Por Gourman (elgourman@gmail.com)

El bananero es uno de los sectores más regulados del país. Tiene precios mínimos oficiales, regulación de tipos de cajas, prohibición de siembra y en un momento hasta la fumigación estuvo controlada.

El justificativo para este marco regulatorio fue la alta concentración de la industria. Al haber miles de productores y solo unos pocos exportadores, el Estado decidió que estos últimos podrían formar carteles, coludirse, y abusar en precios de compra y otras prácticas en desmedro de los productores. Hace treinta años, el 75 % de las exportaciones eran realizadas por cuatro empresas de una decena registradas. Sin duda había concentración. Aun así, el marco legal no se compadecía con la estructura mundial de la industria. Sin embargo, hoy en día existen más de 100 exportadores registrados con operaciones regulares, y los cuatro mayores apenas exportan 27 % del total. Así mismo, en ese entonces la mayoría del volumen exportado iba a un puñado de países. En 30 años, el número de mercados más que se duplicó.

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La crisis bananera, el primer problema que abordará el recién posesionado ministro Bernardo Manzano

La ley y las regulaciones que rigen a este sector, creadas en teoría para proteger al productor, son del milenio pasado, y ya en esa época eran malas. Además de la desconcentración, hoy existen menores barreras de entrada. En el pasado, quien no tenía la capacidad de vender al menos 100.000 cajas por semana y el capital para chatear un barco, difícilmente entraba en el juego. Hoy un productor pequeño que encuentra un cliente en el exterior puede levantar el teléfono y hacer una reserva naviera con muchas de las empresas que operan las rutas regulares. Sin embargo, continúan las leyes proteccionistas provocando una ruptura en las relaciones de la cadena de valor.

Se inició la compra de banano a productores. Primera semana cerraría con 685.000 racimos ‘chapeados’ por exportadores

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En los últimos meses hay una crisis en el sector. Habiendo un 30 % de fruta que no se puede exportar, producto de la guerra en Ucrania, un sector de los productores siente que es obligación del Estado protegerlos de sus pérdidas, exigiendo que se los compense por el volumen que no han podido vender.

Una guerra, en cualquier idioma y legislación del mundo, es una causa de fuerza mayor de la que ninguno de los participantes del mercado es culpable,

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En el sector arrocero escuchamos cada cierto tiempo reclamos similares, exigiendo que el Estado compre su producción cuando hay sobreproducción, con las consabidas quemas de llantas y cortes de carreteras.

Algunas vías de Guayas, Los Ríos y El Oro amanecieron bloqueadas por bananeros impactados por el conflicto entre Rusia y Ucrania

¿Se imagina el lector al sector restaurantero y turístico, el que nos ocupa, el más golpeado por la pandemia, cuyas ventas estuvieron prácticamente en cero por más del triple del tiempo que lleva la crisis bananera, cerrando calles con inflamados discursos, exigiendo que el Estado pague por cada cuarto de habitación y por cada plato no vendido durante el estado de excepción?

Este sector, luego de la tragedia de la pandemia, no recibió ayuda estatal, ni siquiera créditos a largo plazo. Al contrario, se le exige anualmente entre 15 y 20 permisos y tasas distintas, de aproximadamente diez instituciones estatales diferentes, por encima de los procesos y exigencias que toda empresa debe cumplir con SRI, IESS y demás entidades.

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Ecuador tiene un grave problema, vamos para 50 años de democracia ininterrumpida, y no nos hemos puesto de acuerdo en el modelo de desarrollo a seguir. Y en ese vaivén, las empresas de diversos sectores económicos tienen que surfear con las incoherentes políticas y procesos que el Estado impone. (O)