Ni el fisco ni el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tienen recursos para cubrir el aumento salarial de los maestros y las jubilaciones anticipadas a las que estos se acojan amparados en la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

Es lo que concluyen dos informes elaborados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección Actuarial, Investigación y Estadística del Seguro Social.

Ambos documentos llegaron el pasado 11 de febrero a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional que, por disposición de la Corte Constitucional (CC), debe subsanar vacíos que esta halló en la norma, que entró en vigor el 19 de abril del año pasado.

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En agosto del 201, la CC declaró la constitucionalidad de la LOEI, pero suspendió la vigencia de los artículos relacionados con el aumento salarial (con un nuevo escalafón) y a la creación de un sistema especial de jubilación para los docentes. Argumentó que ni el Ejecutivo ni el Legislativo anteriores habían hecho un análisis de factibilidad financiera para identificar las fuentes de financiamiento.

Y le dio a la Asamblea un plazo de 30 días para que discuta y vote en dos debates los textos que ratifiquen o corrijan esos artículos. Dicho plazo empezó a correr desde la entrega de los informes técnicos de las instituciones involucradas, que tenían seis meses para elaborarlos.

El documento del MEF dice que el impacto presupuestario anual en lo que corresponde al nuevo escalafón sería de $ 2.175 millones. Esto “implicaría un incremento en el gasto público que afectaría el déficit fiscal existente”. “Los ingresos corrientes que financian el presupuesto general del Estado son insuficientes para poder cubrir el nuevo escalafón del magisterio. Adicionalmente, al ser un gasto permanente, de acuerdo con la regla fiscal constitucional, debe financiarse con ingresos permanente, esto es impuestos, tasas y contribuciones, a fin de evitar la afectación en la prestación de bienes y servicios públicos al reducir el espacio de otros rubros, como salud, bienestar social…”, indica.

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El gasto permanente del presupuesto es de 21.000 millones; el 41,5 % se destina a sueldos y salarios.

En el documento del IESS se menciona, asimismo, que existirían 18.665 docentes afiliados que podrían acogerse a la jubilación especial. Y que el costo financiero para la entidad para el pago de sus pensiones ascendería a $ 1.082 millones, “afectando con ello a las reservas del Seguro de Pensiones de todos los afiliados”.

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Además, la afectación al seguro de salud por la cobertura médica de estos jubilados ascendería a unos $ 23 millones; y a la par, solo en el primer año de vigencia de este esquema especializado, el IESS dejaría de recibir aportes por $ 266 millones.

La Comisión de Educación de la Asamblea conoció esos análisis el pasado 14 de febrero; y con base en ellos resolvió pedir a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, llamar al pleno al ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, y al presidente del directorio del IESS, Francisco Cepeda, para que expongan las cifras. Manuel Medina (PK), presidente de la mesa, indicó que ya habló con ella y que en breve hará la convocatoria.

En la misma resolución, según el legislador, solicitan a la Comisión de Régimen Económico que elabore también un informe en el que señalen si existen o no los recursos.

Él cree que sí hay dinero, pero que no hay voluntad política. Sin embargo, considera que si finalmente las autoridades insisten en que no existen los fondos para cubrir estos rubros, habría que elevar una consulta a la CC para que esta determine cómo debe proceder la Asamblea.

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En el interior de la Comisión también se habla de plantear un juicio político al ministro Cueva.

Desde el sector de los maestros, se rechazaron los informes del MEF y del IESS. Señalaron que los ingresos adicionales que está recibiendo el fisco por los altos precios del petróleo y el aumento de la recaudación tributaria deben destinarse para el pago de la deuda social y no para el pago de una injusta e inmoral deuda externa.

Y no descartan retomar las movilizaciones en las calles y las huelgas de hambre. (I)