En estos días, el Gobierno hará un cuarto intento (uno en 2019 y tres en 2021) para enviar reformas monetarias a la Asamblea Nacional, aunque estas tendrían pocas probabilidades de aceptación. La demora en tomar decisiones durante los primeros años de mandato, las movilizaciones de octubre del 2019 y últimamente el escenario electoral detuvieron las modificaciones, que son esenciales para una economía dolarizada.

De todos modos, el presidente de la Asamblea, César Litardo, anunció esta misma semana que se conformará una mesa técnica entre el Ejecutivo y el Legislativo para tratar el tema de la ley y construirla de manera que no tenga problemas de constitucionalidad.

Aunque Litardo anunció que esto se daría ayer, no sucedió. Lo que sí se conoció es que se empezó a debatir una posible metodología de tratamiento de la norma luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) negara por segunda vez el proyecto urgente llamado de Defensa de la Dolarización.

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Para Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, el primer error del Gobierno que inició su mandato en 2017 fue mantener a ministros correístas en el primer año, pues ellos no tuvieron intenciones de organizar las finanzas públicas.

En todo caso, en 2018, recuerda, se aprobó la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Esta contiene ya una prohibición al Banco Central del Ecuador (BCE) a fin de que no se vuelvan a realizar inversiones en favor del Ministerio de Economía y Finanzas. Dicha prohibición está vigente y es muy importante, dice.

En 2019, tras la firma del primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el régimen intentó incrementar tributos para bajar el déficit fiscal. La Asamblea bloqueó de antemano esa posibilidad. Por ello el Gobierno optó por bajar sus gastos, eliminando los subsidios de los combustibles.

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Sin embargo, la medida luego no fue bien acogida por la ciudadanía y más bien hubo violentas protestas sociales, en octubre de 2019. Por ello, envió una reforma tributaria, pero que a la vez contenía temas de finanzas públicas y también monetarias. Se trataba de la “Ley orgánica para la transparencia fiscal, optimización del gasto tributario, fomento a la creación de empleo, afianzamiento de los sistemas monetario y financiero y manejo responsable de las finanzas públicas” (conocida como Ley de Crecimiento Económico).

En medio de la polémica, y bajo argumentos de que dicho cuerpo normativo era demasiado extenso, que no se lo podía debatir en 30 días, y con oposición de la propia Superintendencia de Bancos, fue negado por la Asamblea. Al final del año el Gobierno insistió en otra ley económica urgente, pero que ya no contenía temas monetarios, sino más bien financieros. La intención en ese entonces fue enviar las reformas monetarias en 2020.

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Sin embargo, en el año de pandemia hubo otras prioridades. Solamente tras el nuevo acuerdo con el FMI por $ 6.500 millones se retoma la necesidad de la ley monetaria. Esta se constituyó en uno de los compromisos del país con el multilateral, a fin de evitar nuevos desajustes en la reserva internacional.

El compromiso fue enviarla en enero 2021. Sin embargo, esta ley ha tenido más tropiezos: el tema electoral impedía la conformación del CAL. Cuando ya se envió, el cuerpo normativo tuvo problemas de orden formal (no se hizo un trabajo prolijo en la numeración del articulado); y ahora ha sufrido una nueva negativa, por parte del CAL, al considerarla inconstitucional. Ahora, la mesa técnica será el tercer intento en este mismo año.

De no conseguirse un tratamiento de la ley y su aprobación, entonces el siguiente Gobierno deberá renegociar el acuerdo con el FMI.

Cuatro voces sobre las reformas

Alberto Acosta Burneo: Existe disputa política para meter la mano al BCE

Impedir que se “meta la mano al Banco Central” es lo que está en riesgo tras el rechazo del CAL a la Ley de Defensa de la Dolarización, opina Alberto Acosta Burneo, editor general de Análisis Semanal. Acosta lo ve como una disputa política que termina beneficiando a la política monetaria que buscaría seguir aplicando el correato.

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Es que el corazón de la política monetaria del régimen correísta y de sus seguidores es expandir el gasto público con “ecuadólares”, en momentos en que no hay dinero, dice. Así el Gobierno anterior se endeudó en unos $ 8.000 millones con el BCE.

Explicó que la independencia del BCE no le conviene a un Gobierno que busque mantener una política expansiva. Esta política se la puede aplicar de dos maneras: con la compra obligatoria por parte del BCE de papeles al Estado y con la creación de sustitutos del dinero, como el dinero electrónico. Pero justamente esto se evitaría si hubiese un Banco Central independiente, explicó.

Pablo Zambrano: Está en riesgo el acuerdo con el FMI y la credibilidad del país

Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción y flamante presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, considera que el envío de la ley llegó tarde. Se esperaba que lo enviaran en el 2020, pero no se lo hizo. Lamentó que el CAL rechace por segunda vez el proyecto, bajo argumentos de inconstitucionalidad que deberían ser analizados por la Asamblea, no por el CAL.

El representante empresarial dice que su sector sí espera un tercer intento del Gobierno por nuevamente enviar al ley, pero considera que hay pocas probabilidades de que llegue efectivamente a tratarse.

Para Zambrano, este comportamiento de la Asamblea traería consecuencias. Un grave problema que se genera es el riesgo de desembolso de $ 450 millones del Fondo Monetario Internacional, pero con ello, también la credibilidad del país. Este tipo de medidas incrementa el riesgo país, que a su vez genera que cualquier tipo de créditos del exterior llegue a tasas altas. “Esto no ayuda a bajar las tasas”. La institucionalidad misma del país ha sido afectada, opinó.

Andrés Chiriboga: El BCE puede hacer préstamos de liquidez, siempre y cuando los dineros no salgan del país

Andrés Chiriboga, miembro del Observatorio de la Dolarización, dijo que si bien el CAL tiene facultad de analizar de manera formal las leyes, también puede rechazar normas que considere inconstitucionales, basado en el artículo 424 y 426 de la Constitución. Desde el Observatorio se considera que hay varios hechos constitucionales en el proyecto que se envió, principalmente la violación al artículo 303 que indica que la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva del Ejecutivo y que será aplicada por el Banco Central.

Pero en el proyecto de ley se permite al BCE las decisiones en el tema monetario, lo cual no sería constitucional. Para Chiriboga, es contrario a las leyes que se quiera nombrar un directorio de privados para el Banco Central, y asegura que por ello se habla de una privatización del Banco Centra (BCE). Para Chiriboga no habría problema en tomar los dineros del BCE para hacer préstamos de liquidez a GAD o banca pública (a Finanzas la ley no lo permite), siempre y cuando se garantice que estos dineros no salgan al exterior.

Santiago Mosquera: Nerviosismo en mercados y caída de precio de bonos por Ley y elecciones

Lo sucedido con la Ley de Defensa de la Dolarización, así como los últimos acontecimientos electorales, han determinado el desplome de los bonos 2040, que pasaron de un 49% el 5 de febrero a un 40,45% a la fecha. Esto representa una caída importante en el precio de estos papeles.

Así lo explicó Santiago Mosquera, director del USFQ Business School, quien dijo que este movimiento que refleja nerviosismo del mercado ha generado que los bonos tengan una rentabilidad al alza: de 10,84% el 5 de febrero a 12,61%, ahora. Esto significa que si Ecuador saliera actualmente a los mercados de deuda, le tocaría pagar tasas más altas a los inversionistas. El tema también repercute en bancos y empresas que quieran financiamiento, pues deben pagar más altas tasas.

Según Mosquera, el rechazo de la ley por parte del CAL significa que quedan ventanas abiertas para que el Ministerio de Economía pueda tomar créditos del Banco Central, es decir, que se sigan utilizando reservas, lo cual es contrario a la dolarización. (I)