El deudor de la CFN que logró una sentencia a su favor y que hoy la demanda por $ 30 millones

El hombre que hoy le está provocando ‘dolores de cabeza’ a la Corporación Financiera Nacional (CFN) se llama Luis Ernesto Paredes Molina. Guayaquileño, de padre riobambeño, este hombre dice que se cansó de pedir audiencias a los presidentes de los directorios de la CFN, nombrados por los mandatarios del país en los últimos doce años: desde Camilo Samán (2008-2013) hasta el actual Iván Andrade (2021 a la fecha), pasando por María Soledad Barrera (2013-2017), Santiago León (2017-2018), Juan Carlos Jácome (2018-2020) y Roberto Dunn (2020-2021). Cada uno con sus gerentes, general y jurídico.

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“He mandado cartas hasta el Espíritu Santo”, resume Paredes, de 61 años, un politécnico que llegó hasta el cuarto año de Ingeniería Eléctrica en la Espol y que tiene un diplomado en Logística Empresarial, pero que desde los 19 años se ha dedicado a la acuacultura, a la producción y a la comercialización del camarón.

Por defender este negocio, desde el 2009 este empresario camaronero libra una batalla judicial que le dio en el 2018 su primera victoria. En septiembre de ese año logró que el pleno de la Corte Constitucional le dictara una sentencia favorable y dispusiera que la CFN le devolviera una camaronera rematada en 2014 y que desde entonces tiene otro dueño.

La entidad no ha cumplido con la sentencia y en el 2020 Paredes le planteó una demanda por daños y perjuicios, con ella reclama $ 30 millones. Esta cantidad representa casi la mitad de los $ 62,8 millones que suman los once juicios que enfrenta la CFN de parte de deudores que le reclaman, en la esfera judicial, indemnizaciones por supuestas irregularidades en los procesos coactivos, aquellas causas que se siguen para cobrar, en el corto plazo, deudas vencidas por créditos millonarios.

La cartera impaga de la CFN supera los $ 500 millones, con intereses, y comprende 94 clientes a nivel nacional. “Esa es la batalla que tenemos día a día. No pensamos que ninguno de ellos va a ser fácil, pero no damos el brazo a torcer. Estamos usando todas las herramientas legales, pero no arreglamos”, recalca Iván Andrade, presidente del directorio de la CFN, al descartar una conciliación.

Desde la otra orilla, el deudor Luis Paredes propone un acuerdo: “lo que quiero es que la CFN se ponga la mano en el pecho y diga ‘es verdad, hay que pagarle a este señor’, y se acabó, que me devuelva mi camaronera”.

El caso de Luis Ernesto Paredes, conocido legalmente como ‘Agrícola y Camaronera El Molino de Pesquería Mopesca S. A. en contra de la Corporación Financiera Nacional’, comenzó en 2007, en el gobierno de Rafael Correa.

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En el proceso judicial consta un documento del Ministerio del Ambiente, del 10 de septiembre de ese año, en el que esa entidad emite a favor de la empresa de Paredes un “certificado de conformidad ambiental para un proyecto de mejoramiento de la camaronera Mopesca S. A., proyecto que será financiado a través de un préstamo de la CFN”.

Con este aval, Mopesca –que en 2006 pertenecía a Christian Graf León– consiguió en 2008 tres créditos por $ 800.000, que tenían como garantía la camaronera, un predio de 200 hectáreas, 168 de ellas para cultivo del marisco, en el canal de Matorrillo, en Taura, Naranjal, a 40 minutos en bote desde el malecón de Guayaquil.

En diciembre de 2008, Luis Paredes compró la camaronera, según los registros de la Superintendencia de Compañías. Como nuevo dueño asumió la deuda con la CFN. Graf siguió como garante solidario. “El precio del camarón no era maravilloso. Cuando la compramos, la camaronera estaba parada, se invirtieron los $ 800.000, se gastó la plata en reconstruirla. No nos fue bien, me atrasé como ocho meses y en 2009 la CFN me montó la coactiva”, explica Paredes, quien ha sido desde hace 30 años –según los registros societarios– administrador de empresas acuícolas.

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En 1992 fue gerente general de Caribe Pacífico S. A., en 2007 de Seawork S. A., en 2017 de Tecno Cultivos de Camarón. “Trabajé en Biomar S. A. en el 80, el 85 entré como gerente de operaciones de Empacadora Nacional Enaca S. A., estuve ahí hasta 2008 cuando compré Mopesca”, menciona Paredes al agregar que con la liquidación de Enaca y otros ahorros se dedicó a exportar camarón y langostinos.

“Me fue tan bien que decidí comprar esta camaronera, Mopesca. Cuando me la quitaron me quedé endeudado con todo el mundo”. El 11 de noviembre de 2009 la CFN declaró una de las tres deudas (la de $ 190.000) como de “plazo vencido”. Se inició el juicio coactivo y cinco días después el entonces gerente y juez de coactivas, Francisco Chang Ycaza, dictó el auto de pago, o la providencia que ordena el pago inmediato, además de medidas cautelares como el embargo del bien hipotecado.

Paredes asegura que para resolver el juicio de coactiva se reunió con Camilo Samán y Jorge Wated, entonces representantes de la CFN, quienes aprobaron un acuerdo de pago para que se unifiquen los créditos y se cancelen los intereses vencidos. “Pagamos más de $ 80.000 en julio de 2011″.

Para ese año, un problema mayor sentenciaba a Mopesca. Con el decreto ejecutivo 1391, de octubre de 2008, Correa había dispuesto la regularización de las camaroneras que ocupaban espacios de playa y bahía, mas no las que se asentaban en áreas protegidas, las que debían ser desalojadas. Así, la entonces ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, dispuso el desalojo de la camaronera Mopesca, argumentando que se asentó en la zona de Manglares-Churute luego que esta reserva fuera declarada como protegida (1979).

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Un reporte de prensa da cuenta del operativo en el que, con una excavadora, en una gabarra, se rompieron las compuertas de salida de las piscinas de Mopesca, en agosto de 2011. “La CFN y yo hicimos la consulta si no había problemas con Ambiente, y el mismo gobierno me dice que no había problemas; dos años después me dicen que sí hay problemas y me quitan la actividad; obviamente, me quedé sin la fuente de repago y sin la tierra. La CFN en vez de decir ‘yo presté la plata porque ustedes dijeron que estaba todo bien’, me dijo que ponga otra garantía y que siga pagando la deuda”, cuenta Paredes, y precisa que de los $ 800.000 de los tres créditos ha pagado $ 600.000, más $ 500.000 del remate de su propiedad.

Mopesca fue creada en 1979 y la camaronera, según los documentos que muestra su propietario, fue construida antes del decreto que declara a Manglares-Churute como zona protegida. La CFN en resúmenes del caso señala, sin precisar el año, que “el terreno dado en garantía se trataba de una camaronera originalmente”.

Al día en los pagos a CFN en julio de 2011, pero desalojado por Ambiente al mes siguiente. Mopesca paralizó su actividad, nuevamente cayó en mora y pasó a coactiva. La CFN –según documentos del caso– contrató en abril de 2014 un perito que determine el avalúo de la propiedad para su remate.

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La camaronera había sido avaluada en 2007, para la concesión del crédito de la CFN, en $ 1,2 millones, y tras el crédito otro avalúo en 2009 fijó su valor en $ 2,1 millones. Sin embargo, en la gestión de María Soledad Barrera, la CFN remató el predio en $ 570.000 en abril de 2014, en calidad de “inmueble” y “lote de terreno”.

La vendieron en $570.000, mi camaronera vale $1,2 millones. Sacaron una publicación en un periódico de un remate de un terreno, porque no podían venderla como camaronera por estar en área protegida

Luis Paredes Molina, propietario de la compañía Mopesca S. A.

Paredes intentó participar en la subasta ofreciendo $ 750.000, pero su oferta fue rechazada, señala, aduciendo que no había firmado la licitud de fondos.

Para entonces, Mopesca ya había presentado, sin éxito, una demanda en contra del juicio coactivo. En febrero de 2015, según los registros judiciales, planteó –nuevamente sin éxito– una acción de protección alegando que el garante solidario, Christian Graf, no había sido notificado, para que se defendiera en el proceso. Esta misma acción de protección fue rechazada en segunda instancia, en julio de 2015.

No obstante, el mismo recurso, presentado ante la Corte Constitucional logró determinar, según la sentencia del pleno de magistrados, que la CFN dejó en indefensión al garante solidario de Mopesca y que, por ello, todo el proceso debería volver al día cero, día en que la entidad dicta el auto de pago y en que la camaronera aún pertenecía a Mopesca.

“En todo proceso hay garantías que tenemos los ciudadanos, entre ellos el derecho a la defensa, es decir, contar con el medio y el tiempo necesario para ejercer su defensa, ese derecho no fue observado por la premura con que hicieron los remates”, afirma Galo Suquilanda, abogado de Mopesca.

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Con base en la sentencia de la Corte Constitucional, y ante el incumplimiento de la CFN, Mopesca la demandó en 2020 por daños y perjuicios. Le reclama el pago de $ 30 millones, cifra a la que el demandante asegura que ascienden las ganancias que Mopesca ha dejado de percibir desde 2011.

El mes pasado, Paredes también presentó un juicio de repetición contra los funcionarios responsables del “desastre financiero” en que –asegura– se convirtió su vida. “En el juicio he gastado unos $ 500.000 en doce años de pagos de abogados, estoy en central de riesgo, tengo prohibición de salida del país, bloqueo de cuentas”.

La CFN, en cambio, ha contratado por $ 67.500 al abogado externo José Xavier De la Gasca, exsecretario Anticorrupción en el gobierno de Lenín Moreno, para que la defienda de Mopesca “y de las nuevas acciones que el tercer adjudicatario (el ganador del remate de la camaronera) pueda presentar en contra de CFN”.

“Es una barbaridad”, comentó el presidente de la CFN, Iván Andrade, al abordar el juicio de Mopesca, mientras que De la Gasca revisa el caso y evita anticipar criterios: “Ante una demanda de $ 30 millones lo primero que hay que hacer es defenderse bien”. (I)

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El litigio con Mopesca S. A., que demanda $ 30 millones, es el juicio más representativo que enfrenta la Corporación Financiera Nacional, pues supone –según admite la entidad– “un riesgo legal que puede afectar al patrimonio de la institución”. Pero no es el único. El departamento jurídico de la CFN maneja otros diez casos que suman $ 32,8 millones y en los que los supuestos afectados reclaman indemnizaciones que van entre $ 1 millón y $ 5,5 millones.

Entre ellos está, por ejemplo, la demanda por $ 5 millones que le planteó en 2013 Conto Patiño Martínez, un empresario de 91 años, excontratista de la china Sinohydro en la cuestionada hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. “La sentencia señala que para el año 2002, mi cliente no era deudor, pero le remataron cuatro propiedades, el daño es por $ 12 millones”, afirma su abogada, Rocío Delgado.

Patiño fue notificado con la orden de pago en 1995 por una deuda de 1.750 millones de sucres, deuda que se convirtió en dólares y a la que se sumaron los intereses. La sentencia del 23 de agosto de 2010 concluye que, de junio del 2000 a mayo del 2002, Patiño pagó a la CFN $ 718.000, cifra que excedía en $ 315.000 la deuda, por lo que la CFN debe devolver ese saldo.

“En lugar de devolverle, más bien remataron los bienes”, dice la abogada al justificar la demanda por daños y perjuicios. “Voy a ganar, estoy 100 % segura, porque la prueba no la pueden cambiar y tengo valoraciones y peritajes que ellos (CFN) ya no tienen, porque los juicios los hicieron desaparecer, algunos funcionarios corruptos se han beneficiado de estos remates”, afirma Delgado.

Así como Patiño, otros clientes de la CFN han buscado la vía constitucional para reclamar los derechos que supuestamente se les están vulnerando. En el listado de deudores que han demandado a la CFN constan además de Mopesca y Patiño, las empresas Dinaser S. A., Ecuacultivo, Doradilla, Alianza de Seguros, Miper S. A., Construpacific y Jik S. A. Entre las personas figuran Mónica Salazar Hidalgo y Ricardo Montesinos Vial.

“A través de las acciones de protección por la vía constitucional se están resolviendo procesos coactivos. La ley lo ampara, pero otra cosa es que sea procedente”, analiza José Xavier De la Gasca, exsecretario Anticorrupción en el gobierno de Lenín Moreno y hoy abogado de la CFN en el caso de Mopesca.

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De la Gasca afirma que “hay una suerte de patrón” y que en la actualidad “está en boga el mal uso de las acciones de protección. Muchas veces sin méritos se presentan estas garantías y los jueces las califican con lugar. La jurisdicción coactiva que tiene la CFN para cobrar deudas se ve interrumpida, amenazada por la aplicación de garantías constitucionales”.

La función de cobranza de la CFN también se complica por la paralización del área de Coactiva desde octubre de 2019 hasta inicios de este año, según funcionarios de la entidad.

En octubre de 2019, tras las protestas a nivel nacional, la CFN suspendió los cobros por 60 días como medida para reactivar la economía afectada por las paralizaciones, mientras que en marzo de 2020 se detuvo la cobranza por la pandemia de COVID-19.

Ese año, según la rendición de cuentas de la CFN, se suspendieron 168 cobros y se perdonaron 26 por muerte o enfermedad catastrófica de los clientes deudores. En la práctica, el área de coactiva se reactivó, según contaron funcionarios, recién en enero de este año en que Coactiva levantó la información de la cartera vencida de clientes para iniciar las acciones de cobro.

No obstante, en su rendición de cuentas del 2021, la CFN señala que $ 7,3 millones recuperó el departamento de coactiva, área que sumada a la división jurídica está integrada por unos 25 funcionarios, según registros de la CFN, personal insuficiente para manejar más de un centenar de juicios en los que la CFN figura como actor o demandado.

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“Tenemos el caso de Jik S. A., donde un juez nos quiere imponer que aceptemos un bien a $ 150.000 la hectárea y que les devolvamos las otras garantías, y esto no es dable que se dé”, comentó un empleado.

La cobranza y coactiva de la CFN no solo es fundamental, también es un “punto de riesgo”, recalca Rosa Matilde Guerrero, superintendente de Bancos. Esta entidad realiza una auditoría al área de Coactiva de la CFN, pero hasta el cierre no se informó de los resultados. (I)

‘Me tocará defenderme legalmente’, dice posesionario de camaronera

El ganador del remate, Carlos Luis Guerrero Montenegro, recibió la adjudicación de la camaronera de Mopesca en julio de 2014, pero afirma que pasaron seis meses hasta que se la entregaron.

“Me la vendieron como terreno baldío y con una infraestructura de camaronera que tenía mucho tiempo de abandono”, cuenta este guayaquileño de 42 años y técnico superior en Acuacultura.

El litigio judicial en el que está envuelta su propiedad, parafrasea, “ha sido un fantasma que siempre ha estado ahí”. “No tengo ningún problema en devolver, porque no es oro lo que me han vendido. Uno se gana enemigos. Ni tranquilidad ni utilidad he podido tener”, dice el nuevo dueño de la camaronera al mencionar que ha invertido unos $ 5 millones en la hacienda, que hoy funciona sin prohibición ambiental y en la que trabajan entre 40 y 70 personas; y en la que lidia, además, con invasores, juicios de supuestos dueños, extorsiones y bajos precios y sobreoferta de camarón.

Guerrero dice que no siente aún los estragos judiciales pese a que su camaronera ya ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad con la sentencia que favorece a Mopesca como dueño. Sin embargo, está alerta: “Yo sé que ya está inscrito, pero quien tiene la propiedad soy yo, me tocará defenderme legalmente”. (I)