Con el fracaso de la última licitación para capturar gas en los mecheros de la Amazonía en los clúster 1, 2 y 3 -esta vez por fallas de Petroecuador-, el sector gasífero sufre un nuevo revés. Anteriormente ya fue declarado desierto el concurso para el clúster 4 que también había salido a licitación para capturar gas asociado. Adicionalmente, hasta la fecha no se ha logrado sacar adelante el concurso de licitación del Campo gasífero Amistad (ubicado costas afuera). Esto, a pesar de que el ministro Fernando Santos aseguró que dicha licitación saldría hasta finales de 2022.

Entre 2018 y 2020 hubo dos iniciativas previas para aprovechar el gas asociado de la Amazonía. Es que los campos petroleros en su operación generan gas proveniente del crudo. Sin embargo, este no se ha aprovechado por 50 años y más bien se ha optado por quemarlo al aire libre y generar contaminación. La primera iniciativa se denominó Aprovechamiento de gas asociado del distrito amazónico, que no tuvo mayor consecuencia. En 2020 hubo un proyecto con el Banco Mundial, que tampoco prosperó. Con el nuevo gobierno se habló de la iniciativa de captura de gas, que se inició en el 2022 y que ahora queda inconclusa en 2023.

Este último inconveniente ha sido el de la declaratoria de desierto al concurso de los clúster 1, 2 y 3, en donde existen 167 mecheros. Luego de un proceso licitatorio de varios meses se calificó al preconsorcio Amazon Tech como el ganador y se debía proceder a la firma del contrato.

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Sin embargo, ayer el ministro de Energía, Fernando Santos, aseguró que la gerenta de Petroecuador le informó que el proceso será declarado desierto por fallas de la propia empresa estatal.

Esto sucede mientras el Gobierno ya debe cumplir una sentencia ganada por nueve niñas de la Amazonía, que demandaron que se apaguen los mecheros, pues les estaba generando graves consecuencias ambientales y enfermedades catastróficas.

Aunque aún no han recibido la notificación oficial por parte de Petroecuador, los ejecutivos de la empresa estadounidense Amazon Tech anunciaron ayer que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias legales en contra de los funcionarios estatales, y recordaron que los funcionarios públicos pueden ser acusados “por acción o por omisión” si no permitan que se lleve adelante el proceso. Más aún si se toma en cuenta que este tema genera enfermedades catastróficas a los habitantes de la Amazonía.

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Gavin Clarkson, representante de Amazon Tech, aseguró que tienen el músculo financiero adecuado, que cumplieron todas las condiciones de Petroecuador, por lo que no encuentran ninguna razón para declarar desierto el concurso. Contó además su experiencia en la Amazonía y explicó que las niñas que demandaron al Estado tienen padres con cáncer, e hizo votos para que esta situación no continúe.

William Stills, gerente de Ecuador de la empresa Arkose Energy que forma parte del consorcio Amazon Tech, se mostró indignado porque considera que las autoridades de Gobierno no ven la premura de resolver el tema. Considera que esto podría demorar un año más y mientras tanto continuará la contaminación. La empresa ofrece utilizar el gas de los mecheros y de esta manera apagarlos, en 27 meses. Para Stills hay sectores que han vivido 50 años de la importación de este combustible y por eso no quieren ningún cambio.

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Actualmente, en la Amazonía se ventean 123 millones de pies cúbicos al día. Pero aprovechar ese gas equivaldría a ahorrar unos $ 500 millones en gasolina y $ 900 millones en energía. Adicionalmente, se dejaría de emitir 3,8 de toneladas de gases tóxicos. Esta opción, dijeron, podría facilitar un camino para que el país incluso pueda pensar en emitir bonos verdes. Generará empleo.

Entre tanto, Jorge Luis Hidalgo, gerente de Green Power, otra empresa que también concursó para la captación de gas, coincide en que efectivamente la declaratoria de desierta significará seguramente una demora de un año más. En este año se gastará más en combustibles importados (GLP, naftas y gas natural) y habrá más contaminación en la Amazonía.

Para Hidalgo la historia se repite y considera que no es posible creer en los plazos que se pone el ministro Santos, pues un claro ejemplo ha sido lo que ha pasado con Campo Amistad. Recordó que el año pasado se tuvo que importar unos $ 1.000 millones solamente en GLP (gas doméstico). Lamentó que “todo proceso de aprovechamiento de nuestros recursos energéticos que sirvan para reducir nuestra dependencia de importaciones se termina boicoteando con cualquier pretexto”. “¿A quiénes defienden nuestras autoridades?”, se preguntó y consideró que no se están defendiendo a los mejores intereses del país. (I)