Los subsidios de combustibles llegaron a $ 4.560 millones en 2022. Se trata de una cifra récord que duplica lo gastado en este mismo rubro en 2021, cuando fueron $ 2.214 millones. Mientras los subsidios de combustibles representan una fuerte presión fiscal, el proceso de focalización de dicho subsidio –que implica la exclusión del beneficio de quienes no lo necesitan– que fue pactado en las mesas de diálogo entre indígenas y Gobierno no parece tener una ruta despejada, ante la complejidad tecnológica y la necesidad de cambios en normativa, lo que genera un proceso pausado, no ágil.

Pese a ello, de acuerdo con el Gobierno, un plan piloto para la focalización de los combustibles podría estar listo ya en gasolineras en septiembre u octubre del 2023. Así lo afirmó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, quien además dijo que se han hecho algunos avances en esta materia, parte de los acuerdos de las mesas de diálogo de octubre pasado. Esto, según sus declaraciones dadas a Ecuavisa.

Darío Herrera indicó que el tema de la focalización de subsidios es complejo y que requerirá la implementación de procesos tecnológicos para poder realizar la exclusión de los beneficiarios del subsidio, como se lo planteó en los acuerdos. También aclaró que él ya dejó de liderar la mesa de subsidios y que ahora la coordinación está a cargo del Ministerio de Finanzas, junto con otras entidades gubernamentales, como Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio de Producción, el propio Ministerio de Obras Públicas, entre otros.

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Según Herrera, al momento existe una hoja de ruta con tiempos definidos y, por ejemplo, la Agencia de Regulación y Control (ARC) está trabajando con los proveedores de tecnología.

Uno de los avances en materia de subsidios sería, por ejemplo, haber retirado el subsidio a los camaroneros. Sin embargo, se ha conocido extraoficialmente que el Gobierno podría buscar otro tipo de optimización del subsidio con la focalización respecto al sector atunero, de etanol, GLP vehicular, entre otros.

Herrera aclaró que el subsidio a los camaroneros, pesqueros y atuneros no es tan alto como ha dicho el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Leonidas Iza había dicho también en Ecuavisa que el Estado paga $ 1.200 millones en subsidios para estos tres sectores y que arreglando este tema (retirando el subsidio) podrían entregar esos dineros a los pobres. En este sentido, Herrera dijo que en 2021 los subsidios para estos sectores pudieron haber llegado a $ 200 millones ($ 84,8 millones a camaroneros, $ 67 millones a pesqueros y $ 38 millones al sector atunero) y calculó que en 2022 podrían haberse duplicado por efectos de los precios a nivel internacional, y por lo tanto haber llegado máximo a $ 400 millones.

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Entre tanto, la viceministra de Gobierno, Ana Changuín, comentó que el control sobre el cumplimiento de acuerdos sí está avanzando y que la Mesa de Energía y Recursos Naturales se reunirá el próximo 9 de febrero. Changuín dijo que al momento se están llevando a cabo las jornadas de la segunda mesa de seguimiento que empezó a reunirse desde el 17 de enero. Esta mesa tiene la tarea de semaforizar y revisar el cumplimiento de los acuerdos.

La viceministra recordó que existen 218 acuerdos y 44 desacuerdos. Hay 136 acuerdos que son de carácter colaborativo, es decir, que se deben trabajar entre el Gobierno y las organizaciones sociales. De esta manera, dijo que se han reunido siete de ocho mesas de implementación, con la finalidad de elaborar una hoja de ruta para los 136 acuerdos colaborativos. Sobre el tema específico de subsidios, “existe un cronograma interno y estamos dentro del plazo para trabajar”, dijo.

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La mirada de Herrera y Changuín no coincide con la de Henry Llanes, quien fue asesor del bloque social (sector indígena) en el proceso de diálogo en el tema de subsidios y en la mesa de actividades extractivas. Al ser consultado si ha habido algún tipo de avance en el tema de la focalización, responde que no. Asegura que se debía crear una mesa de evaluación y seguimiento general integrada por las organizaciones sociales con el Gobierno en función de un cronograma de trabajo, pero esto no ha ocurrido. Llanes comenta que esta semana, del lado de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), se hizo una evaluación de lo que se ha cumplido o no sobre los acuerdos. Según cuenta, la conclusión fue que lo único cumplido hasta el momento es el congelamiento de los precios de combustibles.

De esta manera, dice que no se ha avanzado en el tema de establecer la focalización en función de ingresos, propiedad según número de carros o cilindraje de los vehículos, como se había acordado. Llanes indica que Petroecuador era la entidad que iba a elaborar los términos de referencia para la implementación de plataformas informáticas y adjudicar a través de un proceso de licitación. Pero además reconoce que hay obstáculos para implementar la focalización. Uno de ellos -dice- es que no se accedió a bajar los precios de la gasolina regular y del diésel a $ 2,10 y $ 1,50. Además asegura que aunque se llegara a implementar el plan piloto, el Gobierno está prohibido de invertir en empresas privadas. Y esto impediría que les entregaran a las estaciones privadas la plataforma tecnológica para la focalización. Para ello debería haber una reforma legal primero.

“No es una cuestión de soplar y hacer botellas”, indica Llanes sobre la implementación de la focalización, además asegura que lo importante ha sido mantener el congelamiento de los precios al menos hasta que termine el periodo del presidente Guillermo Lasso.

En cuanto a la mesa 5, que tiene que ver con reformas a las leyes de hidrocarburos, minera, de consulta previa y de reforma a la ley de la Amazonía, dice que ha habido “cero avance”. Considera que el mayor problema es que el Gobierno no tiene capacidad para un manejo político serio, responsable y metodológico.

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Por su parte, Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), comenta que en una reunión que tuvieron con el ministro Fernando Santos hace algunas semanas les indicó que apenas se instalen las mesas técnicas ellos iban a ser invitados. Sin embargo, dice que al momento esto no ha ocurrido, por lo que supone que dichas mesas aún no se han iniciado.

Erazo señala que el ministro está consciente de que el sector de los distribuidores es clave en el proceso de la focalización. Además asegura que la implementación es lo más difícil, justamente porque es necesario identificar quién debe ser o no beneficiario. El modelo acordado que es de exclusión genera muchos problemas de aplicabilidad, dice. Esperan ser llamados a las mesas técnicas pronto y mantienen la expectativa de que “después de tanto diálogo ya haya alguna propuesta en firme”. (I)