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Asamblea Nacional tramita el veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Economía Circular Inclusiva

Esta Ley obliga a los gobiernos autónomos descentralizado a fomentar organizaciones de recicladores en sus territorios

Este 29 de junio, el pleno de la Asamblea Nacional se allanó en 48 objeciones aplicadas por el Ejecutivo al proyecto de Ley de Economía Circular, y se ratificó en cinco. Cortesía

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La Asamblea Nacional tramitó el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Economía Circular Inclusiva que obliga al Estado a reconocer y valorizar el oficio del reciclador de base y su trabajo como parte de la gestión integral de residuos sólidos.

Para ello, la Ley determina que los gobiernos autónomos descentralizados fomentarán la organización de los recicladores de base a través de diferentes mecanismos como asistencia jurídica y técnica, carnetización, registro, entrega de equipos de seguridad y protección personal a las asociaciones legalmente formalizadas.

Los legisladores no aceptaron la objeción realizada por el Presidente de la República donde advertía que para poder reconocer el oficio del reciclador de base, se debería tomar en cuenta el Presupuesto General del Estado y la capacidad económica de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para incluir en nómina a recicladores de base.

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Pero la comisión de Régimen Económico y luego la sala del pleno aclararon que el proyecto aprobado por la Asamblea se refiere a la definición del reciclador de base, que no pretende incluirlo en el rol salarial de ninguna organización del Estado, ni en los gobiernos autónomos descentralizados, ni en la prefectura, sino que se refiere estrictamente a reconocer el oficio del reciclador de base como parte de la gestión integral de los residuos.

El Ejecutivo aplicó 53 objeciones al proyecto de Ley aprobado por el anterior periodo legislativo; de los cuales en 48 la sala fueron acogidos y en 5 se ratificó.

Guillermo Lasso objeta parcialmente 53 artículos de la Ley de Economía Circular Inclusiva

La Ley define las atribuciones y responsabilidades de las entidades, organismos y dependencias públicas en la implementación de principios de ecodiseño, producción y consumo sostenibles, disminuir la generación de residuos, fomentar la gestión integral e inclusiva de residuos y política pública y financiamiento de la economía circular inclusiva como mecanismo de bienestar económico, la creación del empleo, el desarrollo sostenible y disminución de consumo de recursos no renovables.

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El presidente de la comisión de Régimen Económico, Daniel Noboa, destacó que en el veto el Ejecutivo mejora la aplicación de la norma para que éste no sea únicamente enfocado en el tema del reciclaje y la administración de los residuos que constituyen las últimas fases de la economía circular; pues el texto planteado por el Ejecutivo es más integral y pone en marcha las 9R, de la economía circular: repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, re proponer, reciclar y recuperar.

Noboa fue el encargado de plantear a la sala que se allane a 48 objeciones y se ratifique en cinco textos que aprobó inicialmente la Asamblea Nacional, en el anterior periodo. (I)

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