Ley urgente del Ejecutivo recibe críticas y pedidos de cambios para evitar contracción y afectación a la clase media

Al proyecto urgente de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, en el primer día de comparecencias en la mesa legislativa de Desarrollo, le cayó una lluvia de críticas y observaciones de parte de expertos económicos y tributarios con quienes arrancó el análisis y debate que contribuirá para la construcción del informe para primer debate en los próximos nueve días.

Las críticas se centraron en la tabla de aportaciones tributarias de las personas naturales, el impuesto patrimonial y la eliminación de deducciones de gastos personales, pues advierten del riesgo de contraer la economía, informalizar el comercio y desincentivar la inversión en el país.

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Tras la primera ronda de comparecencias, la asambleísta Wilma Andrade (ID), presidenta encargada de la comisión legislativa, señaló que las observaciones realizadas por los expertos tributaristas serán analizadas y algunas incorporadas para el debate del proyecto.

Lo que llama la atención, añadió la legisladora, es el impuesto referido a las personas naturales que ganan más de $ 2.000 mensuales, sin que se generen las deducciones como existía antes, lo cual atentaría a la formalidad del tema tributario.

Es posible buscar un equilibrio, dijo la representante nacional, pues si se amplía la base contributiva podrían bajar los porcentajes en lo que significa las contribuciones patrimoniales. En algunas exposiciones realizadas existen razón y fundamento, manifestó, ya que ella coincide en la necesidad de revisar la eliminación de los deducibles, porque si no se terminará afectando a la clase media, se contraerá la economía y bajará el consumo.

Andrade consideró que la propuesta ambiciosa del Gobierno de obtener $ 1.800 millones, con la aprobación del proyecto de Desarrollo Económico, tendrá que aterrizar de manera más realista, debe evitar la contracción económica y ser menos dramática para algunas personas.

La comisión continuará este fin de semana en sesiones permanentes con comparecencias del sector empresarial y a partir del lunes acudirán los representantes económicos y del sector financiero del Gobierno.

Juan Francisco Jaramillo, experto tributario, comenzó su exposición señalando que el proyecto tiene cosas rescatables que se deberían apoyar como la inclusión de la transacción como forma de extinción de las obligaciones tributarias, lo cual permitirá resolver los conflictos entre el contribuyente y el sujeto activo como recaudador.

Pero respecto a la carga tributaria hacia las personas naturales, que según la propuesta significaría cerca de $ 800 millones, Jaramillo señaló que esta parte de definiciones erradas porque se dice que únicamente afectará al 3,4 % de los ecuatorianos, pero que ese grupo de personas pertenece a la clase media que es la que mueve la economía del país, que tienen ingresos entre $ 2.500 y $ 5.000 mensuales, pero a su vez tiene un cierto tipo de confort y puede educar a sus hijos en un colegio privado o contratar seguros privados, y eso es consumo y reactivación de la economía formal del país.

Estas personas, añadió, no deben ser castigadas con más impuestos y si quieren mantener la tabla impositiva propuesta en el proyecto debe aplicarse el sistema de deducciones para ese sector de personas, pues cuando se tienen gastos se piden facturas y eso formaliza el comercio, y eso genera impuestos indirectos, puntualizó.

Roberto Silva, experto tributario, también sostuvo que el impuesto a la renta para las personas naturales como está planteado en el proyecto pretende regresar a lo que estaba fijado en el 2007, donde no había deducciones de gastos personales como vivienda, salud, educación y vestimenta. Y eso sería un retroceso.

Además sugirió a la comisión revisar la tabla de compensaciones para las personas naturales, pues afirma que debe ser una tabla técnicamente revisada. Que no debe gravarse tanto a la clase media, que al momento no tiene un ahorro.

Para el expresidente de la Cámara de Quito Patricio Alarcón, el objetivo de la reforma del Gobierno es netamente recaudatorio, va en contra de la reactivación económica y la formalización de la economía, y sostuvo que en el Presupuesto General del Estado no se ve un esfuerzo compartido con el Estado que incrementa alrededor de $ 2.000 millones para el próximo año.

En torno al impuesto al patrimonio, Alarcón aseguró que es nocivo para el ahorro y desincentiva la inversión en el Ecuador, porque en el 2022 las empresas deberán pagar tres impuestos: impuesto al patrimonio, impuesto a la renta y el impuesto que se creó en la Ley de Simplicidad Tributaria, lo cual implica menos liquidez. Dijo que es una irresponsabilidad incluir a las empresas que no generaron ganancias entre las que tienen que pagar el impuesto al patrimonio.

Sobre el impuesto a la renta de las personas naturales, según Alarcón, es una reforma peligrosa e inconsistente con la intención de tener un sistema tributario eficiente y progresivo, pues alienta la informalidad y se convierte en confiscatorio, llegando a un 37 % de impuesto en varios rangos, pues se elimina el derecho a las deducciones. Esta reforma no debe pasar, insistió.

La presidenta del Colegio de Contadores de Pichincha, Cristina Trujillo, advirtió a los legisladores que la eliminación de las deducciones de gastos personales afectará a la cultura tributaria de los ecuatorianos que exigen cotidianamente las facturas porque sirven para deducir el pago de impuesto a la renta; por lo tanto, si se está generando una tabla más alta para el impuesto a la renta, se tiene que mantener los gastos personales como actualmente lo contempla la Ley.

Lo que observa el analista económico Francisco Swett, en la Ley urgente, es que no hay más que una sola mención de crecimiento económico en la exposición de motivos, cuando es el crecimiento económico el que posibilita la creación del millón de empleos que fue la promesa de campaña del actual gobierno. Que solo con el crecimiento económico se resuelve el problema fiscal, pues sostuvo que los impuestos no crean valor agregado, simplemente transfieren los recursos de los contribuyentes al Estado.

Javier Robalino Orellana, experto tributario, pidió a la comisión legislativa que medite sobre el efecto económico del incremento del impuesto a la renta a la clase media y además sobre la eliminación de las deducciones de los gastos personales, pues a una persona de clase media con un salario medio se le va a dejar menos de $ 500 de deducción por rubros generales, y además si es asalariado no podrá deducir ni movilización ni otro tipo de gastos, dejando a esa persona sin ningún tipo de beneficio fiscal, recalcó.

También recomendó revisar la progresividad de la tabla impositiva del artículo 43 del proyecto del Ejecutivo, donde el segmento medio de la tabla altera el principio de progresividad generando un gravamen “muchísimo mayor en la clase media”, insistió.

Adicionalmente, Robalino afirmó que el proyecto de Ley en discusión establece varias normas que atentan contra la seguridad jurídica, la certeza y estabilidad de las inversiones realizadas en el Ecuador y de las inversiones en curso, pues en el país hay proyectos en desarrollo y licitaciones adjudicadas que se presentaron sobre la base de condiciones económicas que eran parte de la fórmula de equilibrio financiero aplicable a los contratos.

Pero que con la eliminación de los incentivos sin una clara transitoriedad en la Ley solo ahuyentará las inversiones, explicó Robalino; por lo tanto, dijo, es importante que la comisión trabaje en una disposición transitoria que reconozca las inversiones en curso. (I)