Comisión ‘exhortó’ a la Fiscalía a avanzar con acciones por denuncias presentadas contra exportadoras que irrespetan el precio oficial del banano

La Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional ‘exhortó’ a la Fiscalía General del Estado a que concluya las acciones preprocesales iniciadas contra empresas exportadoras que supuestamente irrespetan el pago del precio mínimo de sustentación de la caja de banano, que es de $ 6,25; acción que perjudica al sector productor bananero.

La mesa legislativa hizo este llamado “a fin de que las instancias judiciales cuenten con los elementos de convicción suficientes para continuar los procesos y de ser el caso ejecuten las sanciones”.

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La demanda expuesta por la Comisión forma parte de un informe no vinculante que aprobó la noche del lunes 25 de abril sobre la comparecencia del ministro de Agricultura y Ganadería, Pedro Álava, el miércoles 20 de abril en la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro, donde expuso las medidas que dispuso para el sector bananero, entre ellas, el control ejercido a exportadoras que no respetan el precio de la fruta.

Durante la reunión, Álava se comprometió a presentar las denuncias en la Fiscalía con base en los listados que el Ministerio posee de las empresas en las que se detectaron irregularidades.

Mariano Curicama, presidente de la Comisión, recordó que el pleno de la Asamblea Nacional dispuso que la mesa legislativa realice el seguimiento a las acciones que Álava ordenó para paliar la grave crisis que atraviesa el sector agropecuario.

En tanto, en la comparecencia también participaron productores de la fruta y representantes gremiales, ante quienes el ministro aseguró que “todas las sugerencias (del sector bananero) de cinco reuniones están registradas, entre ellas la compra de racimos de banano, la creación de un fideicomiso, el fondo de contingencia, moratoria de seis meses a un año de las deudas, entre otras”.

El informe concluye, asimismo, que atendiendo al artículo 226 de la Constitución, la Comisión se ha limitado a su rol fiscalizador, ya que carece de jurisdicción y competencia para pronunciarse acerca del presunto cometimiento de delitos, cuya investigación y actuación corresponde al organismo preprocesal y procesal y a los jueces competentes, quienes deberán resolver sobre la materia en el ámbito penal.

El mencionado artículo señala que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.

Mientras, la Comisión recomendó exhortar a las funciones del Estado a cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, a fin de evitar que se produzcan acciones ilegales, que repercutan en el accionar de las instituciones.

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El informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea para ser debatido en el pleno. (I)