Sin votos y sin certezas sobre los textos definitivos, la Asamblea Nacional abrió el segundo y definitivo debate del proyecto urgente de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, con el cual el Gobierno aspira a recaudar $ 1.900 millones en dos años a través de nuevos impuestos a las personas y al patrimonio.

El informe fue presentado por la mesa de Desarrollo Económico. La discusión se inició cuando quedan pocas horas para que venza el plazo que tiene la Asamblea para aprobarlo o archivarlo. Antes de la sesión del pleno, el sector productivo emitió una alerta porque no se incluyeron los acuerdos previos alcanzados en la mesa técnica que creó la comisión que tramitó la propuesta.

Sector productivo alerta sobre ley urgente cuando la Asamblea Nacional entra hoy a debatir la iniciativa del Ejecutivo

Dentro del Parlamento cada sector político afina su posición frente a la tesis del Gobierno y persisten las críticas sobre los nuevos impuestos que deberán pagar quienes ganen un sueldo mensual superior a los $ 2.600 y quienes tengan un patrimonio individual superior a $ 1 millón.

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En estos dos temas se centra la disputa política. Según los legisladores de Izquierda Democrática y Pachakutik, el Ejecutivo no cede en su propuesta por lo que surge una segunda opción, que sería recoger el informe de minoría del proyecto presentado por el correísmo y que tendría el respaldo de los socialcristianos, cuyo eje es no aprobar ningún impuesto.

Una tercera vía que empezó a analizarse es la posibilidad de presentar una moción de archivo del proyecto del Gobierno, para lo cual se necesitan también 70 votos. En Pachakutik se analiza esa opción.

Según lo acordado entre las autoridades legislativas y la comisión de Desarrollo Económico una vez cerrado el debate, el texto regresará a la mesa para en una sola sesión se analice y apruebe la incorporación de los cambios sugeridos. Si no hay votos para aprobar los cambios el asambleísta ponente tendrá la potestad de presentar el texto de votación al pleno, conforme lo determina el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

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El legislador ponente del informe, Francisco Jiménez (CREO), en el debate destacó que tres grandes libros contiene el proyecto. El primero se refiere a la contribución única a los grandes patrimonios y que tiene que llevarse a cabo en el 2022 y 2023, no hubo observaciones; el segundo trata sobre el régimen temporal para activos en el exterior, que tampoco tuvo mayores observaciones. Pero en el tercero se acumula la mayor cantidad de cambios, pues se reforman alrededor de 18 leyes.

Respecto al impuesto a la renta para personas naturales dijo que se mantienen los principios de progresividad y justicia, se ajustan los rangos y el planteamiento será que quienes pagarán un mayor impuesto serán aquellos que ganen un sueldo superior a los $ 2.600 mensuales, lo cual significa que 136.000 personas con renta entre $ 2.600 y $ 5.000 cancelarían $ 182 millones.

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Mientras tanto, 43.000 personas que ganan sobre los $ 5.000 mensuales cancelarían $ 270 millones, que es casi el 70 % de la recaudación que se espera. La deducción de gastos personales, según Jiménez, se mantendrá con un techo de $ 10.000.

El legislador señaló que la idea es votar por todo el proyecto, que por ahora no se ha previsto votar ni por libros ni por artículos, y aclaró que hay unas cuantas horas más para incorporar observaciones del debate. Dijo que tienen un plan B, ante un escenario de archivo del proyecto de Ley.

Uno de los bloques que al momento se mantiene dividido frente al proyecto urgente es Pachakutik, pues existen dos grupos: el primero lo componen al menos 15 legisladores liderados por Rafael Lucero, que está dispuesto a conversar y llegar a acuerdos sobre los textos definitivos del proyecto; pero hay otro grupo que se mantiene en la tesis de no aprobar impuestos.

El legislador Mario Ruiz manifestó que van a procurar votar en bloque, aunque si bien están juntos, como Pachakutik es diverso, hay pensamientos de un lado y otro.

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Lucero comentó que si tienen que votar se analizará la posibilidad de votar artículo por artículo, y eso dependerá de una decisión de la bancada.

La Izquierda Democrática a través de su coordinador, Alejandro Jaramillo, manifestó que ha presentado las observaciones para que sean recogidas por la comisión, como que pago adicional del impuesto a la renta sea para las personas naturales que ganen sobre los $ 3.500 mensuales. Y que sea temporal, del mismo modo que las contribuciones al patrimonio por dos años, hasta estabilizar la economía nacional.

También plantean que se excluya del cálculo para la contribución especial de patrimonio a las tierras agrícolas a nivel nacional, que se elimine por completo el capítulo relacionado a reformas al Código Monetario Financiero, y que se mantenga el impuesto a la renta.

La postura del socialcristianismo frente al proyecto de Ley urgente no cambiará respecto a no dar paso a la creación de nuevos impuestos, sostuvo el coordinador de la bancada, Esteban Torres, pero dijo que preocupa que la propuesta entre en vigencia por el ministerio de la Ley, tomando en cuenta que el sábado vence el plazo para aprobar la norma, y que al momento no hay votos. “Cuidado se esté jugando al ministerio de la Ley”.

El exsocialcristiano César Rohón habló de un posible limbo jurídico por la falta de votos para aprobar o archivar el proyecto.

El sector correísta, representado por la bancada Unión por la Esperanza, elaboró un informe de minoría en que se plantea la tesis de no más impuestos que coincide con el enunciado del PSC. Carlos Zambrano, delegado de UNES ante la Comisión de Desarrollo Económico, aclaró que no se oponen a un proyecto de Ley, pero no concuerdan en el 40 % de su contenido que se refiere a nuevos impuestos. (I)