¿Qué dice el informe de la proforma 2021 que fue aprobado sin ser leído? La próxima semana irá al pleno de la Asamblea

En una accidentada sesión, marcada por el desconocimiento de temas procesales, realizada la noche de este viernes, la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para único debate de la proforma presupuestaria 2021 y de la programación cuatrianual 2021-2024 que recomendaba al pleno “aprobar” la misma. La sesión duró más de tres horas, pero fue en los últimos 20 minutos cuando se decidió el destino de dicho informe, que deberá ser conocido la próxima semana por el pleno de la Asamblea.

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Lo inverosímil del proceso es que se aprobó un informe alternativo presentado por el asambleísta Diego Ordóñez (CREO) sin siquiera haberse leído el texto del documento.

Esto ocurrió porque dentro del proceso la presidenta de la Comisión, Mireya Pazmiño (PK), llamó a votar dicho documento, sin ordenar antes que se le dé lectura.

Previamente, sí se había dado lectura al informe que había sido elaborado en mesas de trabajo con varios asambleístas y los asesores de la Comisión (Carlos de la Torre y Fernando Soria). Este informe tenía dos opciones de moción: la primera era aprobar la proforma, pero con recomendaciones y la segunda devolver el documento debido a que existían inconsistencias y posibles incumplimientos legales.

Si esta era aprobada, el Ejecutivo, a su vez, debería reenviarla con las correcciones necesarias en 10 días. Tras 2 horas y 39 minutos de debate, la presidenta Pazmiño encarga la presidencia a Johnny Terán (PSC) a fin de presentar su moción y lo hace: se inclina por la opción de devolver la proforma al Ejecutivo.

En ese momento Johnny Terán pide verificar si ha llegado otra moción y se comprueba que ha llegado una alternativa por parte del asambleísta Ordóñez. Terán dice que se votarán las dos mociones y pide explicar a Ordóñez su propuesta, a lo que este responde que lo legal es votar primero la moción de Pazmiño y luego proceder con la explicación de la otra moción para seguidamente proceder a votación correspondiente.

Se vota la moción de Pazmiño, pero no alcanzan los cinco votos necesarios (en una comisión de 9). Solo obtuvo cuatro a favor y cinco abstenciones. La secretaria ratificó que no había sido aprobada su moción.

Terminado ese proceso, Terán devuelve la presidencia a Pazmiño. Ya habían transcurrido 2 horas y 42 minutos del debate, y Pazmiño ordena directamente votar la moción de Ordóñez, que sí obtuvo los cinco votos positivos (cuatro de CREO y uno de Terán que es PSC). Enseguida Ordóñez pidió la reconsideración de dicha votación para que esta quede sellada.

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En medio de esta votación, Pabel Muñoz (RC) pide a la presidenta que haga una consulta jurídica sobre si ese informe que no fue debatido ni conocido podría ser aprobado, como ya estaba sucediendo. Pese a reclamos de que legalmente no se podía hacer consultas en medio de la votación, intervino el director jurídico de la Asamblea, quien fue claro: durante el proceso de votación no se podían hacer consultas, pero sí era necesario que antes de una votación se conozca el texto.

Al final se llevó a cabo la reconsideración que obtuvo cinco votos en contra, es decir que ratificó lo anteriormente votado.

Luego vinieron los reclamos de parte y parte. Juan Fernando Flores (CREO) aclaró que el texto de Ordóñez que tenía 33 páginas debió ser leído y luego votado. Pero indicó que su contenido respeta el trabajo realizado en la Comisión. Muñoz (RC) respondió que “a confesión de parte, relevo de prueba”, y que Ordóñez debió pedir leer el documento. Por su parte, Ordóñez recapituló lo sucedido indicando que la presidenta mandó a votar. Dijo lamentar la inexperiencia y que quien debió pedir sustentar el informe era la presidenta: “no se quejen conmigo, la presidenta convocó a votar y votaron”, dijo.

Lo que indica el informe

En el informe aprobado se recalca que en este año, de transición de poder, se le encarga al nuevo Gobierno ajustar la proforma para culminar el ejercicio fiscal del año y que la proforma “prorrogada” se sustenta en el plan de desarrollo vigente, esto es, en el caso del año 2021, el “Plan Nacional Para el Buen Vivir 2017-2021”.

Además ratifica que son correctas las previsiones macroeconómicas con respecto a inflación y precio del crudo. También se ratifica que sí hubo un incremento del presupuesto de salud, en comparación con el presupuesto codificado del 30 de junio del 2021.

También se indica que al momento actual existen obligaciones que tiene el Estado con diversas entidades sobre las cuales se han planteado dudas y discrepancias en la exactitud de los montos, como son los casos de los valores adeudados de periodos anteriores y por diferencias en los cálculos que realizan las entidades beneficiarias de recursos del Estado con aquellas que realiza o calcula el MEF.

También indica que hay preocupación porque estas discrepancias son con las entidades de la seguridad social, GAD y universidades.

Queda de manifiesto que existen reclamos desde diversos sectores, especialmente de los jubilados y se indica que es menos cierto que persisten atrasos significativos, en especial con maestros y otros servidores que se acogieron al beneficio de separación para jubilación.

Existen, además, discrepancias entre los valores presentados por el Ministerio de Economía y Finanzas y el SRI sobre ingresos tributarios.

La próxima semana, en el pleno, el asambleísta Guido Chiriboga será el ponente del informe. (I)