Insistir en la propuesta con ciertos cambios, una consulta popular, dividir la ley, o cualquier otro mecanismo democrático que permite la legislación ecuatoriana son los escenarios que analizaría el Ejecutivo, frente a la no calificación de la Ley de Creación de Oportunidades que ha decidido el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Las autoridades de Gobierno aún no tienen definida cuál será la vía, pues aún esperan que el organismo les notifique oficialmente en los próximos cinco días hábiles. Luego de conocer los argumentos legales, se establecerán las estrategias.

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Consejo de Administración Legislativa devuelve al Ejecutivo el proyecto urgente Creando Oportunidades

En todo caso, ayer el presidente de la República, Guillermo Lasso, adelantó que “a pesar de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) nos ha devuelto el proyecto de Ley de Oportunidades, insistiremos en las bondades de un proyecto de ley que tiene por objetivo fundamental la creación de empleo, no puede ser que sigamos actuando con indiferencia frente a unos números que demuestran que el 70 % de ecuatorianos en condiciones de trabajar no tienen un empleo formal”.

Para Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), esta ley es positiva, no para el Gobierno, sino para el país, pues es una reforma laboral hacia el futuro, que busca sostenibilidad fiscal y aliento a las inversiones. Lo lamentable, dice, es que los políticos y la Asamblea no entiendan de estos temas y haya sucedido lo que se preveía y era que se rechazara esta denominada megaley.

Explica que el Gobierno podría enviar la ley fraccionada, considerando lo más urgente: primero la reforma tributaria, luego la laboral y una reforma para atraer las inversiones, todas con el carácter urgente.

El analista dice que la ley tributaria debería ser la primera, pues generará estabilidad fiscal y que baje riesgo país. Sin embargo, remarca que el Gobierno tenía razón en haber mandado la extensa ley, pues en ella se armonizan varios aspectos. Es que no se debe buscar la sostenibilidad fiscal, sin crecimiento, que son los dos puntos importantes para la creación de empleo.

A su criterio sí hay una unidad de materia, y una unidad de fines. Para Carrera, el problema de fondo es la precariedad de los análisis de los asambleístas. La mayoría no tiene idea del déficit fiscal, ni la entienden la dimensión de crisis: “Están de espaldas a la realidad”, asegura.

En otros posibles escenarios, Carrera asegura que se podría mandar la misma ley nuevamente, pero hacer una gran labor pedagógica de convencimiento en la Asamblea, a fin de que comprendan y cambien de criterio. Otra vía, según Carrera, sería la consulta popular. Y una más radical aún, dice, sería la muerte cruzada, pues dice: “El país no puede seguir secuestrado por el inmovilismo”.

Entre tanto, para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, el Gobierno debe revisar su estrategia, pues se equivocó al pensar que por enviar una reforma tributaria que podría resultar atractiva a los sectores progresistas (cobra más a los más ricos), también le iban a aceptar el tema laboral.

Considera que el Gobierno debe enviar tres leyes: una tributaria, otra laboral y todo lo demás relacionado con la inversión en un tercer bloque y buscar negociar con las diversas bancadas. Consideró que ya existe una experiencia previa en este sentido, cuando Lenín Moreno envió una ley grande sobre finanzas públicas y el Código Monetario y fue rechazada, pero al cabo del tiempo esta fue dividida en dos y se logró aprobar.

Aunque analistas y desde la propia Asamblea se habla del fraccionamiento de la ley. Desde el Gobierno no se considera que sea una buena opción dicha división, pues la han concebido como un todo, con un hilo conductor razonable, que topa varios puntos que se concatenan. La idea es destrabar los puntos que impiden a las empresas de diversos sectores invertir y así generar empleo.

De lo que se puede ver en la ley, existen temas como turismo que se reactiva a través los pilares laboral, tributario y de inversiones. Algo parecido sucede con el sector microempresario, artesanal y de negocios populares que tendrán un nuevo sistema de contribución tributaria, pero para el cual también se extienden temas laborales parecidos al del artesanal.

¿Qué dice la Constitución sobre la consulta popular desde el Ejecutivo?

1. De acuerdo con la Constitución, es una de las facultades del presidente de la República convocar a consulta popular “en los casos y con los requisitos previstos en la Constitución”.

2. Se indica que la presidenta o presidente de la República dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular “sobre los asuntos que estime convenientes”. Previamente se requerirá dictamen de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.

3. El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca la decisión presidencial, hará la convocatoria que deberá efectuarse en los siguientes 60 días.

4. Para la aprobación se requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos. El pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento.