Gonzalo Villa Manosalvas se había olvidado de que hace unos tres años ganó en una subasta dos palcos en el estadio de su equipo de fútbol preferido, Emelec. El jueves de la semana pasada recordó esa compra.

”La verdad, que usted me hace acuerdo, yo ya me había olvidado”, dijo Villa cuando este Diario le consultó sobre la subasta de noviembre del 2019 en la que se le adjudicaron en $ 1.027 los palcos D22 y D23.

No solo la pandemia retrasó la entrega. “Yo dejé pagada una cuota inicial. Como son dos puestos, pagué al Municipio una cantidad de $ 500, así es la historia. Al querer hacer el traspaso, había un impedimento, porque el dueño anterior no había entregado unos papeles. Cuando estaba haciendo esos trámites cayó la pandemia, no me he preocupado. Ya que usted me lo dice, voy a preguntar”, contó este profesor universitario de 63 años.

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Gonzalo hizo la compra en una subasta que organizó la Corporación Financiera Nacional (CFN) con los bienes que esta entidad ha recibido como ‘dación en pago’, una figura comercial mediante la cual se acepta -de común acuerdo- un bien que ofrece un deudor al acreedor (entidad financiera) a cambio de saldar una deuda que no se ha cancelado en el tiempo establecido.

Al menos diez bienes subastados están pendientes de entrega, como en el caso de Gonzalo, según un informe de la CFN vigente a marzo pasado. Las propiedades suman $ 347.280 y corresponden al periodo 2005-2021. “El adjudicatario no realizó la entrega de la protocolización del acta de adjudicación en el término de 60 días después de la adjudicación ni durante los días de prórroga que le fue concedido por tema de pandemia, por lo que se pondrá en conocimiento de la Junta de subasta para tomar decisión”, señala ese informe sobre el proceso de Gonzalo.

Ahí constan también, sin recibir el bien adjudicado, René Lalama y Hugo Franco, quienes compraron ese año un palco, el F79 y el G63, en $ 513 cada uno. Franco falleció en junio, su hijo Hugo se acercó a preguntar al estadio, pero desconocía que la compra se dio en una subasta de la CFN. “Ah, no sabía que debía ir allá, pero ahora que usted me dice, mañana voy”, dijo Hugo a EL UNIVERSO.

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En mayo, la CFN realizó su primera subasta del 2022 y nuevamente ofertó los palcos de Emelec, unos 235 que aún le quedaban en la calle Pío Montúfar, además de una decena de lotes, oficinas y edificaciones, y 38 obras de arte. Todo sumaba $ 14 millones.

Emelec entregó a la CFN 700 palcos, algunos están detrás de un arco, del lado de la calle Pío Montúfar. Foto: API Foto: API

Al término de la jornada, se vendieron 2 palcos, avaluados cada uno en $ 1.260, dos bienes y un cuadro del pintor Gilberto Almeida. A la CFN aún le quedan 233 palcos por vender, de los 700 que recibió el 15 de diciembre de 2003, como parte de una deuda de $ 724.000 con el Club Sport Emelec.

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Al cabo de 18 años, la CFN no ha recuperado lo que le adeudaba Emelec -aún están pendientes $ 300.000- sino que, por el contrario, debido a la posesión de esos palcos incurre en gastos relacionados con las subastas (publicidad, avisos, logística) y con el pago de alícuotas mensuales de esas sillas ubicadas en el sector de Pío Montúfar, un área detrás de uno de los arcos del estadio, cuya demanda -indicó un empleado del club- “es muy inferior, porque no tiene una vista preferencial”.

”Ellos (CFN) están poco a poco vendiendo a través de subastas, y ahí nos piden las cartas de que no están debiendo las alícuotas, ese es uno de los procedimientos para la compraventa, notarizar y todo”, dijo Alfredo Torres, administrador del estadio Capwell.

Los bienes aceptados como ‘dación en pago’, en las últimas dos décadas, forman parte de la problemática que enfrenta la CFN, entidad que ha iniciado juicios coactivos por $ 354 millones debido a créditos impagos de sus 94 mayores deudores, que suman -con intereses- unos $ 520 millones.

La CFN ha recibido 1.482 bienes a cambio de $ 29,1 millones, según un informe de esa entidad con fecha de marzo pasado. De estos, $ 16,2 millones están disponibles para subastas y $ 12,1 no están aptos.

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En este segundo grupo constan, por ejemplo, lotes que están a la espera de documentación, que tienen doble catastro, que han sido invadidos o que están en litigio; y que comprenden solares en Jaramijó (Manabí), predios rústicos en la vía Guayaquil-Salinas, parcelas de terreno en Catamayo (Loja) o predios en lotizaciones de Pallatanga (Chimborazo).

La dación en pago se aplica cuando se puede disponer de los activos al servicio del interés general, como oficinas, un edificio, tal vez un complejo recreacional. Es absurdo que la CFN acepte unos palcos, porque no los va a poder destinar a ningún fin institucional

Andrés Moreta, experto en Derecho Administrativo.

Lo mismo ocurre con 38 obras de arte aceptadas por la CFN a tres entidades financieras y que aún no ha logrado vender. Las obras están avaluadas en $ 103.888. Dos fueron dadas por el extinto Solbanco en el 2010 (suman $ 16.000), 19 las entregó la financiera Tecfinsa también en 2010 (equivalen a $ 16.347) y las 17 restantes las dio Ecuacambio en 2016 y que valen $ 71.541.

Entre ellas están, por ejemplo, dos obras del pintor y muralista lojano Eduardo Kingman, ambas valoradas en $ 41.000. Cuidar por más de diez años estas obras ha significado costos para la CFN, por ejemplo, de un programa anual de seguros.

El plan para proteger este año los bienes propios y las daciones en pago, que incluye las pinturas, está a cargo de Seguros La Unión y le cuesta a la CFN y al país $ 512.000. ”Si una obra de arte se rompe o se la roban, el seguro la protege. La CFN lo asegura hasta el día en que se subasta el bien y se lo entregan al nuevo propietario”, explicó un funcionario de la entidad, quien mencionó más problemas con daciones en pago que no se han podido vender.

Hay un bien en Plaza Triángulo que fue entregado en la época de los bancos, pero se trata de una plazoleta que funciona como área común, es un corredor que lo dieron como parte de pago a la CFN, pero no se puede usar o vender, porque se dejaría sin salida a los locales que están alrededor del corredor

Funcionario de la CFN.

Así mismo, puso de ejemplo otro terreno aceptado por la CFN, pero adonde no se puede llegar sino en helicóptero, pues no tiene caminos de acceso.

La CFN es propietaria de la plazoleta en el primer piso del centro comercial Plaza Triángulo, ubicado en Urdesa Norte. Foto: Cortesía Foto: El Universo

La plazoleta a la que se refiere el funcionario, ubicada en Plaza Triángulo, en Urdesa Central, fue entregada por Financorp en septiembre del 2010 para cubrir con ella $ 32.864 de una deuda mayor.

En sus informes, la CFN califica esta operación con la letra “E”, con la que se ubican las deudas que tienen una probabilidad de pérdida superior al 80 %. Con esa misma calificación hay siete terrenos aceptados por CFN en 2018 de parte del Fideicomiso Mercantil Playas, por $ 3 millones.

”Desde el punto de vista físico, resulta ilógico, y desde el punto de vista jurídico: ¿por qué la CFN está aceptando esos bienes? En los palcos o en la plazoleta, yo no veo ninguna utilidad. Hay un contrasentido, si querían vender los palcos tenían que embargar y rematar, no aceptarlo como dación en pago”, explica el experto en Derecho Administrativo Andrés Moreta.

La diferencia radica -agrega el jurista- en que, al embargar un bien, “el deudor se mantiene como deudor” hasta que se ejecute el remate y la entidad pueda recuperar lo prestado. Mientras eso ocurre, la CFN no incurre en gastos por el cuidado o remate de ese bien, sino que por el contrario esos gastos se endosan al deudor, a quien incluso se le cobran los intereses durante el tiempo que el bien sea rematado. (I)

CFN ha recibido $ 3 millones por siniestros desde el 2014; la mayoría fueron por daños causados en el terremoto

A $ 81 millones ascienden los bienes de la Corporación Financiera Nacional (CFN). El 64 % ($ 52 millones) corresponde a edificios, oficinas, vehículos y equipos tecnológicos de la institución, y el restante 36 % ($ 29 millones) son inmuebles entregados por clientes deudores como parte de pago.

Estas propiedades están incluidas en el seguro contratado con la compañía La Unión por $ 512.465 desde diciembre pasado y por un lapso de un año. La póliza entre la CFN y la aseguradora tiene coberturas contra robo por hasta $ 150.000, rotura de maquinaria por $ 500.000, este mismo rubro se cubrirá en caso de incendio, y por responsabilidad civil (muerte o lesiones) se reconocerán $ 30.000, entre otras.

En los últimos ocho años, entre el 2014 y el 2021, la Corporación ha reportado 266 siniestros o afectaciones en sus bienes que superan los $ 3 millones, monto que las aseguradoras han cancelado a la CFN. La mayoría de estos sucesos, según registros de la institución, fueron causados por fenómenos naturales, como sismos, inundaciones y erupciones volcánicas, por un total de $ 1,7 millones.

El terremoto de magnitud 7,8, que en 2016 provocó devastación en varias ciudades costeras del país, afectó a 17 infraestructuras y equipos de la CFN, entre ellas el edificio matriz de la CFN en Guayaquil por $ 706.293 y seis propiedades en Portoviejo, Manta y Jipijapa (Manabí), que sumaron $ 735.666, entre otros.

Los ‘accidentes’ y las ‘negligencias’ ocupan la segunda y tercera causa de estas eventualidades, que entre las dos alcanzaron cerca de $ 1 millón. Entre ellas constan, por ejemplo, bienes ($ 116.026) que se destruyeron con el volcamiento de un vehículo en la vía Gualaceo, Pichincha, y la desaparición de 47 laptops ($ 85.939) de las propias instalaciones de la CFN, lo que fue catalogado por la entidad como “deshonestidad de empleados”.

Los daños fortuitos y los robos son otros justificativos por los que la Corporación recuperó $ 301.574. Ahí se incluye, por ejemplo, el asalto de un tractor ($ 101.231) en Babahoyo (Los Ríos) y el robo de un auto ($ 19.600) con la muerte del conductor en Quito (Pichincha).

En 2016 se registró la mayor siniestralidad de la institución por el terremoto. Los siguientes años, los valores variaron entre $ 20.205, en 2017, y $ 169.463, en 2018. Los últimos dos años, desde que se registró la pandemia del COVID-19, los reclamos disminuyeron a $ 30.000.

El 2021 fue el año con menos eventos, apenas dos por daños del parabrisas de un carro y de los vidrios de un edificio, que sumaron $ 137. Hubo, también, otros cuatro siniestros: hurtos, choque de auto y daños de computadora y aparato de climatización, que no han sido pagados.

En total, las aseguradoras mantienen reclamos abiertos o pendientes por $ 11.477 desde el 2019, como la afectación de un bien por inundación en el cantón Rumiñahui (Pichincha) y la caída y daños de cuatro computadoras portátiles en las oficinas de Guayaquil y Quito. (I)

Junta de subastas analiza si acepta dación en pago

La decisión de aceptar un bien como pago por una deuda pasa por una Junta de Subasta, que la forman gerencias de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y la aprueba su directorio, señalaron funcionarios de la CFN.

“Ahí está el gerente administrativo, gerente general, gerente de negocios”, explicaron. La Junta de Subasta analiza informes jurídicos, técnicos y de avalúo del bien, luego prepara un informe que se presenta al directorio de la entidad, quien toma la decisión.

“Una vez que se acepta la dación en pago, el bien pasa a la CFN y al área administrativa para que cuide el bien. Después de eso viene el proceso de subasta, para que la gente presente su oferta en sobre cerrado”, explicaron.

Este año, en mayo, la CFN realizó su primera subasta de al menos cuatro que tiene previsto hacer este año. En 2020 se hicieron tres subastas, en febrero, agosto y noviembre. En la primera se publicaron 269 bienes, pero solo se adjudicó uno; en la segunda se ofrecieron 268 y también se vendió uno; mientras que en la tercera subasta se ofertaron 266 y se lograron vender 23 bienes. Se recaudaron ese año $ 186.613, de un total de $ 30 millones en bienes.

“Cada proceso toma tiempo, publicar en diarios, que salgan todas las autorizaciones; dura unos 60 días, por eso se buscaba uno cada trimestre”, dijo un empleado.

En 2021 hubo dos subastas. Se ofrecieron 298 bienes, por $ 20 millones. Se vendieron dos bienes, uno de ellos por $ 4,7 millones y que comprendía un macrolote con galpones industriales para procesar atún, en el km 12 de la vía a Daule, Guayas.

Hasta el cierre de esta edición, la CFN no atendió un pedido de información. El presidente de la CFN, Iván Andrade, “está en las mesas de diálogo”, se indicó. (I)