Según ley, empresas de telefonía deberán incorporar planes para acumular minutos de llamadas, mensajes de texto y megas de datos no usados

La Ley orgánica para defender los derechos de los clientes del sistema financiero nacional y evitar cobros indebidos y servicios no solicitados fue publicada el viernes 11 de febrero del 2022 en el Registro Oficial.

El documento contiene dos capítulos: el primero, con reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero; y el segundo, sobre reformas a la Ley de Defensa del Consumidor, así como a la de Telecomunicaciones.

En el primer caso se establece, por ejemplo, que las entidades financieras realicen estrictos controles sobre los servicios que brinden a través de banca electrónica y demás canales electrónicos, e implementen las seguridades adecuadas y suficientes para precautelar los recursos de los usuarios o clientes.

Se incluyó el principio propersona, es decir, que ante dudas se las resolverá velando por los derechos de los usuarios y clientes.

Ley para combatir los abusos en el sistema financiero irá al Registro Oficia

En el segundo caso, sobre cambios a la Ley de Defensa del Consumidor: las ofertas no solicitadas no se podrán realizar fuera de los días laborables, es decir, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 20:00, salvo pedido expreso del cliente. Además, toda llamada telefónica deberá proceder de un número identificable.

Acerca de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones, las empresas que prestan servicio de telefonía móvil podrán establecer planes de pospago y prepago o una combinación de ambos y están obligadas a incorporar, como parte de su oferta comercial, planes que permitan que los minutos de las llamadas, mensajes de texto y megas de datos no utilizados en el periodo de facturación en curso o incluidos en dicho plan se acumulen para el siguiente periodo de facturación.

El pasado 2 de febrero, con 123 votos afirmativos el pleno de la Asamblea Nacional ratificó 20 artículos del proyecto y con 134 votos se allanó a doce sugerencias planteadas en la objeción parcial del Ejecutivo.