Desde 2018 hasta la fecha, las fisuras en los caracoles de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair -piezas centrales de la gran obra que le costó al Estado más de $ 3.300 millones- se duplicaron. Pasaron de más de 7.000 en 2018 a 17.499 fisuras en julio de 2022. Esto, a pesar de que se han realizado por cinco ocasiones reparaciones de estos problemas estructurales. Las fallas de construcción de Coca Codo Sinclair no se limitan a los problemas de los distribuidores, sino que también se han detectado fallas en los rodetes de la turbinas. Así lo reveló el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio. Ese fue uno de los más decidores hallazgos del informe que se votó este jueves 29 de septiembre de 2022 en esta comisión.

Sin embargo, este informe de la investigación liderada por Villavicencio no fue aprobado por parte de los miembros de la Comisión de Fiscalización. El documento de más de 400 páginas, que de manera general recomendaba no recibir la central hidroeléctrica hasta que se subsanen sus fallas, y se garantice una vida útil de 50 años, así como que se revisar la situación del ministro de Energía, Xavier Vera, por tener presunto conflicto de intereses con la empresa fiscalizadora del proyecto, solo recibió tres votos a favor.

Fernando Villavicencio (el proponente), Pedro Velasco y Bruno Segovia fueron los asambleístas que apoyaron el informe. Como era de esperarse el sector de los correístas (parte del gobierno en el que se llevó adelante la firma del contrato y su construcción), es decir Roberto Cuero, Comps Córdova y Gabriela Molina, votaron en contra. Entre tanto, María Belén Córdoba, de CREO (movimiento del actual Gobierno), se abstuvo y lo mismo hizo el independiente Marco Troya. El noveno asambleísta, Pablo Muentes (PSC), estuvo ausente.

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La asambleísta Córdoba, quien prefirió no opinar sobre temas técnicos, justificó su abstención indicando que al momento existe un arbitraje internacional por parte del Estado en contra de la constructora y recalcó que es importante saber cuáles son las competencias de la Asamblea. Para la asambleísta del oficialismo, no estaba claro si la Asamblea tenía esta facultad de decir si el Gobierno puede o no recibir una obra. Aseguró que espera que no se reciba y que los resultados del arbitraje no vayan en desmedro de los ecuatorianos. También argumentó que no recibir el proyecto significaría dejar sin el 30 % de electricidad al país. Este comentario fue refutado por varios asambleístas de la mesa por estar equivocado.

Bruno Segovia criticó que ciertos asambleístas rechacen el informe solo porque toca a sus compañeros y que no se quiera opinar sobre “temas técnicos”, pues para eso fueron recibidos técnicos durante las comparecencias. Sobre el tema del ministro Vera Grunauer, dijo no saber si era una facultad de la comisión pedir la destitución. En todo caso, sobre este último tema, el presidente de la Comisión de Fiscalización había propuesto un texto alternativo, que ya no pedía el análisis de la destitución, sino de la revisión del nombramiento.

Troya argumentó que, de lo que comprende, existiría una posibilidad de reparación que costaría $ 30 millones. También consideró que la empresa fiscalizadora tenía una gran responsabilidad en los problemas de la central y que esta debe responder; que no era adecuado haber unido los temas de Coca Codo Sinclair con los de INA Papers. Sobre la supuesta reparación de $ 30 millones, Villavicencio le aclaró que esa es una propuesta de la empresa constructora, que no remedia efectivamente las fisuras. Pero aclaró que los informes de los técnicos de Celec y de la Contraloría (este último de obligatorio cumplimiento) exigen que no se reciba ese activo hasta que no se subsanen las fallas y se garantice la vida útil de 50 años. Recordó además que en noviembre, es decir, en pocas semanas más, se termina el plazo para que se pueda demandar a la fiscalizadora. Adicionalmente sobre la posibilidad de no juntar los temas de Coca Codo y de INA Papers, dijo que esto era imposible, pues para firmar este contrato sin todos los rigores técnicos, se pagaron sobornos.

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Por su parte, Pedro Velasco advirtió que el Gobierno o el funcionario que reciba este activo defectuoso va a cargar con un lastre de responsabilidad civil o penal, pues en corto tiempo esta obra va a presentar mayores problemas.

Tras constatar la votación, Villavicencio aseguró que pese a este revés, personalmente presentará el informe ante la Fiscalía, Procuraduría y entidades involucradas. A la salida, dijo que no había argumento, al menos por parte del Gobierno para no votar a favor del informe, por lo que considera que “todo hace concluir que hay un acuerdo oculto con el Gobierno de China”, dijo.

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Villavicencio anunció el miércoles 28 de septiembre que renunciaría a la presidencia en la comisión, pero previamente dejaría encaminando algunos temas. (I)