Cámaras de Comercio proponen cambios y mejoras a la Ley de Creación de Oportunidades ‘para corregir lo negativo’

Once observaciones sobre el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades difundieron gremios privados después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional no lo calificara y fuera devuelto al Ejecutivo, que anunció que lo enviaría nuevamente en tres partes: tributario, laboral e inversiones.

La Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador y la Cámara de Comercio de Guayaquil indicaron que ‘la intención del proyecto es buena y necesaria para el país, pero se precisan cambios y mejoras’.

“Es la oportunidad para reforzar lo positivo, así como corregir lo negativo”, expresaron ambos gremios que iniciaron su análisis con la parte laboral, al reconocer que las propuestas en este ámbito son positivas, aunque existen artículos que corregir.

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Las agremiaciones indican que el artículo 75, en el cual se determina que el trabajador deberá indemnizar al empleador, debe ser eliminado.

“A esto le sumamos la subjetividad de las justas causas del artículo 70, las cuales abren la puerta a despidos injustos. El objetivo debe ser buscar certezas para empleadores y trabajadores”, agregaron en su análisis, en el cual aseguraron que se podría remediar a través de una clara definición de las causales de terminación laboral, y la creación de un método alterno de solución de conflictos, imparcial y expedito, en el que se resuelvan las solicitudes de terminación del contrato por causas justas.

Dentro del proyecto de ley se realizan una serie de modificaciones en materia tributaria, encaminadas a aumentar los ingresos del fisco. Estas medidas, según el Gobierno, extraerán de la economía $ 953,8 millones.

Los gremios están en desacuerdo con el planteo de más impuestos, pues aseguran que no es la solución para una economía golpeada, que durante más de una década ha sido sometida a una desmedida carga tributaria.

Indican, en cambio, que los problemas en las cuentas fiscales deben resolverse combatiendo la evasión fiscal, eliminando la corrupción en las compras públicas y recortando el gasto público improductivo. Nuestra economía requiere menos impuestos para generar mayor reactivación.

Asimismo, calificaron al impuesto al patrimonio como distorsionador y aseguraron que sienta graves precedentes para el entorno económico del país, más aún cuando no es la primera vez que en el Ecuador se impone una contribución por “única vez”.

“El patrimonio es lo que resulta luego de haber pagado impuestos. No es lo mismo gravar a quien más gana que a quien más tiene”, aseguraron los gremios, que sobre el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares (Rimpe) que remplaza el régimen del 2 % de microempresarios, advirtieron que sigue siendo obligatorio y continúa cobrando un impuesto sobre las ventas, con la diferencia de que ahora se cobraría a base de una tabla progresiva que llega hasta el 2 %.

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Explicaron que esto implicaría una mejora para algunos microempresarios. Sin embargo, para aquellos que este nuevo régimen sea conveniente, dura solo tres años, algo que no responde al ciclo de vida de un microempresario. Además, se pierde el beneficio de estar exentos del impuesto a la renta los primeros tres años de vida, que actualmente sí existe para nuevas microempresas.

Al respecto de las reducciones de impuestos, propusieron que los ‘Días sin IVA’ deberían poderse aplicar a todos los sectores de la economía.

Esto, en torno a la propuesta del presidente Guillermo Lasso de reducir el IVA hasta en el 25 %, por un máximo de cuatro ocasiones anuales durante feriados, para bienes y servicios de las actividades del sector de turismo.

“Sin embargo, en términos de ventas la pandemia ha causado pérdidas por más de $ 30.000 millones a muchos sectores. Para potenciar el impacto positivo en la economía, y para evitar discriminaciones, el beneficio debería tener la posibilidad de abarcar a todas las actividades económicas”, sugieren los gremios, que concluyeron que a lo largo del proyecto de ley existen medidas que se leen ambiguas y subjetivas, dejando vacíos que deben aclararse.

Por ejemplo, explican, se presentan disposiciones que parecerían desconocer la existencia de una ley específica para alianzas público-privadas. “Si bien algunas medidas pueden ser resueltas mediante el reglamento de la ley, dicho camino no garantiza, a largo plazo, que la intención y visión con que se ha estructurado esta ley perdure en el tiempo”, finalizan.