Centros nocturnos se suman a los pedidos al Gobierno: “Mantengan el estado de excepción, pero quiten el toque de queda”

Como pérdida total catalogan los propietarios de centros nocturnos la situación actual de sus negocios al cumplirse una semana del estado de excepción y toque de queda.

Ernesto Vásquez, presidente de la Asociación de Centros Nocturnos del Guayas, aseguró que más de 1.000 plazas de empleos están en riesgo por la paralización de las actividades comerciales, esto porque el toque de queda comprende desde las 21:00 hasta las 05:00, los horarios en los que operan este tipo de negocios.

La medida fue adoptada por el Gobierno el 1 de noviembre pasado tras los ataques suscitados con artefactos explosivos y contra la Policía desde la madrugada del 31 de octubre pasado en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Impacto para el comercio, por estado de excepción y toque de queda, sería de $ 250 millones en noviembre

“No solamente son bares, restaurantes, también están los taxistas, los floreros, están los carameleros, es un sinnúmero de empleos que se están perdiendo”, advirtió el dirigente, quien convocó a una marcha este miércoles 9 de noviembre, desde las 10:00 en la Zona Rosa de Guayaquil, en el centro de la ciudad, para pedir al Gobierno que revise las medidas y derogue el toque de queda.

Vásquez aseguró que con el estado de excepción no hay problema, porque estos sectores ya han trabajado antes con estado de excepción, sin embargo, con el toque de queda los negocios nocturnos tienen el 100 % de pérdidas.

“Lo que le pedimos al presidente es que se mantenga el estado de excepción, lo que queremos es que quite el toque de queda, porque ya hemos trabajo con el estado de excepción, hemos tenido como ocho a diez estados de excepción, el problema es el toque de queda porque no nos deja trabajar”, explicó el dirigente gremial.

En tanto, otro sector que espera respuestas del Gobierno acerca de las medidas tomadas la semana pasada es el de los distribuidores de combustibles.

El gremio solicitó desde la semana pasada la militarización de las estaciones de servicio de las tres provincias afectadas, que ascenderían a 290 gasolineras, pero hasta este martes el régimen no emite alguna resolución al respecto.

Iván Casanova, vicepresidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), recordó que el gremio puso como plazo al Gobierno hasta el sábado pasado para militarizar las estaciones e indicó que de no hacerlo tendrían que cerrar forzosamente para precautelar la integridad de los usuarios.

Sin embargo, Casanova indicó que el régimen pidió que esperen hasta el lunes 7 de noviembre, por lo que suspendieron la medida. “Aisladamente hay estaciones de servicio que sí están cerrando. Es más, Manabí tengo entendido que va a tomar algún tipo de postura de aquí a mañana también”, sostuvo el dirigente, quien señaló que esperan un pronunciamiento del Gobierno para este martes.

No obstante, adelantó que la Cámara dará una rueda de prensa el jueves próximo en Quito, a las 10:00, para anunciar las medidas que el gremio tomará, no solo por la afectación de los últimos atentados y la reducción de horarios de trabajo, sino por varios otros factores, que aseguran, afectan a las estaciones, como por ejemplo el margen de utilidad congelado desde hace 19 años.

Gasolineros ponen plazo, hasta este sábado, al Gobierno para militarizar estaciones o cerrarán forzosamente para proteger a usuarios

Según el gremio este factor genera que el 48,8 % de las estaciones de servicios operen en el punto de equilibrio o menos, es decir en pérdidas.

Además, reiteran otros pedidos anteriores como la restitución del incremento de 4 centavos adicionales a su margen de ganancias que el Gobierno dispuso en el 2019 y que fue eliminado pocos días después ante el paro indígena. También piden que el Estado se haga cargo de los fletes del combustible como ocurre en la provincia de Morona Santiago.

Otro pedido es la disminución del 50 % de los porcentajes de retención del IVA presuntivo; y la eliminación del 100 % de la retención del IVA por parte de los entes públicos. Esto, según la Cámara, afecta gravemente a la liquidez de estos negocios y constituye una doble retención. (I)