A dos meses y medio de que se termine el Gobierno, el ministro del Trabajo, Andrés Isch, tiene la agenda copada, entre un juicio político impulsado en la Asamblea, la organización de la transición gubernamental, conseguir recursos para los bonos ofrecidos, el trámite de la Ley de Economía Violeta y el diálogo sobre reforma laboral. Por ello, Isch dice que comparecerá a la Asamblea para atender los requerimientos del juicio, pero no permitirá que este, que asegura no tiene sustento y es más un show político, lo distraiga de las tareas encomendadas.

¿Cómo avanza el proceso de transición gubernamental que le fue encargado a usted?

Bastante bien. La primera fase de “preempalme” está prácticamente terminada, se ha logrado hacer un levantamiento de la información que se requería, con el apoyo del PNUD. Se espera terminar antes del 9 de abril. Una vez que se conozca al nuevo presidente electo se realizará la fase de “empalme”. Por transparencia hemos querido hacerlo sin importar quién gane. La idea es tener toda la información subida en la plataforma para que el nuevo presidente pueda iniciar la fase de empalme, de tal manera que el 24 de mayo ya tengan conocimiento de la institucionalidad y no pierdan un solo día de trabajo.

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¿En qué consiste la información que se le entregará al nuevo presidente?

Lo que se ha hecho es tomar las 110 iniciativas que son las más importantes en conjunto con bases de datos, contratos, proyectos normativos en construcción y un capítulo especial sobre el COVID-19 y el plan de vacunación. Esta información completa se le va a entregar al nuevo Gobierno para que no pierda tiempo levantándola y empapándose del estado de las cosas. Se le entregará una plataforma para que sea fácil hacer el seguimiento.

¿La fase de empalme empieza desde que se conoce al ganador, es decir, luego de la segunda vuelta?

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Sí, la fase de empalme aterriza el plan del nuevo Gobierno en las instituciones. Y hemos pensado en un tercer momento de comunicación directa entre las instituciones entre las autoridades salientes con las nuevas autoridades del Gobierno, en todos los ministerios y demás entidades.

Otro de los compromisos antes de terminar el ciclo de gobierno era dejar una probable reforma laboral, producto de un diálogo social. ¿Cuál ha sido el avance?

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Hemos avanzado mucho. “Juntos por el trabajo” ha recibido la participación de más de 9.000 representantes de organizaciones, expertos, ciudadanos, empresarios, microempresarios, sindicalistas, empleados, desempleados informales. Las propuestas presentadas se han sistematizado con universidades y se lo está aterrizando en normas específicas. Ya estamos en la última fase que es diseñar o redactar la norma para tener la propuesta de reforma. Este documento tiene una legitimidad por parte de la sociedad civil. Y con este se puede conversar con las distintas bancadas, para saber si hay la disposición de discutir en esta Asamblea o de dejarla para la próxima.

¿Qué pasa con el pago del bono de $ 500 de desempleo ofrecido para estos días?

Esto requiere un decreto ejecutivo, que se está ajustando. Este va a salir como pago por proyecto de inversión. No es un procedimiento fácil porque el Código de Planificación de las Finanzas establece requisitos rígidos. Pero ya está en la fase final.

El bono de $ 200 para servidores públicos ha tenido un retraso, ¿qué pasó?

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El de primera línea tiene un proceso diferente, requiere también de un instrumento que sale desde Presidencia. Se lo va a tratar como una remuneración extraordinaria, como gasto corriente. El decreto del desempleo y el de primera línea van a salir juntos.

Se ha dicho que el principal problema que ha frenado el bono para los servidores de primera línea es que está prohibido recibir bonos o compensaciones. ¿Cómo se resolverá?

No es una compensación sino una remuneración extraordinaria. El mandato 2 permite pagar remuneraciones extraordinarias, no es bono de desempeño ni nada parecido. Así se lo va a hacer. Esperamos que en los próximos días se concrete, pero no va a demorar. (I)