Pago de tarifa en Auca terminará siendo de $ 8.197 millones en contrato que incluye servicios, derecho intangible e IVA

Ecuador terminará cancelando $ 8.197 millones por la tarifa que se le paga a la empresa Shaya (filial de Schlumberger) para la explotación del Campo Auca. Este campo, que es muy productivo y parte de los campos maduros, conocidos como las Joyas de la Corona, se encuentra en manos de esa empresa privada con base en un contrato de Prestación de Servicios Integrados con Financiamiento, que incluyó $ 3.909 millones de inversiones y gastos operativos y $ 1.000 millones de un derecho contractual intangible. Esa cifra corresponde al precio de la tarifa por los servicios, una tarifa por concepto del derecho contractual intangible y el 12 % del IVA que se aplica a toda la operación.

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Hasta el momento, Petroecuador le ha pagado a la empresa privada entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2020 un total de $ 3.349,58 millones por concepto de tarifa para la explotación de Auca. Esta millonaria cifra corresponde a solo cinco de los 20 años de contrato que se firmó a mediados del 2015, en un momento cuando el Ecuador estaba urgido de dinero, en medio de una caída estrepitosa del precio del crudo, por lo que incluso habría desviado los $ 1.000 millones de derecho contractual intangible a gasto corriente y al pago de los bonos global 2015.

Lo sucedido con la operación con Campo Auca y las posibles afectaciones a los intereses del país están siendo investigados al momento en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, sobre todo luego de conocerse unos videos en los cuales el exvicepresidente Jorge Glas le instruía al también entonces director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), José Luis Cortázar, que no demande información a las petroleras encargadas de contratos, como Shushufindi, Libertador y Auca, en momentos en que este funcionario sospechaba que podría haber problemas con los cálculos de las tarifas y curva base.

En un informe oficial de Petroamazonas se observa cómo es la estructura de pagos, cómo se la ejecutó en los primeros cinco años y cómo se espera ejecutarla a futuro. Así, se indica que de acuerdo con la producción de barriles que osciló entre 22,35 millones y 27,62 millones por año, la tarifa a pagar anualmente fue de entre $ 536 millones y hasta $ 712 millones. Da un total de $ 3.125,53 en los cinco años. Sin embargo, a esta cifra se le suma el IVA del 12 % por servicios que asciende a $ 368,2 millones para un total de $ 3.493,73 millones. No obstante, tras ciertas contingencias legales, lo realmente pagado ha sido $ 3.349,58 millones, es decir, unos $ 100 millones menos.

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El pago del derecho contractual intangible por $ 1.000 millones genera varias inquietudes. Es que este pago se lo incluyó en la tarifa total. Así, según otro informe del exgerente de Petroamazonas Franklin Paredes, se puede observar que el pago de estos $ 1.000 millones se lo hace dentro de la tarifa establecida ($ 24 entre 2016 y 2018 y $ 25,80 desde 2019 al 2020). Este rubro tiene un trato diferente, pues se establece que tiene que pagarse un costo financiero. Así, entre 2016 y 2020, de los $ 24 se pagan $ 6,90 por cada barril. Esta cantidad se divide en dos rubros, una amortización del capital que es de $ 3,59 y el costo financiero que es de $ 3,10. Para el periodo 2021 a 2035 se pagan $ 6,94 por cada barril, de los cuales $ 3,71 son pago al capital y los $ 3,22 restantes son costo financiero. Así al final del contrato de 20 años se termina pagando por los $ 1.000 millones $ 1.865,47 millones: $ 1.000 millones de capital y $ 865,47 millones por intereses. Sin embargo, a esta cifra se le aplica el 12 % del IVA que asciende a $ 224 millones. Es decir, se termina pagando al 2035 un total de $ 2.089 millones.

Llama la atención que a este tramo que es un préstamo que ya incluye sus costos financieros también se le grave IVA. Sobre el tema, Luis Calero, experto petrolero, comentó que desde el 2015 cuando se firmó el contrato ya había advertido de que esto se trataba de un crédito simulado, sobre el cual la Contraloría hizo mutis por el foro y en vez de realizar una profunda investigación se pusieron a discutir sobre el significado de la palabra “intangible”. Respecto del pago del IVA, dice que esto se aplica a todo el paquete, debido a que ellos no le dieron tratamiento de un crédito, aunque se paguen los costos financieros correspondientes.

De acuerdo con Fernando Santos, exministro de Energía, este contrato fue especial pues combina el aspecto petrolero para el incremento de la producción con un anticipo financiero para darle alivio al Estado. Recalca que este tipo de figuras no estaban contempladas en la normativa ecuatoriana, sin embargo, considera que a la larga sí generó mayor producción e incluso le ayudó al Estado a que pudiera cumplir con sus apuros económicos, por ejemplo, en el pago de los bonos 2015. Cree que sin tomar en cuenta la tarifa de pago por los $ 1.000 millones, solo la tarifa de producción es bastante razonable y muy por debajo de los $ 39 y $ 30 que se habían fijado para las tarifas de Libertador y Shushufindi (cuyos consorcios también incluían a Schlumberger). Santos aseguró que Schlumberger es una empresa de altos estándares a nivel mundial.

El contrato se firmó en los últimos días de diciembre del 2015 en una ceremonia en la cual participaron el exvicepresidente Jorge Glas y Patrick Schorn, jefe operativo global de Schlumberger en ese momento. En realidad el convenio se suscribió con una empresa filial de Schlumberger, Shaya, creada en noviembre del 2015. Los representantes legales fueron por Petroamazonas José Icaza Romero y por Shaya, Hooma Sadrpanah.

Este Diario ha pedido una reacción al personal encargado de comunicación de Schlumberger, el cual ha indicado que entregará información sobre el tema, pero hasta el momento no ha ocurrido. (I)