Alza en ciertos aranceles consulares y diplomáticos genera rechazo en migrantes ecuatorianos; exigen derogación del acuerdo ministerial

La expedición del Acuerdo Ministerial 0000036, que establece los nuevos aranceles consulares y diplomáticos, generó rechazo en la comunidad migrante ecuatoriana, que incluso impulsa una recolección de firmas para que la Cancillería desista de la medida.

Como lo están realizando algunos ecuatorianos que viven en Argentina. Ellos se han expresado en redes sociales y crearon una petición virtual, al momento llevan 240 firmantes de 500 que requieren para ser tendencia.

Este descontento es por los incrementos en servicios, que algunos van desde $ 1, $ 5, $ 10, $ 15, y otros de $ 90.

Por ejemplo, el trámite de declaración juramentada pasó de $ 15 a $ 25; la revocatoria de poderes generales y especiales otorgados por personas jurídicas, de $ 200 a $ 225; la protocolización y recibo en custodia de un testamento cerrado, $ 150 a $ 450; el carné de identificación consular, de $ 10 a $ 20: el otorgamiento de testamento abierto y primera copia pasó de $ 100 a $ 540, entre otros.

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El vicecanciller Carlos Velasteguí aseguró que los incrementos son en 20 servicios de 212 disponibles. Y resaltó que más de 144 partidas mantienen su valor, 15 han sido reducidas y hay 33 creadas. De estas 212, 48 son gratuitas como consta en la tabla de los valores.

“No hemos hecho un manejo político, hemos hecho un manejo técnico, profesional con la participación de instituciones (como Consejo de la Judicatura y Registro Civil) y hemos procurado que se brinde esta información a la población para que esté en conocimiento”, mencionó.

Velasteguí explicó que los costos de los actos notariales en el exterior se equipararon con la resolución del Consejo de la Judicatura 010-2015, en la que se determinan las tarifas de estos procesos.

“Se buscó que las tarifas, que están en similitud de condiciones con los servicios que otorgan las oficinas consulares, tengan el mismo valor análogo con relación a dichas tarifas, ese fue el cambio sustantivo puntual”, dijo.

Además, agregó que hay otros servicios que no pueden ser cambiados de valor porque provienen del Registro Civil. “Son valores específicos”, apuntó.

El cobro de estos nuevos valores en todos los consulados se inició el 1 de mayo luego que el Ministerio de Relaciones Exteriores expidiera el nuevo arancel el 15 de abril “en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Movilidad Humana y la Ley de Derechos Consulares, y contando con el informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas”.

Los migrantes ecuatorianos afirman estar conscientes de que el documento se emitió en el gobierno de Lenín Moreno, pero piden a la administración de Guillermo Lasso que revierta la medida.

“Rechazamos completamente estas medidas tomadas por tratarse de una tremenda violación a nuestros derechos. Estamos atravesando esta crisis sanitaria a causa del COVID-19, acompañada de problemas impactantes en la economía de las personas. Aumentos que tienen como consecuencia una limitación al acceso a nuestros correspondientes derechos como migrantes ecuatorianos y que nos abandona a una mayor vulnerabilidad en el extranjero”, resume el pedido.

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La Federación de Personas Ecuatorianas Residentes en el País Vasco (Federek) también se pronunció y ha realizado varias solicitudes a la anterior y actual administración de la Cancillería para que derogue el acuerdo ministerial. Al momento no tiene respuesta.

“A nuestros ya mermados salarios que podemos recibir las personas que están trabajando, con contratos precarios y que un documento pase a valer el triple es inconcebible. Es terrible, cómo nos pueden afectar de esta manera. Pedimos al señor Lasso que derogue el acuerdo ministerial y él tiene el poder (de hacerlo)”, indicó Alicia Quirola, presidenta de Federek.

Quirola también informó de su requerimiento a algunos asambleístas que ya se han pronunciado, como el legislador Gustavo Mateus (UNES), representante de los migrantes en Europa, Asia y Oceanía.

Mateus afirmó que va a analizar si con la medida se están afectando o no derechos.

“Ese alza de arancel es desproporcionada y no cuenta la realidad socioeconómica de la migración, la crisis sanitaria mundial. (...) Seguiremos haciendo fuerza entre todos para llevarlo a la sesión del pleno e insistiremos en exhortar al presidente la derogación de este decreto”, mencionó.

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Y justamente la Asamblea Nacional aprobó el pasado miércoles un exhorto al Gobierno nacional para que derogue todo incremento del arancel consular y diplomático.

Además que se pidió la comparecencia ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana del canciller Mauricio Montalvo para que informe informe de las acciones y medidas tomadas; fue citado para ayer pero se suspendió.

Y también se realizó otro exhorto a la Defensoría del Pueblo para que realice todas las acciones de promoción y protección de derechos relativas a los servicios consulares. (I)