“Contamos con factoring electrónico, una herramienta que permite a tu proveedor anticipar el 100 % de tus facturas en tan solo 72 horas. Nuestro servicio no requiere de garantías reales y opera 24/7″. Así, la Corporación Financiera Nacional (CFN) promocionaba en sus redes sociales este producto financiero para que las compañías endosen las facturas a cambio del efectivo.

Eran operaciones aprobadas a través de cupos de hasta varios millones de dólares que, según empresarios, les permitían recibir recursos para sus negocios. No todos accedían. Se revisaba el perfil del interesado y su volumen de ventas, comenta un funcionario de la CFN. En cambio, el presidente del directorio, Iván Andrade, cuestiona el análisis de riesgo realizado antes de su administración (2021), pues algunas firmas negociaban facturas de su mismo grupo empresarial.

Extractora La Sexta, por ejemplo, accedió a uno de estos créditos por $ 3,6 millones. En sus informes financieros del 2018, el exgerente Édgar Campoverde señaló que se hicieron “negociaciones de factoraje en donde participaron las empresas relacionadas: Industrias Oleana, Extractora San Daniel y Extractora Río Coca, y se cobraron y cancelaron varios contratos de crédito a mutuo y con entidades financieras...”.

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Roberto Alzamora, actual administrador, explica que cayeron en mora tras perder sus plantaciones a causa de la pudrición del cogollo. “Era una empresa que estaba con ventas de $ 40 millones, y ahora no”, dice Alzamora, cuya firma registró pérdidas por $ 10,5 millones entre el 2018 y 2019.

En los últimos seis años, la CFN ha entregado $ 461 millones en factoraje local y al menos $ 65 millones en factoraje internacional (con exportadores nacionales). Estos recursos en las operaciones locales aumentaron en un 629 %, pasaron de $ 14 millones en 2015 a $ 122 millones en 2019.

A partir del 2020, el monto se redujo más del 100 %. Ese año se destinaron $ 59,4 millones y, en 2021, $ 50,4 millones. El año pasado, el monto aprobado para este producto era de $ 27,6 millones, según la rendición de cuentas de la CFN. Sin embargo, lo entregado superó en $ 22,8 millones ese límite, a pesar de que la morosidad llega al 75 % en los créditos de factoraje de la banca pública (CFN y Pacífico), según la Superintendencia de Bancos.

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En el caso de la CFN, al 30 de mayo de este 2022 las cuentas vencidas por factoraje alcanzan el 56,5 % ($ 13,1 millones) de la cartera de este producto ($ 23,2 millones). En 2021, la morosidad llegó a 52,7 % ($ 23,7 millones) de las operaciones ($ 44,9 millones). Ese porcentaje reflejaba un “deterioro significativo” de esta cartera, declarada con calificación ‘E’, según la Superintendencia en un documento de mayo de 2021. Con ‘E’ se incluyen los créditos con “problemas muy serios”.

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Esta institución de control alertó ese año “debilidades en el proceso de otorgamiento, seguimiento y recuperación” de estas operaciones. La Superintendencia no detalló las supervisiones realizadas a la CFN por factoraje desde que se iniciaron estos créditos. “Levantamos los resultados, entregamos y llegaron a conocimiento del directorio”, asegura la superintendenta Rosa Guerrero.

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Estas operaciones son de corto plazo. La empresa tiene de 30 hasta 90 días, dependiendo el giro de su negocio, para cancelar las facturas, refiere el presidente de la CFN, Iván Andrade, y añade que luego de ese tiempo entran en mora. Y si no se paga en un lapso máximo de un año, se inicia un proceso coactivo.

En esta etapa están los 92 mayores deudores de la CFN ($ 520 millones), entre ellos, siete firmas que recibieron factoraje por $ 12,5 millones, como la Extractora San Daniel, que no atendió a este Diario y debe a la CFN $ 7 millones. De esto, $ 3,8 corresponden a factoring con 71 facturas de proveedores nacionales y colombianos, según el reporte financiero de 2020 de esta empresa, cuyo capital es de $ 1 millón.

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En el listado también figura Ecuacoffee S. A., disuelta en 2019 y con una deuda que llega a $ 6,6 millones, entre créditos directos y factoring. “Que embarguen lo que tengan que embargar”, dice resignado el liquidador Carlos Cadena, quien añade que los socios intentaron dar una casa en Los Ceibos (Guayaquil) como parte de pago, pero les indicaron que “no era garantía suficiente”.

A Editorial Minotauro S. A. se le inició un juicio coactivo en octubre del 2021 por $ 255.539, monto que cayó en mora a raíz de la paralización de su negocio por las manifestaciones de octubre de 2019 y la pandemia del COVID, explica el gerente Francisco Vivanco.

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“Imprimíamos ocho periódicos y de la noche a la mañana nos quedamos sin recursos”, cuenta el directivo de esta firma, que recibió en abril de este año un fallo judicial a favor, en el que se dispone a la CFN que desista del proceso. “Lo único que quiero es plazo para pagar. Pagué los intereses que me pidieron para poder renegociar, pero después dijeron que no”, critica Vivanco, quien afirma que no les aceptaron dar en garantía su planta y maquinaria, valuada en $ 2 millones.

A la compañía Sopalin S. A. tampoco le restructuraron la deuda, por lo que sus socios –asegura el gerente Juan Carlos Polit– prestaron a otro banco $ 7 millones para cancelar el crédito con la CFN. En cambio, la Corporación Jarrín Herrera sí tuvo una ampliación de tres años plazo, a finales del 2021, luego de abonar el 50 % de la deuda ($ 2 millones), explica el gerente Guillermo Torres.

Mientras, el Grupo Terra Verde espera, según su gerente Walter Segovia, que la CFN apruebe un nuevo plazo de un año para pagar los $ 100.000 que deben desde el 2020. (I)