Crisis en Venezuela | Unos 5 millones de venezolanos están fuera de su país

La semana pasada retornaron a Venezuela 86 ciudadanos de ese país que se habían aventurado a buscar una vida mejor en el extranjero. Los repatriados estaban en Guayaquil y regresaron a su tierra gracias al programa gubernamental del gobierno de Nicolás Maduro denominado Vuelta a la patria.

Estos ciudadanos venezolanos llegaron al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas. La agencia Efe detalló que allí fueron recibidos por el viceministro para el Transporte Aéreo y presidente de la aerolínea Conviasa, Ramón Velásquez Araguayán.

El funcionario explicó que más de 400.000 personas han solicitado al Gobierno de Venezuela ser repatriados con el plan. Pero desde que Vuelta a la patria fue puesto en marcha en 2018, solo unos 22.900 venezolanos han regresado mediante ese programa, según el Ministerio Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela.

Y los 86 que el lunes pasado lo hicieron es una ínfima cifra de los millones de venezolanos que han buscado en países vecinos -e incluso en otros más lejanos, como España-, días mejores lejos de un país que sufre por la violencia, la inseguridad, amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, República Dominicana, Italia y España forman parte de los países desde donde han llegado los venezolanos que se han beneficiado del plan gubernamental.

Cifras de retornados:

• Brasil: 7.285
• Perú: 5.023
• Ecuador: 4.252
• Chile: 2.054
• Argentina: 1.156
• Colombia: 764
• Panamá: 552
• República Dominicana: 535
• Italia: 404
• España: 329
• Cuba: 209
• Uruguay: 143
• México: 119
• Trinidad y Tobago: 38
• Bielorrusia: 37
• Martinica: 8
• Bonaire: 6

5,4 millones refugiados y migrantes

ACNUR, la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, detalla que actualmente hay 5,4 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, de los cuales menos de la mitad tienen documentos.

“En los últimos años, países de América Latina y el Caribe se ha enfrentado a una de las mayores crisis humanitarias y éxodos jamás experimentados en la historia de la región”, dijo en diciembre pasado Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para refugiados y migrantes de Venezuela. “Hasta la fecha, más de 5,4 millones refugiados y migrantes de Venezuela están fuera de su país de origen. De ese número, aproximadamente 4,6 millones residen dentro de la región”, agregó.

En Colombia, el país que recibe el mayor número de las personas que huyen de Venezuela, el 55% de los 1,7 millones de migrantes de esa nacionalidad no están regularizados, según la autoridad migratoria.

ACNUR detalla que ha habido un aumento del 8 mil por ciento en el número de venezolanos que solicitaron la condición de refugiado en todo el mundo desde 2014, principalmente en los países americanos. Se agrega que muchos venezolanos que cumplirían con los criterios para ser reconocidos como refugiados no solicitan protección internacional a través de los procedimientos de asilo y, en cambio, optan por otras formas legales de estadía en los países anfitriones, que pueden ser más rápidas de obtener y permiten acceso al trabajo, la educación y los servicios sociales.

Sin embargo, cientos de miles de venezolanos permanecen sin ningún tipo de documentación o permiso para permanecer regularmente en los países cercanos, y por lo tanto carecen de acceso formal a los derechos y servicios básicos. Esto los hace particularmente vulnerables a la explotación laboral y sexual, el tráfico de personas, la violencia, la discriminación y la xenofobia.

La mayoría de los refugiados y migrantes de Venezuela que llegan a los países vecinos son familias con hijos, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. A menudo obligados a tomar rutas irregulares para alcanzar la seguridad, pueden ser víctimas de traficantes, tratantes y grupos armados irregulares.

Refugiados y migrantes de Venezuela: 5,442,611

Diez principales países de destino

• 1. Colombia: 1’717.352
• 2. Perú: 1’043.460
• 3. Chile: 457.324
• 4. Ecuador: 415.835
• 5. EE. UU.: 351.144
• 6. Brasil: 261.441
• 7. Argentina: 179.203
• 8. Panamá: 118.937
• 9. República Dominicana: 114.500
• 10. México: 101.648

Maduro discrepa sobre cifras

Las cifras dadas por ACNUR de migrantes venezolanos no son aceptadas por régimen de Maduro. El mandatario venezolano asegura que apenas 600 mil connacionales han dejado el país en los últimos años y -aparte de su afirmación- no ha dudado en criticar a los países a los que han llegado.

"De la ola de migrantes que se fueron después de la guarimba (protesta violenta) en 2017, 2018, 2019, calcula el Instituto Nacional de Estadística (INE) que eso puede llegar a unos 600.000 venezolanos", estimó Maduro en enero pasado.

El mandatario socialista considera que muchos de los migrantes fueron engañados por las redes sociales al tiempo de asegurar que algunos profesionales venezolanos se encuentran desarrollando trabajos mal pagados. “Muchos de ellos, al llegar a esos países, se dieron cuenta de que la realidad era otra, son países neoliberales, neoesclavistas", dijo Maduro en una intervención.

Denuncias de maltrato a retornados

La ONG Human Rights Watch (HRW) y la Universidad Johns Hopkins emitieron un informe en octubre de 2020, en el que detallaron que 130.000 venezolanos que regresaron a Venezuela se encontraron a su vuelta con tratos abusivos y condiciones precarias de aislamiento por COVID-19.

La pandemia de coronavirus y su impacto socioeconómico, que se ha cebado con poblaciones vulnerables y dependientes de la economía informal, ha acelerado el retorno de migrantes venezolanos. Quienes vuelven se encuentran un panorama complicado, según los testimonios recabados y los documentos analizados por un grupo de expertos.

Estas pruebas demuestran el estigma que el Gobierno de Nicolás Maduro ha impuesto sobre los retornados, a los que ha acusado en reiteradas ocasiones de introducir el virus en Venezuela. Sin embargo, la realidad es otra, según dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco: "los retornados venezolanos están expuestos a un riesgo mayor de COVID-19 en ambos lados de la frontera".

Quienes vuelven a Venezuela deben aislarse en los Puntos de Atención Social Integral (PASI) repartidos en distintas zonas y, aunque las condiciones de todos ellos varían, la mayoría están desbordados y en algunos incluso se han detectado condiciones insalubres, con serias dificultades para el acceso a la atención médica o al agua potable. Las condiciones de algunos de ellos podrían suponer incluso un trato degradante, prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

HRW y la Universidad Johns Hopkins temen que estos centros hayan servido como caldo de cultivo para la expansión del virus y han criticado también que algunas personas sean obligadas a permanecer en ellos más de 14 días a la espera de los resultados de una sucesión de pruebas innecesarias desde un punto de vista de salud pública. La mayoría de los entrevistados pasó más de 20 días en los PASI y dos han contado que estuvieron más de 70 en dos centros distintos de Apure.

Quienes deciden regresar a Venezuela lo hacen en muchos casos en condiciones precarias, después de largos trayectos y sin un estatus que reconozca sus especiales vulnerabilidades. Algunos de los migrantes entrevistados por HRW reconocen que han dormido junto a la carretera y que apenas habían comido, mientras que algunas ONG han constatado casos de desnutrición y deshidratación.

Maduro describió como una “vulgar mentira” el informe de HRW y aseguró que su Gobierno recibe “con amor” a quienes desean regresar a territorio venezolano.

El mandatario criticó a Vivanco, de quien ha dijo que “miente mucho”. Su “único objetivo”, según el mandatario venezolano, consiste en “golpear la revolución bolivariana”. Además, defendió tanto las políticas de aislamiento en los PASI como la sucesión de pruebas a las que son sometidas estas personas y los protocolos de traslado a sus respectivas zonas de origen.

Pandemia y fronteras cerradas

Si el salir de su país y emprender el viaje hacia otros países de por sí ya era un odisea para los venezolanos, la pandemia del COVID-19 complicó la situación aún más.

Con el cierre y otras restricciones tomadas por la mayoría de países para tratar de contener la propagación del virus, cientos de migrantes se quedaron varados o se aventuraron a tomar pasos ilegales en las fronteras.

El paso irregular de migrantes por las frontera llevó al gobierno peruano a militarizar su límite con Ecuador para vigilar hasta 30 pasos fronterizos clandestinos. A fines de enero, a lo largo de la ribera izquierda del río Zarumilla se ubicaron más de 50 vehículos del Ejército peruano entre tanques, carros de combate, vehículos blindados y patrulleros, así como más de 1.200 militares.

El ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, hizo un recorrido en Huaquillas por la situación. Detalló que se coordinó con el alto mando militar de Perú para realizar labores de control ante el incremento del número de extranjeros que cruzan la frontera utilizando pasos ilegales.

Más al sur también se registran problemas. El aumento de migración irregular en el norte de Chile, en la frontera con Bolivia, llevó al límite al sistema sanitario de varias localidades y obligó a las autoridades a desplegar el viernes carpas y hospitales transitorios para atender a centenares de extranjeros.

El contexto de crisis migratoria y saturación que viven desde hace días las localidades de Colchane, una pequeña comuna chilena cercana a la frontera con Bolivia, e Iquique, la ciudad más próxima, llevó a las autoridades locales a solicitar una intervención "urgente" del Gobierno.

Pese a las extremas temperaturas y a la pandemia del COVID-19, el paso fronterizo entre esta pequeña localidad y Pisiga (Bolivia), una zona andina a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, se convirtió en los últimos meses en una ruta para que extranjeros lleguen a Chile de manera irregular.

El desabastecimiento, los enfrentamientos entre autoridades y grupos de migrantes y la crisis sanitaria crearon un clima de tensión en la región, que empeoró el pasado miércoles con el fallecimiento de dos extranjeros de nacionalidades colombiana y venezolana.

Bajo la ley actual, cruzar la frontera no está tipificado como delito en Chile, sin embargo el Gobierno del conservador Sebastián Piñera está apresurando la aprobación de una nueva regulación migratoria bajo la cual sí lo sería, facilitando los procesos de expulsión forzada.

Mientras que para el oficialismo, esta nueva ley sería la vía para enfrentar el fenómeno migratorio, la oposición estima que el endurecimiento de las fronteras es la causa de que migrantes crucen por pasos no habilitados. (I)

DATO

En medio de la pandemia de COVID-19, la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados, junto a más de 150 agencias y oeneges, solicitaron en diciembre $1440 millones para asistir a muchos de los 5,4 millones de venezolanos que han salido de su país.

Se indicó que el plan busca fortalecer aún más las respuestas nacionales y regionales de los gobiernos de acogida mediante el apoyo a las intervenciones de salud, alojamiento, alimentación, agua, saneamiento e higiene, así como el acceso a la educación, la protección y la integración donde se requiere asistencia y experiencia específicas, o donde las propias capacidades de respuesta de los gobiernos se ven desbordadas.