La ley urgente de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19, a más de la reforma tributaria, trae un capítulo importante referente a las inversiones. En ella se hacen a un lado una serie de incentivos que existían para las inversiones; establece nuevas reglas para los contratos petroleros e incluso introduce ciertos temas sobre las telecomunicaciones.

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De acuerdo con Napoleón Santamaría, experto tributario, la ley corrige un problema que se había generado desde el correísmo y que continuó durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno y era una suerte de “populismo tributario”.

Esto era aplicar exageradas concesiones tributarias. Efectivamente, hay cambios importantes al menos en dos leyes. En la Ley de Régimen Tributario Interno se establecían una serie de exenciones (no pagaban IR) para dividendos y utilidades para no residentes, dividendos que se reinvertían como utilidades, intereses de depósitos, inversiones no monetarias, indemnizaciones por seguros, entre otros. Dichas exenciones se eliminan.

Adicionalmente, se deja sin efecto la deducción del 100 % de los valores destinados para la compensación de estudiantes en formación dual por becas de educación.

En cambio, en la Ley para el Fomento Productivo se elimina la exoneración del IR por quince años para sectores priorizados y para industrias básicas. También se elimina la exoneración del impuesto a la salida de divisas (ISD) para quienes firmaban contratos de inversión y para quienes reinvirtieron el 50 % de sus utilidades.

Todas estas concesiones vigentes en la actualidad son extremadamente generosas, dice Santamaría. “Es como darles todo gratis, lo cual no es justo ni correcto. Como cuando uno invita a la casa y le toca pagar todo. Lo más lógico es pedirles a los amigos que lleven algo para picar al menos”, ejemplifica.

Estos incentivos se cambian en la propuesta de ley por dos incentivos más generales y simplificados. Las empresas que hagan nuevas inversiones podrán pagar 3 puntos menos en el impuesto a la renta (22 %) por quince años (o hasta que se dé recuperación de la inversión, lo que ocurra primero). Esta reducción podría ser de hasta 5 puntos menos si se trata de inversiones que tienen un contrato de inversión de por medio.

Las empresas tienen, en cambio, la posibilidad de beneficiarse de una reducción de impuestos por un 150 % por gastos de organización y patrocinio de eventos artísticos culturales y de producción de obras cinematográficas, también por el fomento de las artes, el cine y la innovación cultural. Además se podrá deducir el 100 % adicional para el cálculo de la base imponible por las donaciones, inversiones y o patrocinios para bioemprendimientos.

Así la nueva estructura de incentivos “es más sencilla para el inversionista, más justa para las arcas fiscales y más razonable para la equidad horizontal”, dice Santamaría. Adicionalmente, no afecta la estabilidad tributaria pues se establece que las empresas que han firmado contratos de inversión mantienen los beneficios vigentes hasta el término del contrato.

La propuesta también incluye reformas al tema hidrocarburífero. Así se introduce la posibilidad de migrar los contratos petroleros tanto de las actuales empresas privadas como en campos ahora manejados por Petroecuador.

Para Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, el país necesita mucha inversión en el sector petrolero y en la ley se visualizan una serie de reformas que podrían ser positivas. Sin embargo, considera que estas reformas llegan tarde y que ya no se podrán cosechar sus frutos en 2022, sino que podrían quedar para 2023. Esto porque las empresas petroleras interesadas ya habrían diseñado sus presupuestos en octubre. Si la ley se aprueba, las empresas podrán acogerse a los nuevos incentivos y condiciones contractuales a partir del 2023.

Santos considera que para que la inversión llegue se requiere más que una ley de este tipo, una reestructuración del aparato burocrático. Explica que si bien el Gobierno busca de manera justa atraer más inversión y el presidente Lasso se está moviendo de manera eficiente, la burocracia sigue retardada. Dijo que en 2019 ya se convocó a concursos de generación eléctrica limpia (eólico Villonaco y fotovoltaico en El Aromo), y a pesar de que estos ya se han concesionado a empresas españolas reconocidas, los procesos no avanzan por demoras burocráticas. También recuerda que en el tiempo del ministro Carlos Pérez se realizaron las rondas petroleras y se adjudicaron a empresas, sin embargo, las inversiones no terminan de llegar debido a que en el Ministerio del Ambiente no se emiten las licencias ambientales correspondientes.

“Si no se hace una reforma profunda a la maquinaria administrativa del área petrolera y minera, que mantiene a personal del correísmo, no va a haber avances”, asegura.

Considera que los incentivos tributarios no son un gran imán para las compañías. Por ejemplo, la reducción o hasta eliminación de impuestos no son tan atractivos, pues si no pagan impuestos en el Ecuador lo deben hacer en sus casas matrices. En cambio, para una empresa sería vital una burocracia ágil. Lamenta que en la ley no haya correctivos para este tipo de problemas burocráticos.

En cuanto a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se propone que con la finalidad de reducir la brecha digital, garantizar el servicio universal y la modernización del Estado a través del crecimiento tecnológico, los prestadores de servicios de telecomunicaciones podrán pagar hasta un 50 % de los valores correspondientes a las tarifas del uso de espectro radioeléctrico y la contribución del 1 % de los ingresos facturados con la implementación de proyectos de prioridad nacional, preferentemente destinados a mejorar la conectividad en áreas rurales.

Varios proyectos con participación privada, en carpeta

Para el año 2022 el Gobierno tiene en carpeta una serie de proyectos de monetización que implicarían inversiones del sector privado.

El Gobierno trabaja en la concesión de la administración de la Refinería de Esmeraldas. El proyecto ya ha puesto a la venta en el mercado internacional las bases del concurso, tras lo cual se espera que en los próximos meses se retome el proceso de licitación conjuntamente con la participación del Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas. Sobre el proyecto Termogás Machala se encuentra analizando una propuesta no solicitada para realizar la inversión necesaria para completar el ciclo combinado, la operación y mantenimiento de la central.

En cuanto al proyecto de Sopladora, el Estado contrató en el 2020 una banca de inversión que le permitió obtener los insumos necesarios para evaluar la conveniencia del desarrollo del mismo. El objetivo del proyecto sería realizar una licitación para la operación y el mantenimiento de la central hidroeléctrica. El último proyecto analizado para una posible monetización es el Terminal Marítimo Monteverde. Se analiza la recepción de una propuesta no solicitada con el objetivo de mejorar, operar y mantener el sistema de almacenamiento, transporte y distribución de GLP para la zona sur del país.

De manera adicional, este martes, la empresa ecuatoriana Siglocorp, especializada en estructuración de proyectos, y García Management y Consulting Group, empresa dedicada a la gestión y desarrollo de proyectos de inversiones en América Latina, presentarán a Frontera Capital Group, empresa boutique de inversiones con sede en Emiratos Árabes, que busca el desarrollo en las áreas hidroeléctrica, petrolera, minería, industria, infraestructura, vivienda y marítima.