Nueva demanda ambientalista para evitar explotación petrolera del ITT en defensa de los pueblos en aislamiento voluntario

La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador presentó el miércoles 1 de junio una acción de protección con medidas cautelares a favor de los pueblos en aislamiento voluntario (PIAV) ante la Corte Constitucional. La medida fue presentada contra el Estado ecuatoriano y la empresa pública Petroecuador debido a que el Gobierno continúa con la explotación petrolera en el ITT.

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De acuerdo con este colectivo ambientalista, la explotación es ilegal pues sería en el Yasuní, a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional y ofrecimientos de campaña de proteger a estos pueblos y de hacer la consulta de YASunidos.

La Corte Constitucional en su sentencia 28-19-IN, del 29 de septiembre del 2021, estableció que no se puede afectar a la franja de amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri y Taromenane (ZITT). Pero según los demandantes, el régimen del presidente Guillermo Lasso, al igual que el Gobierno anterior, construyeron las plataformas de Ishpingo A y B “con una licencia que flagrantemente reconoce que afecta los derechos de quienes habitan y transitan por dicha zona”.

El colectivo asegura que han tenido testimonio “de las y los compañeros waoranis que caminan por esa zona todos los días, que las construcciones de las plataformas del Ishpingo Norte como de la vía cercana afectan también a los pueblos aislados (PIAV), que se encuentran a escasos kilómetros de distancia”.

La Alianza dijo tener varios documentos oficiales del Gobierno actual que demuestran la presencia de pueblos aislados en esta zona.

Para los demandantes, la explotación en el ITT se realiza sin ningún control, por ejemplo, la Asamblea Nacional, que es la entidad obligada a verificar el cumplimiento de las condiciones para la declaratoria de interés nacional, no lo ha hecho, como tampoco ha cumplido sus obligaciones de control el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, ni de las de protección la Secretaría de Derechos Humanos, aseguraron.

En este sentido, la demanda indica que se han vulnerado los derechos de los pueblos aislados, a través del incumplimiento de ciertas medidas de protección establecidas en la Declaratoria de Interés Nacional:

1. Que no exista una zona de afectación mayor a 300 hectáreas.

2. La presentación semestral de informes sobre el cumplimiento de la declaratoria.

3. Que la empresa que explota estos bloques sea la petrolera estatal. La explotación la está haciendo la empresa china CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited (CCDC).

4. El uso de la mejor tecnología disponible (se continúan construyendo carreteras, mecheros, generadores de energía, etc.).

Sobre estos temas, Petroecuador explicó en un comunicado oficial que para las operaciones en el Bloque 43, ITT, ubicado en la provincia de Orellana, cuenta con la Licencia Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo de las plataformas Ishpingo A y B, la cual fue emitida por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica el 31 de mayo de 2019.

Aclaró que se han intervenido 5,9 hectáreas de las 10 permitidas para esta zona, cumpliendo lo que establece la Constitución, la normativa ambiental y la Declaratoria de Interés Nacional que rige sobre los bloques 31 y 43. También indicó que las plataformas de Ishpingo A y B se encuentran fuera de las zonas de amortiguamiento e intangible del Parque Nacional Yasuní.

Además, para este proyecto EP Petroecuador utiliza la mejor tecnología disponible y realiza constantes monitoreos bióticos para verificar la salud de la flora y fauna existente en la zona.

Esta iniciativa ambiental ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales, como el Reconocimiento Verde al uso de bandejas ecológicas, construcción de geocontenedores, puentes de dosel, así como Premios Latinoamérica en la categoría producción y consumo responsable, entre otros, dijo Petroecuador.

También se indicó que la empresa china que está participando en la operación está contratada para realizar la perforación, pero la operación integral es responsabilidad de Petroecuador.