Con el anuncio de “suspensión de los incrementos mensuales de los precios de los combustibles”, el gobierno de Guillermo Lasso dejó de lado la propuesta de focalización del subsidio de los combustibles (entregar el subsidio solo a quienes lo necesitan y que el resto pague el precio internacional) y fijó un precio para todos. Cambió el sistema de bandas que iba hacia la liberalización de los precios por una fijación del precio, aunque con un alza importante del diésel como ajuste final.

La decisión representa, por un lado, incumplir uno de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues la reducción de los subsidios era una de las herramientas para bajar el déficit fiscal. Sin embargo, por otro, es una opción de bajar la tensión política, dicen los analistas.

Para Fernando Santos, exministro de Energía, la medida tomada por el presidente Lasso es positiva pues gracias a ella “gana la paz social”. El ambiente político se había vuelto complejo. Se sentía que los transportistas de carga y comercial estaban muy molestos con el incremento gradual. Esto podría haber significado que tomaran medidas de hecho e ir al paro. También estaba el sector indígena, que ha hecho del tema de los combustibles su bandera de lucha. Por ello, considera a la decisión como una medida equilibrada, que por un lado termina con los incrementos paulatinos, pero a la vez con la última subida no generar un hueco tan grande en el déficit.

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Explicó que en el tema económico el subsidio se va a seguir manteniendo, pues el diésel debería venderse al momento en $ 2,50 el galón, mientras que el precio en Ecuador será de $ 1,90. Es decir, el subsidio es de 60 centavos por galón y si se considera que el sector automotor consume 1.000 millones de galones al año, entonces ese subsidio aún puede llegar a $ 600 millones. Sin embargo, Santos cree que el precio del crudo muy pronto se estabilizará, pues el mundo no soporta más un barril de $ 80 o $ 90 y podría empezar a bajar, con lo que bajaría también el subsidio.

Desde el sábado pasado las gasolineras venden los combustibles con los nuevos precios. Foto de Carlos Barros. Foto: El Universo

Mauricio Pozo, exministro de Economía de Lenín Moreno, explica que la medida es contraria a la reforma estructural que se había propuesto en los acuerdos con los multilaterales: “suspender esa reforma complica la relación”, dice. Además, considera que tras la decisión el Gobierno debe buscar cómo arribar a las metas de equilibrio fiscal y del déficit acordados.

Según Pozo, genera muchas dudas si esta decisión contaba con el acuerdo del FMI y sobre la habilidad política de la cual aparentemente carece el Gobierno para llevar a cabo una serie de reformas adicionales que deberá concretar.

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Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, dijo que no hay que olvidar que la decisión del Gobierno no es una simple concesión graciosa, sino que esta debe ser compensada con otros ingresos. Explicó que estos subsidios significaban un 0,9 % del PIB. Para Acosta Burneo, es preocupante saber que en la cúspide de su popularidad el Gobierno no ha podido mantener el esquema de bandas.

Por su parte, Oswaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo (Camddepe), consideró que varios han sido los problemas que han impedido que una focalización del precio se dé de manera efectiva. Recordó que los ajustes del precio empezaron en el gobierno de Moreno con el alza de la gasolina súper y luego su liberalización. En octubre del 2019 fueron hacia la medida de shock para finalmente ir al sistema de bandas.

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También lamentó que no se haya conversado con todos los sectores involucrados, entre ellos los distribuidores, para que se establezcan las verdaderas posibilidades de implementar sistemas de inteligencia artificial o evaluar la infraestructura real con la que cuenta el país. También dijo que había falta de confianza en el Estado, pues en un momento se habló de compensación a través de facturas o de una tarjeta magnética que tenga dinero cargado, pero esto no terminó de convencer a los transportistas.

Mientras, los trabajadores de la Asociación Nacional de Trabajadores de Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep) rechazaron la medida. Ellos sostienen que actualmente no existe ningún subsidio sobre combustibles, por lo que no se justifica ninguna alza: “El congelamiento debió realizarse al precio de 2019″, sostienen. Además dicen que con la medida, ahora a pesar de que baje el precio del crudo a nivel internacional, los precios de los combustibles no bajarán. Con el nuevo anuncio del presidente Lasso se consolida un incremento del 46 % en el caso de las gasolinas extra y ecopaís y del 90 % para el diésel desde mayo de 2020, dijeron. (I)