El proyecto de reglamento para el alojamiento en inmuebles para el uso turístico crea controversias entre quienes viven de esta actividad, las cámaras de turismo del país, que agrupan a actores formales, y el Ministerio de Turismo (Mintur), que construye desde el 2019 el borrador del nuevo reglamento.

Gabriel Guzmán, presidente nacional de la Comunidad Alojamientos del Ecuador, que agrupa a unos 25.000 establecimientos, expone varias observaciones a la propuesta de normativa, que por ejemplo prohibiría el alquiler temporal de cuartos compartidos (casas, departamentos o habitaciones amobladas), modalidad que representa alrededor del 50% de la actividad de estos locales manejados por personas que se denominan anfitriones y que ofertan sus espacios a través de plataformas digitales.

Una de ellas es Airbnb, que está presente en 220 países, conformada por anfitriones. Según sus cifras, más de 300.000 viajeros encontraron hospedaje en Ecuador en el 2019 a través de la plataforma.

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Los visitantes que se quedan en Airbnb en el Ecuador son principalmente locales y viajeros provenientes de Estados Unidos (50% de los huéspedes internacionales), Canadá, Dinamarca, Francia y Colombia. La cifra de espacios disponibles en la plataforma es de 21.000. Más de 10.000 de estos espacios son cuartos privados o compartidos en las casas de los anfitriones, según información de la plataforma colgada en su página web www.airbnb.com.

Mientras, según Guzmán, este proyecto de normativa perjudica a quienes comparten estos espacios en sus casas y exige “arbitrarias” normas para el registro, como la compatibilidad de uso del suelo, que dejaría a muchos anfitriones sin la posibilidad de continuar con sus negocios.

“El uso del suelo está en potestad de cada municipio determinar dónde, cuándo y cuántos permisos emitir, no está nada organizado, es un cuello de botella terrible. Y por último, el que genera mínimos ingresos no va a querer registrarse porque más le cuesta en dinero y tiempo que lo que está ganando con la pandemia”, expresó Guzmán, quien impulsa una campaña en redes sociales para la recolección de firmas, a través del portal www.change.org, en contra del nuevo reglamento.

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Diario EL UNIVERSO consultó al Mintur sobre este proceso. La cartera de Estado indicó, a través de un correo electrónico, que la redacción de la normativa se efectúa desde el 2019 con los principales actores involucrados: gremios hoteleros, cámaras, academia, gobiernos locales, sociedad civil organizada y empresas privadas del ramo.

Informó que durante el proceso se han construido diferentes textos borradores. “Sin embargo, el tema sigue en análisis. No se cuenta aún con una versión final del documento borrador”, aclaró.

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Guzmán participó en una reunión virtual el 17 de diciembre pasado en donde se compartió el borrador de la normativa, reiteró sus observaciones y especificó que encontraron elementos que hacen inviable este proyecto a la realidad del país y de los anfitriones, afectando su actividad económica.

“Incluso, algunos elementos nuevos son regresivos a los acuerdos llegados en enero de 2020 y afectan nuestros derechos constitucionales”, sostuvo Guzmán, en una carta remitida a la ministra de Turismo, Rosa Prado.

Al respecto, Holbach Muñeton, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, definió el problema en pagar o no pagar impuestos, e indicó que no se pueden hacer leyes a la medida.

Indicó, por ejemplo, que añadir un registro es necesario para tener el control de quienes se hospedan en esos lugares. “No es que como es una casa no importa, que vaya quien sea”, sostuvo Muñeton, quien señaló que en Quito existen cerca de 7.500 locales turísticos informales y en Guayaquil alrededor de 1.200.

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Además, lamentó que el sector formal esté en desventaja frente a los informales.

“Cómo me exigen a mí, el sector turístico formal, pagar impuestos si los informales no pagan el 1x1.000, no pagan al SRI, no pagan absolutamente nada, nadie los controla, no están en el radar de las autoridades”, señaló Muñeton; sin embargo, aseguró no estar en su contra y, al contrario, los invitó a formalizarse, aunque reconoció que en el Ecuador serlo no es negocio por la fuerte tramitología y complejidad.

“Lo que haría es que al formal lo volviera tan atractivo que el informal pediría a gritos ser formal, por ejemplo, no los llenaría de impuestos; exoneraría los bienes de capital, no cobraría el IVA a los turistas”, sugirió el dirigente, quien sin embargo lamentó que actualmente es más beneficioso ser informal. (I)