Este martes 25 de octubre vence el plazo para que el sector empresarial y el de los trabajadores entreguen al director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Diego Salgado, los nombres de los nuevos representantes al Consejo Directivo del IESS. Ellos reemplazarán a César Rodríguez (vocal de empresarios) y Luis Clavijo (vocal de trabajadores) que han sido cuestionados y que han permanecido en sus cargos por más de diez años. Este lunes se espera que tanto los trabajadores como los empleadores anuncien los nombres de los designados (un vocal principal y su suplente).

Así, el proceso establecido a través del Decreto 571, emitido el 3 de octubre por el presidente Guillermo Lasso, que dio una salida jurídica para el recambio de los vocales y que daba un plazo de quince días para presentar a los nuevos vocales nombrados, culminaría con éxito.

Cada uno de los sectores, empleador y trabajador, llevaron adelante sus propios procesos de selección. Este viernes, Leandro Briones, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción, anunció que ya llegaron a un consenso, aunque el anuncio de los nombres del vocal y su alterno se hará este 24 de octubre en una rueda de prensa.

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Previamente se realizó una convocatoria para el 13 de octubre en dos periódicos a nivel nacional a los representantes de las federaciones, para analizar y generar un reglamento interno para definir cómo debían realizar la elección de su delegado. Así se acordó contratar a una empresa internacional para que elija el mejor perfil y que cada una de las federaciones entregue tres candidatos como máximo.

Hubo ocho candidatos propuestos, tres desde el gremio de Industrias, tres por la Federación de Comercio y dos de la Cámara de Construcción. Ellos se sometieron a una preselección de la cual salieron tres finalistas y luego los tres participaron de manera individual en entrevistas.

Las hojas de vida debían ser revisadas por la empresa Cornestone, para realizar una elección 100 % técnica y no política. Los candidatos debían entender sobre temas de seguridad social, de valores, pues se debe llevar adelante la tarea de buscar un modelo sostenible, trabajar en temas actuariales, de modernización del IESS. Entre tanto, este 21 de octubre se realizó la reunión en la Cámara de Comercio de Guayaquil y se nombró de manera unánime al vocal y a su suplente. Al ser consultado sobre cuál es el motivo de la ausencia de los representantes de la Federación de la Pequeña Industria y de Agricultura, Briones dijo desconocer por qué no acudieron a la convocatoria pública, y aseguró que el nombramiento es válido pues se habla de una mayoría simple.

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En el caso de los trabajadores, el decreto indicaba que el vocal y su suplente debían ser elegidos por las centrales sindicales legalmente reconocidas, la Confederación Nacional de Servidores Públicos, la Unión Nacional de Educadores, la Confederación Nacional de Jubilados y las organizaciones legalmente constituidas de afiliados al Seguro Social Campesino. Édgar Sarango, de la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), informó que el viernes se reunieron y alcanzaron varios acuerdos. “Existen algunos acuerdos establecidos, pero el lunes daremos una rueda de prensa en la Confederación de Jubilados del Ecuador (CJE). En el sector de trabajadores se barajaban nombres como el de Ramiro García, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha Ricard Gómez por la CUT y Ramiro Beltrán, jubilado.

Por su parte, Briones recordó que en noviembre del 2021 arrancó todo un proceso para conocer la situación del IESS, y por ello se contactó con las diversas cámaras. Ahí pudo conocer cómo fue elegido el actual vocal, César Rodríguez, en el 2012. Y el pronunciamiento de la Corte Constitucional declarando la inconstitucionalidad de una parte del artículo 2 de la ley del IESS, en su sentencia del 2016, que obligaba a la Asamblea a emitir una ley de designación del Consejo Directivo que contemple una mayor inclusión de los diversos actores del sector empresarial y de trabajadores. Sin embargo, explicó que dado que la Corte indicó que dicha inconstitucionalidad era diferida, hasta que la Asamblea emitiera dicha ley, entonces no se pudo realizar el recambio necesario. Así los vocales quedaron en funciones prorrogadas por una década. En este sentido, los mismos empresarios ya generaron una salida jurídica que más tarde fue aceptada por los trabajadores y el Gobierno y que se tradujo en el Decreto 571. (I)