El secretario de la Asociación Público Privada y Gestión Delegada, Roberto Salas, habla sobre los objetivos y cambios que se registran en la Ley de Inversiones, que fue recientemente entregada a la Asamblea para su tratamiento urgente. Considera que esta ley otorga a un inversionista seguridad jurídica, más transparencia, más agilidad por la reducción de pasos (de 20 a 15 pasos) y un sistema amplio para resolución de controversias. Salas considera que son buenas noticias para generar confianza en el contexto ecuatoriano y poner al país en el radar de los inversionistas, “que sepan que están relacionándose con un país serio”. Así se podrán concretar proyectos en “beneficio del empleo y la mejora de servicios para los ecuatorianos”.

¿Cuál es la diferencia entre las Asociaciones Público Privadas y la gestión delegada?

La gestión delegada a privados es un concepto paraguas de la inversión pública. Los proyectos púbicos con gestión delegada se pueden dar a través de distintos contratos: unos son de participación, otros de servicios, concesiones administrativas, emisión de títulos habilitantes, concesiones mineras. Otro de los contratos es la Asociación Público Privada o APP. Normalmente, este último se lo adopta en proyectos que no son estratégicos o que no tienen una normativa propia para sus procesos. Los sectores estratégicos tienen una normativa que tiene sus propias particularidades, por ejemplo, se indica que se puede delegar de manera excepcional. En el caso de los otros sectores como servicios públicos, transporte, infraestructura de carreteras, puertos, aeropuertos, infraestructura escolar, hospitalaria, pasan a ser regulados por esta nueva ley y la figura de APP que se aplica en los sectores que no tienen regulación específica.

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¿Por qué es necesario ir hacia estas figuras?

Las inversiones públicas tienen dos formas. La primera es a través de una contratación pública típica, que es con presupuesto del Estado y que el Estado compra a sus proveedores. La segunda es cuando el Estado no tiene recursos, pero sí tiene una necesidad de obras, infraestructura o servicios, para lo cual opta por hacer un contrato entre una entidad púbica y un actor privado de la economía popular y solidaria. En este modelo se viabiliza la obra, y asumen riesgos y roles tanto el sector público como el privado. Esto le permite al Estado transferir riesgos y roles. En este modelo se debe definir cómo se paga una retribución razonable y justa al asociado.

¿Cuál es la diferencia de la ley sobre APP y gestión delegada, con respecto a lo que ya existía en las leyes productivas?

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En el 2015 se emitió la Ley de Incentivos de APP que, a nuestro criterio, generó alrededor de cinco proyectos de APP: tres puertos, una carretera y un dragado. Estos cinco proyectos que fueron aprobados hasta 2017 fueron hechos con normas secundarias laxas y a partir de entonces ha habido tres reglamentos. El último del 2020 aún no ha sido usado. El cambio ahora busca generar una nueva ola de APP, pero que este cuerpo normativo regule todas las actividades de gestión delgada y de las APP para que pueda dar más seguridad jurídica, que vengan proyectos, se generen contratos, obras, y con ellas servicios a los ciudadanos y, por supuesto, al final del día que haya mayor generación de empleos.

Usted ha dicho que los proyectos de gestión delegada o sea los estratégicos continuarán con la misma normativa propia, pero sí deberán ir a un registro, ¿para qué sirve esto?

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El registro nos ayuda en tres cosas. Mejorar la planificación de los proyectos públicos, pues actualmente no existe un registro estructurado de manera plurianual. Además se pueden priorizar los proyectos, y un tercer elemento es que poniendo todos los proyectos en una sola plataforma podemos incrementar la transparencia de los mismos para que cualquier inversionista conozca su situación, cuándo serán licitados, entre otros temas.

Desde el gobierno de Lenín Moreno y luego con el del presidente Guillermo Lasso se ha estado hablando de la necesidad de concesionar Sacha, la refinería de Esmeraldas, repotenciar la Termogás Machala y han venido avanzando en estos temas. ¿Qué pasará con estos proyectos?

La mayoría de estas iniciativas y otras más se establecieron en un primer catálogo de $ 30.000 millones que se conocieron en el Open for Business. Creemos que una cosa es tener identificados proyectos y otra cosa es gestionarlos para que se conviertan en contratos y obras. Lo que buscamos ahora es darle esa capacidad de gestión al Gobierno. Para ello se necesitan tres factores: un marco regulatorio que permita ganar en seguridad jurídica, tener proyectos bien estructurados y robustos que devengan en buenas licitaciones y buenos contratos. En tercer lugar, tener una capacidad de atracción suficiente para que vengan los inversionistas y los financistas.

Con esta ley más potente, ¿cuántas APP cree usted que pueden ser posibles lograr en un año o dos y cuáles son a los que usted le apuesta saldrán más pronto?

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El objetivo es $ 30.000 millones en proyectos con contratos realizados. De estos, los más adelantados son los energéticos, de energías renovables, donde ya hay seis proyectos: tres por firmar contratos y tres con licitaciones. También está el sector de minería con proyectos que se deben ir concretando. Hay otros proyectos hidroeléctricos como Cardenillo y Santiago, que aún deben estructurarse y tomarán más tiempo. Otros temas de infraestructura como el quinto puente o el ferrocarril y que son de alto impacto, aún deben esperar a que el Estado defina lo que necesita. Ambos estarán en licitación a inicios del 2023. Así, en 2022, los proyectos de energía y mineros serán protagonistas de un esquema de crecimiento de la inversión. Luego el sector de hidrocarburos con la recuperación de pozos, refinerías, y para el año 2023 vendrán las carreteras, el quinto puente, el ferrocarril.

Usted indica que el financiamiento es una parte clave de los proyectos. ¿Qué ha pasado con el financiamiento de la DFC, entidad con la que el Gobierno anterior firmó un convenio?

El Gobierno norteamericano lanzó un importante programa de infraestructura para EE. UU. y la región, lo cual es muy positivo para poder incorporarlo como fuente de financiamiento para los proyectos de infraestructura del país. El B3W (Build, Back, Better Word) es un proyecto que ha sido bien recibido y que está en su proceso de implementación.

¿Cómo afecta al país el tema de la restricción del financiamiento, por ejemplo, de bancos europeos a temas como proyectos hidrocarburíferos de la Amazonía ecuatoriana?

La tendencia de financiamiento internacional está yendo a tecnologías renovables, eso es muy claro. Esto ocurre sobre todo en la banca multilateral de desarrollo y una parte del sistema financiero. Sin embargo, sigue habiendo financiamiento para optimización del sector hidrocaburífero como apoyo a la transición ordenada. (I)