La reversión del contrato con Petrolia (antes Repsol), que es de propiedad de la empresa canadiense New Stratus ahora a cargo de los bloques 16 y 67, tiene dos miradas diametralmente distintas. Por un lado el actual ministro de Energía, Fernando Santos, estudios de Petroecuador y el asambleísta Fernando Villavicencio, conocedor de temas petroleros y actual presidente de la Comisión de Fiscalización, consideran que lo que corresponde al momento y que sería legal es la reversión de dicho contrato. Sin embargo, Petrolia sostiene por qué al Estado y a la empresa privada les convendría más una eventual ampliación del contrato a favor de la misma operadora que ya lleva 28 años en esos bloques.

Villavicencio considera que concretar la reversión le significaría al país un beneficio de $ 2.098 millones. Esto, porque la infraestructura de estos bloques está valuada en esa cifra. Casi la totalidad, $ 1.949 millones, son los activos ubicados en el bloque 16. El asambleísta asegura que según la información de Petroecuador, en ese campo existen apenas 8,4 millones de barriles de reservas probadas. Sin embargo, dice que el campo tiene un gran atractivo de negocio si se considera que el propio Gobierno había anunciado como una opción prometedora el megabloque, compuesto por los bloques 16, 31 y 43 (ITT).

Sin embargo, el proceso de reversión se ha encontrado con la negativa de Petrolia (nuevo nombre de Repsol, luego de vender sus acciones a la poco conocida New Stratus Energy en el extranjero). Petrolia respondió al pedido del Ministerio de que permita la entrada de los técnicos de Petroecuador para la verificación del buen estado de los activos (como parte del proceso de reversión), indicando que no cabe dicha reversión, sino ampliar el contrato y que en caso de ver violentados sus derechos se reserva la potestad de acudir a instancias internacionales .

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Para Villavicencio, el momento es clave pues están en juego $ 2.000 millones que “Ecuador recuperaría en infraestructura de superficie. Y el remanente de las reservas, 8 millones de barriles de reservas probadas”. Dice que la infraestructura de Repsol es de las más importantes de la industria petrolera y que sirve para el tratamiento y reinyección de aguas de formación, tanquería sistemas de energía eléctrica, entre otros. Y comentó que este mismo tema lo trató hace dos semanas con el presidente Guillermo Lasso y que el mandatario se ha comprometido a cumplir lo que dicta la ley: revertir el contrato.

Villavicencio considera que lo actuado por el ministro Juan Carlos Bermeo, quien fue el que dio el anuncio de la aprobación del traspaso de acciones de Repsol a New Stratus (Petrolia), así como por el exministro Xavier Vera, que hizo la consulta al Procurador sobre el tema, no son legales. Según dice, a lo que apuntaban estos dos funcionarios públicos era a facilitar la entrega de la operación del ITT.

Para él, el bloque con apenas 8 millones de reservas está en agotamiento y esa reserva no justificaba una ampliación del contrato. Adicionalmente, explica que el exgerente de Petroecuador y el exministro Vera tenían previsto unificar ese megabloque para llevar el crudo que sale del ITT, con gran cantidad de agua, al bloque 16. Posteriormente a la reversión, el Gobierno verá lo que es mejor para el país, esto es, ir a una nueva licitación del campo o manejarlo a través de una alianza público-privada.

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José Francisco Arata (d), CEO de Petrolia, y Ramiro Páez, apoderado de la empresa, en el lanzamiento de la marca en Quito, realizado este 17 de noviembre del 2022. Foto: Patricia Sandoval


La tarde de este 17 de noviembre Petrolia lanzó su marca en Quito y ese evento sirvió para que Ramiro Páez explique todos los beneficios que a su parecer significaría en cambio la ampliación y migración del contrato (a participación). La propuesta de inversión de Petrolia considera que se podría recuperar entre 70 millones y 90 millones de barriles de crudo (adicionales a los 380 millones ya recuperados). De esto será partícipe mayoritario de renta petrolera el Estado sin arriesgar inversión, dijo Páez.

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Explicó que el compromiso de Petrolia es de invertir $ 200 millones en los dos primeros años de contrato y plantea perforar 30 pozo, recompletar 20 pozos, perforar 1 pozo exploratorio e instalar facilidades de superficie. También plantea $ 1.500 millones durante los años de extensión del contrato para la operación y mantenimiento. Las plazas de empleo extras serían 530 adicionales (800 directas y 450 contratistas).

Páez reconoce que el Estado tiene derecho a reversar el contrato, y dijo que la reversión comenzó hace dos años, en diciembre del 2020. Sin embargo, la postura de la empresa es que no es una buena opción para el Estado reversar y entrar en una nueva licitación, que demoraría al menos tres años. “Habría una pérdida millonaria”. Sin embargo, Páez indicó que dentro de la reversión no se puede saltar unas cláusulas previas, que son que Petrolia tiene derecho de presentar la solicitud de extensión y migración del contrato. “El Ministerio debería recibir nuestras propuestas y si no le interesa, entonces puede buscar mejores opciones o quedarse con los bloques. Aún no han analizado nuestra propuesta”.

Admite que tienen un acuerdo de entendimiento con Petroecuador para ayudar a desarrollar los bloques cercanos al 16, con un oleoducto que conectaría a los bloques 43, 31 y 16, lo que costaría unos $ 1.000 millones. “No queremos operar, queremos ayudar porque todo eso llegaría al bloque 16″. Sobre el tema de las reservas ratifica que todavía hay unos 80 millones de barriles de reservas. Esta cifra es diez veces más de lo que consta en el estudio de Petroecuador. Finalmente confirma que Petrolia tuvo este jueves una primera reunión con el ministro Santos para exponerle sus propuesta, y este viernes lo harán con el viceministro del ramo.

Durante el lanzamiento de marca de Petrolia estuvieron presentes representantes de la nacionalidad woaorani. Foto: Patricia Sandoval

El problema con Repsol-New Stratus (Petrolia) data de octubre del 2020, cuando el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables en el gobierno de Lenín Moreno negó, a través del ministro René Ortiz, la solicitud presentada por Repsol que buscaba hacer una transferencia de derechos y obligaciones en los bloques 16 y 67 (Tivacuno) a la canadiense New Stratus Energy. Según un comunicado del ministerio en ese momento, tras realizar un análisis legal se “evidenciaron aspectos de carácter técnico y económico que no asegurarían la continuidad de las operaciones de dichos campos”.

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Sin embargo, después de un poco más de un año, en noviembre del 2021, el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, ya en el gobierno de Guillermo Lasso, autorizó la venta en España de las acciones entre Respol y New Stratus Energy. Según aclaró el ministro en ese momento, esto no significaba un cambio de operador, y puntualizó que el ministerio hizo el pedido de que el cambio no represente ningún tipo de inestabilidad laboral para los actuales colaboradores de Repsol en el país.

El tema en un primer momento recibió la crítica de varios sectores. Por ejemplo, los trabajadores de Repsol prendieron las alarmas al indicar que NSE era una empresa fantasma y dudaban de cómo se iba a encargar esta compañía de dejar saneados todos los temas de Repsol. La nacionalidad waorani del Ecuador (NAWE) advirtió que el cambio de acciones estaría beneficiando a una empresa fantasma y pedía al Gobierno que se abstenga de autorizar esta negociación hasta que no se conozcan la solvencia financiera, la experiencia, los activos, la capacidad técnica, las políticas corporativas y las condiciones de las comunidades indígenas en cuyos territorios operó esta empresa en Colombia con el nombre de Pacific Rubiales, y que tuvo problemas económicos. La comunicación la firmaba Gilberto Nenquimo, presidente de NAWE. Sin embargo, en la última expoconferencia Oil & Power, él mismo pidió al actual ministro que amplíe el contrato.

En todo caso, el ministro ha dicho que los tiempos para la ampliación del contrato, que requiere al menos una negociación de dos años, resultan cortos. El contrato se vence en diciembre de este año, es decir, en un mes y medio.

El tema de la polémica entre el Gobierno y Petrolia se ha registrado incluso en el CIAR, la revista del Centro Iberoamericano de Arbitraje.