesas técnicas que la renegociación es un derecho de todo deudor. La banca y las cooperativas dieron a conocer información importante sobre la renegociación de deudas aun antes de que exista esta resolución de la Junta acordada en la mesa de negociaciones. Lo nuevo del acuerdo es que en esta resolución se permite renegociar con deudores que ya estaban fuera de esta posibilidad porque ya habían renegociado dos veces, el máximo permitido por la norma vigente. Ahora pueden presentar una tercera o hasta una cuarta renegociación.

¿Cuál es el plazo para la renegociación?

El plazo para presentar la solicitud es hasta el 31 de diciembre del 2022. Las autoridades consideraron que era mejor no seguir generando expectativas para el 2023. Sobre todo para no afectar la buena cultura de pago que existe, especialmente en los sectores de menores recursos, los microempresarios y beneficiarios del microcrédito son los mejores pagadores. Sobre este tema, sí se mencionó en la mesa que sería bueno que se hagan los mismos esfuerzos para conservar la cultura de pago en el tema de impuestos. Las remisiones han perdonado altos volúmenes de intereses, multas y recargos.

¿Satisface el incremento de montos de recursos para prestar que ha anunciado el Gobierno?

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BanEcuador se ha comprometido a poner nuevas líneas de crédito. Esta política se complementa con la disposición acordada por la Junta Financiera de borrar el historial crediticio de quienes se acerquen a renegociar sus deudas. Se plantean $ 200 millones más en créditos inferiores a $ 5.000 que tienen un interés del 1 % a 30 años y habría otros $ 100 millones para créditos desde $ 5.000 a $ 20.000 que tendrán un interés del 5 % a 10 años plazo. En este tema hubo delegados de la Amazonía que plantearon el problema de que en muchos de los casos no se podían cumplir los requisitos, pues les piden título de propiedad y ellos no lo tienen ya que son tierras comunitarias. Pero además hay casos de personas que no tienen ni agua ni luz en sus territorios, entonces BanEcuador accedió a flexibilizar y ya no pedirá la planilla de servicios. Solo se pide cédula de identidad, de votación o medio de localización o ubicación de la vivienda.

¿Desde cuándo se puede acceder a los créditos nuevos?

El Decreto 284 del 10 de diciembre del 2021 para los créditos al 1 % y el Decreto 456 del 18 de junio del 2022 para los créditos al 5 % están vigentes. Sin embargo, deben darse ciertos trámites, por ejemplo, para incrementar las líneas de crédito el Ministerio de Economía y Finanzas debe dar un informe favorable, pues para tener las tasas de 1 % necesariamente se requiere un subsidio por parte del Estado. La Junta también debe emitir la resolución respectiva. Así funcionan las instituciones.

¿Cómo funcionarán las veedurías que se han acordado como parte de los acuerdos?

Justamente frente a la preocupación del sector social de que todo lo que se ha discutido pudiera quedar solo en el papel, BanEcuador se comprometió a que se incluirá a los delegados que designen las tres organizaciones: Conaie, Feine y Fenocin, para que sean veedores sobre el cumplimiento de los acuerdos. Además, los organismos de control, como son las superintendencias de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria, deben vigilar el cumplimiento y pedir a las entidades que mensualmente informen sobre el tema.

Pese a las dudas generadas, ¿los resultados de la mesa ya son definitivos?

Sí. La mesa está cerrada, pero siempre entiendo que las organizaciones pueden plantear otras aspiraciones. Ha sido una experiencia interesante, pues hubo predisposición de escucharse de lado y lado. Este ejercicio se debería mantener al menos una vez por año para que así el Gobierno capte cuál es la problemática en territorio y que se haga un seguimiento para que no haya necesidad de ninguna movilización. (I)