Transferencias por $ 630 millones entregó el fisco a empresas públicas en tres años, revela el ministro Simón Cueva

El Estado entregó, entre 2018 y lo que va del 2021, transferencias a las empresas públicas por un monto de $ 630 millones. Además, entre el 2018 y el 2020 las empresas públicas generaron resultados negativos por un total de $ 490 millones. Así lo explicó el ministro de Economía, Simón Cueva, como parte de su diagnóstico sobre las empresas públicas. El ministro acudió esta mañana a la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Daniel Noboa Azín, dentro del tratamiento que están realizando para la reforma a la Ley de Empresas Públicas.

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En el Ecuador, el Ejecutivo ha creado 24 empresas públicas, de las cuales 13 están activas, 8 en liquidación y 3 extintas. El hecho de que la gran mayoría de ellas haya generado resultados en contra lleva al Gobierno a replantear el esquema actual en su institucionalidad, el gobierno corporativo, controles y competitividad.

De acuerdo con los datos del Ministerio, entre las empresas en liquidación que requirieron las transferencias están Ecuador Estratégico ($ 197,2 millones), Tame ($ 71,3 millones) y medios públicos ($ 61,8 millones). Las empresas que están activas, por su parte, habían recibido un monto total de $ 209 millones.

Para Cueva, las cifras revelan que las empresas bajo la actual normativa son altamente dependientes de recursos fiscales, que de manera general han ido para mantener altas nóminas salariales e ineficiencia en la operación.

La idea entonces es que las empresas pasen de ser dependientes de los recursos del fisco a ser autosostenibles, de tener un manejo bajo objetivos políticos a objetivos empresariales. De ser hacedoras de políticas a tener un rol instrumental de la ejecución de política pública, de ser financistas del Estado a ser gestoras de recursos.

Entre las principales propuestas para la normativa se indicó que las empresas deben tener un control parecido o análogo al que tienen las empresas privadas en el campo fiscal. Así se propone que estas entreguen un aporte del 36,25 % sobre los excedentes que generen. Deben presentar información y tener reglas claras y predecibles, sin discrecionalidad. También tener un control transparente bajo el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías. La inversión de remanentes de excedentes deberá trasladarse a proyectos estratégicos.

Se plantea que existan directorios conformados por personas profesionales en la materia y no necesariamente por los ministros del ramo, pues puede generar conflicto de intereses.

En lo laboral se propone que los salarios de las empresas públicas estén acordes con el mercado, con techos de gasto dentro del esquema oficial. En 2019 había más de 39.958 empleados en estas empresas, para el 2021 la cifra se ha reducido a 29.113. El gasto en nómina también se ha reducido: de $ 914 millones a $ 775 millones, respectivamente.

A más de las 24 empresas públicas de la Función Ejecutiva, en el país existen 275 empresas creadas por los Gobiernos autónomos descentralizados y 35 por universidades.