Existen avances en los resultados de los controles para que se pague el precio mínimo de sustentación de la caja de banano, que actualmente está en $ 6,25. Según el ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano, doce exportadoras llegaron a un acuerdo de pago con productores bananeros para cancelar la diferencia que no se había pagado por el precio oficial de la fruta.

Manzano reveló este miércoles, en Guayaquil, que el valor acordado fue de $ 1′347.369, de los cuales las exportadoras, de las que no dio detalles, ya han cancelado a los productores $ 657.876; y la diferencia, $ 689.493 serán cancelados en los próximos días.

Auditoría para confirmar el pago a productores de $ 6,25 por caja de banano comenzó con notificación a 25 empresas exportadoras

El funcionario aseguró que este pago es resultado de las auditorías que la cartera de Estado inició a las exportadoras en julio pasado.

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“Gracias a esta gestión que hemos hecho en las auditorías se han sentado los privados, que son las exportadoras, con los pequeños productores y han llegado a acuerdos de pago para devolver lo que no habían pagado”, explicó Manzano, quien resaltó la importancia del banano en la economía nacional al asegurar que representan el 18,1 % de las exportaciones totales del país a todos sus destinos.

Reveló que hasta la fecha se han realizado las auditorías a 72 exportadoras de las 245 que operan en el país, así como a las 15 asociaciones de exportadores; y como resultado se han abierto expedientes administrativos a 35 firmas para proceder a sanciones.

“De las empresas auditadas se abrieron nueve expedientes administrativos por no pago a través del SPI (Sistema de Pagos Interbancarios del Banco Central del Ecuador), hay 26 denuncias (19 escritas y 7 verbales) por no cancelar el precio mínimo de sustentación de la caja de banano fijado en $ 6,25 y también en el proceso de auditoría se iniciaron siete expedientes administrativos por posible falsedad de los planes de embarques a exportadoras de banano”, especificó el ministro.

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Se abrieron expedientes a 17 empresas exportadoras de banano por supuestamente no respetar el precio oficial y falsedades en los planes de embarques

Por su parte, Eduardo Izaguirre, viceministro de Desarrollo Productivo y Agropecuario, aseguró que las auditorías continuarán e invitó a los pequeños productores a denunciar en las oficinas del MAG.

“Las empresas que no cumplan con el pago del precio mínimo de sustentación serán sancionadas, el hecho de que sigamos el debido proceso y que esto tome un tiempo no significa que no habrá consecuencias”, advirtió Izaguirre, quien recomendó a los productores que firmen contratos con los exportadores para formalizar la cadena.

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El ministerio informó que los procesos de auditoría pueden durar alrededor de dos meses y se inician con la denuncia (verbal o escrita) del productor, que debe ser hasta los 60 días después de haber entregado la fruta, para que la denuncia no tenga que ir a otras instancias legales.

Cacao y caña de azúcar

En tanto, Manzano también se refirió al sector cacaotero, al señalar que los productores no están recibiendo el precio de $ 92 o $ 93 por saca del producto, por lo que adelantó que este sábado se reunirá con el sector en busca de eliminar los intermediarios.

“Estamos proponiendo un tema de centros de acopio para que ellos puedan poner su producto a buen recaudo, mejor embodegada. Este fin de semana vamos a profundizar este tema, porque es realmente importante para nosotros también”, sostuvo Manzano.

Otro tema abordado por el ministro fue la situación del precio mínimo de la tonelada de caña de azúcar, cuyo precio subió de $ 31,70 a $ 35,05 a finales de junio pasado a través de un acuerdo ministerial, pero que fue dejado sin efecto por la Unidad Judicial Multicompetente de Yaguachi tras una acción de protección presentada por cinco ingenios azucareros, el 18 de agosto pasado.

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Unidad judicial deja sin efecto el incremento del precio de la tonelada de caña de azúcar que volvería a $ 31,70, el valor que estuvo congelado por siete años

El MAG presentó un recurso de apelación al fallo judicial y actualmente se encuentra a la espera de la nueva diligencia.

“Creo que un acto administrativo no puede tener una acción de protección legal, eso se va a caer en las siguientes instancias”, aseguró Manzano. (I)